El fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga el origen de los 64,8 millones de euros depositados en una cuenta suiza a nombre de la Fundación Lucum de la que el Rey emérito, Juan Carlos I, fue principal beneficiario, puede citarle a declarar. El investigador trata de averiguar si el dinero corresponde a una comisión entregada por el rey saudí fallecido, Abdul Aziz Al Saúd, por su mediación para el contrato de ampliación del AVE a la Meca o si fue una donación por su amistad, como sostiene el exjefe de Estado español.

También pretende aclarar si declaró los beneficios anuales de dicha fortuna, investigada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, a las autoridades fiscales españolas. Si no lo hizo, el Rey emérito pudo incurrir en un presunto delito fiscal y puede ser investigado por ello en el Tribunal Supremo, puesto que habría perdido su inviolabilidad como jefe de Estado en junio de 2014, cuando abdicó en nombre de su hijo Felipe VI.

El Rey emérito no podría ser citado a declarar por la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero sí podría requerirle el fiscal suizo Bertossa para su investigación, según trasladan expertos en Derecho Internacional a El Independiente. Los jefes de Estado pierden los privilegios e inmunidad del cargo entre países en el momento que dejan de serlo, según la Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Fasana dice que no hay documentos oficiales

El fiscal suizo Bertossa investiga al gestor de cuentas Arturo Fasana y a su abogado Dante Canonica por la apertura de una cuenta a nombre de la fundación Lucum, con Juan Carlos I como principal beneficiario, en el banco suizo Mirabaud donde se ingresaron los 64,8 millones de euros mencionados en 2008. También por transferir dichos fondos a una cuenta a nombre de la examante del rey emérito, Corinna Larsen, en el paraíso fiscal de Bahamas en 2012.

Bertossa considera que pudieron incurrir en un delito de blanqueo por no "haber tomado todas las medidas necesarias para asegurar que los fondos fueran de origen legal", según el documento donde se recoge la declaración ante el fiscal de Fasana que ha desvelado El Español.

Según dicha declaración, Fasana afirmó que conoció a Juan Carlos I en un almuerzo en 2006 con su primo Álvaro de Orleans, al que el fiscal sospecha que también pudo utilizar como testaferro. Dos años después, según el gestor de fondos, "fui contactado por teléfono por Juan Carlos I. Me explicó que iba a recibir una donación del rey de Arabia Saudí y quería saber cómo proceder".

Más tarde, el gestor se reunió en Washington con el embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos, Abdel Al-Jubei, y le preguntó directamente si el ingreso para el emérito de parte del fallecido rey saudí era un obsequio a cambio de alguna gestión diplomática. Según Fasana, éste contestó: "No, es un puro regalo a su hermano". El experto fiscalista aseguró durante su declaración que no hay ningún documento oficial que acredite la donación saudí.

El propio Juan Carlos I, según ha publicado El Confidencial, firmó un documento en el año 2011 en el que se reconocía como principal beneficiario, y a su hijo Felipe VI como segundo, de la cuenta suiza donde recibió la donación saudí. Allí habría rubricado que tendría plenos derechos para "disponer libremente, durante su vida, de los activos de la fundación sin limitación ninguna". Sin embargo, más tarde reintegró los fondos en la cuenta de Corinna Larsen. Ella sostiene que fue "por gratitud, por amor, no para deshacerse del dinero".

El fiscal Bertossa ya ha tomado declaración durante su investigación a Fasana, a Canonica, a Larsen, a Álvaro de Orleans e incluso al presidente del banco Mirabaud en aquel momento, Yves Mirabaud, como testigo. También podría citar a declarar a Juan Carlos I.

Según los expertos consultados, el Derecho Internacional no impide que países distintos a España abran una investigación al Rey emérito puesto que ya no es jefe de Estado. El Convenio de Viena de 1961 establece sobre los cargos diplomáticos que sus privilegios e inmunidad "no se extenderán a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones" y que las inmunidades de los jefes de Estado (inmunae personae) culminan con el mandato, según el Derecho Internacional.