El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, trató de evitar que se filtraran, como finalmente ha ocurrido, los mensajes del equipo jurídico de Podemos. En ellos, la abogada del partido Marta Flor Núñez habló de una supuesta relación de amistad y connivencia con el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa, lo que ha llevado al Ministerio Público a abrirle un expediente de investigación interna.

En dichos mensajes, publicados por El Confidencial, se habló de reuniones con los fiscales para acordar una estrategia conjunta con Podemos -acusación popular en el caso Tándem- para que el robo a finales de 2015 del móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento europeo, Dina Bousselham, la publicación de mensajes contenidos en su interior en el digital Okdiario y la aparición de una copia del volcado del móvil en casa del comisario investigado José Manuel Villarejo se investigaran como una operación de las 'cloacas' de Interior durante el Gobierno de Rajoy para perjudicar a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias. Ése es precisamente el relato de hechos que continúa defendiendo el vicepresidente segundo del Gobierno.

Durante meses, en la pieza de investigación Dina de la Audiencia Nacional se practicaron diligencias en la línea apuntada por el Ministerio Público y Podemos. Cuando Pablo Iglesias fue a declarar ante el juez como perjudicado (marzo de 2019), afirmó que el robo del móvil estuvo dentro de la trama de las 'cloacas policiales' para perjudicar a Podemos, igual que la filtración del falso informe policial PISA (Pablo Iglesias SA) que apuntaba a supuestas cuentas del líder de Podemos en el paraíso fiscal de Granadina y una presunta financiación irregular del partido por parte de Venezuela que fue filtrado a la prensa.

Por aquellas fechas, el juez acordó incorporar a la pieza Dina del caso Tándem un DVD con información de dicho informe PISA encontrado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional a Villarejo en su domicilio. El anterior instructor de la causa, el magistrado Diego de Egea, había acordado pedir a Asuntos Internos buscar entre el material incautado a Villarejo los documentos que tuviera sobre el informe PISA y otros asuntos, como los relativos a Francisco Nicolás Gómez Iglesias (el pequeño Nicolás), según solicitó Podemos.

Meses después, el juez Manuel García-Castellón circunscribió la investigación al robo del móvil de Bousselham y descartó que se investigara dentro de una trama de las 'cloacas'. Tras saber que Pablo Iglesias recibió una copia de la tarjeta de su ex asesora tres meses antes que el propio Villarejo, que la guardó durante casi seis meses sin entregársela y que se la devolvió dañada, así como que Bousselham hizo pantallazos a las conversaciones de miembros de Podemos publicadas en prensa y las compartió con terceros, el juez retiró a Iglesias la condición de perjudicado y reúne indicios para saber si pudo cometer dos delitos de daños informáticos y revelación de secretos por si tiene que solicitar al Tribunal Supremo (ante el que está aforado) que le investigue.

Los cambios del chat de Telegram

Las conversaciones del equipo jurídico de Podemos, en las que Marta Flor Núñez habló en tono jocoso de sus conversaciones con el fiscal Stampa, se compartieron en un chat de Telegram por el que han pasado entre 10 y 12 personas, la mayoría abogados, aunque también representantes de la gerencia y la Secretaría de Organización de Podemos, durante tres años.

En ese grupo, según informan fuentes conocedoras de los hechos a El Independiente, los abogados compartían información sobre estrategia, acciones y demás datos de relevancia no sólo del caso Dina, sino también de otras causas en las que Podemos está personado, también en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

Precisamente la manera en que Flor Núñez habló del fiscal incomodó a parte del equipo, entonces liderado por la abogada Gloria Elizo. Surgió un enfrentamiento y Marta Flor Núñez fue expulsada del equipo jurídico en junio de 2019. Podemos anunció que el diputado canario Alberto Rodríguez sustituiría a Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización del partido. El número dos de la formación comunicó su nombramiento a la responsable de cumplimiento normativo y a los integrantes del equipo legal varios meses después y anunció que él supervisaría el grupo de comunicaciones entre ellos.

Precisamente en esas fechas, otro de los abogados que pertenecía a dicho chat de Telegram, José Manuel Calvente, protagonizó un duro enfrentamiento con Rodríguez a las puertas de su despido. Fue expulsado de Podemos después de recibir una denuncia por acoso sexual y laboral por parte de Marta Flor Núñez, su compañera.

Cuando Calvente fue expulsado, Flor Núñez volvió como abogada de Pablo Iglesias y Dina Bousselham. En un burofax enviado a Rodríguez y publicado por este diario, Calvente advirtió a Rodríguez de la relación de Marta Flor con el fiscal y de que podía poner en peligro la acusación popular de Podemos en el caso porque "anteponía sus intereses personales".

Rodríguez dejó inutilizado el chat jurídico de Podemos cuyos mensajes se han filtrado a la prensa y creó otros pequeños grupos centrados en los casos que llevara cada abogado

Según trasladan fuentes conocedoras a este diario, Rodríguez dejó inutilizado el chat jurídico de Podemos cuyos mensajes se han filtrado a la prensa y creó otros pequeños grupos centrados en los casos que llevara cada abogado en esas fechas. De esta manera, los letrados no podían hablar entre ellos ni compartir información sobre la estrategia legal de Podemos. Una decisión con la que también trataba de evitar lo que finalmente ha ocurrido, que se filtraran conversaciones comprometedoras para el partido a la prensa.

Enfrentamiento entre Calvente y Rodríguez

El 21 de octubre, Rodríguez envió un burofax a José Manuel Calvente que éste interpretó como la "culminación a un proceso de acoso" que terminó con su expulsión de la formación. El secretario de Organización acusaba al letrado de "desobediencia intencional" al partido y negligencia grave al negarse a facilitar la información que le había requerido.

Según Calvente, que ejercía también como delegado de protección de datos, Alberto Rodríguez le había reclamado datos personales y documentos judiciales confidenciales de terceras personas sin tener autorización de sus titulares para ello. El letrado tenía instrucciones de Pablo Iglesias de que ese tipo de información debía permanecer "bajo estricto secreto".

Rebatiendo su acusación de que estaba imposibilitando el desempeño de su labor como secretario de Organización, José Manuel Calvente aprovechó el burofax para recordar a su interlocutor que su responsabilidad sobre el equipo legal no alcanzaba ni la dirección procesal de los asuntos judiciales ni de la asesoría jurídica del partido, dado que ello podría constituir un delito de intrusismo profesional al no ser Alberto Rodríguez un profesional del Derecho. La relación era insostenible.

Calvente entendía que el "hostigamiento" que sufría estaba motivado por la "animadversión" de la gerencia y de la Secretaría de Organización hacia él a raíz de las acusaciones de la letrada Marta Flor Núñez "en venganza" por considerarle responsable de su salida del equipo legal en favor de la abogada Azahara Botella. Y también por no haber aceptado "algunas irregularidades pretendidas y cometidas" en 2019.

"Como última muestra del acoso laboral que estoy sufriendo debo mencionar el contenido de tu burofax, cuyas peticiones suponen exigencias imposibles de cumplir, sin tiempo material para responder y de forma premeditada aprovechando mi baja laboral por enfermedad", contestó.