Un juzgado de Madrid ha decretado este viernes el ingreso en la cárcel de los dos oficiales de la Guardia Civil que fueron detenidos el pasado miércoles por su presunta implicación en una trama de amaños en los contratos de los uniformes del Cuerpo. Los dos arrestados podrán seguir en libertad si depositan una fianza de 50.000 euros cada uno.
Según ha podido confirmar El Independiente, el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid -en funciones de guardia- ha decretado prisión preventiva para el coronel Juan Antonio Maroto y al teniente coronel Alberto Martín Altube, responsables del Servicio de Contratación del instituto armado. En caso de que depositen la caución, se les impondrá como medidas cautelares la obligación de acudir al juzgado cada quince días, salir del territorio español y la retirada del pasaporte.
Fuentes jurídicas han confirmado que a los dos oficiales se les imputa la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada Operación Grapa. Los otros cinco arrestados en la redada llevada a cabo esta semana han quedado en libertad.
Las pesquisas de los investigadores se centran en el presunto amaño de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil, donde un grupo de funcionarios presuntamente habría actuado en connivencia con empresas que resultaban beneficiarias de adjudicaciones de diversos contratos, entre ellos de uniformes. Las actuaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción 50 de Madrid, están declaradas secretas.
Como informó Abc, entre los cinco detenidos esta semana se encuentran directivos de dos de las empresas que suministran uniformidad al Cuerpo, concretamente uno de El Corte Inglés y otro de la empresa sevillana Iturri. Las investigación ha puesto de manifiesto la connivencia de funcionarios con empresas suministradoras, que se verían beneficiadas por los amaños.
Expedientes de contratación
La operación, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, se ha desarrollado fundamentalmente en la Comunidad de Madrid y ha revelado la manipulación de un gran número de expedientes de contratación, entre ellos de suministros de prendas y artículos de uniformidad.
Las pesquisas, que ha llevado a cabo la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción 50 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción, está relacionada con la desarrollada en 2017, cuando fueron detenidas 14 personas -funcionarios en su mayor parte- por amañar contratos públicos tanto en la Dirección General de la Policía como en la Dirección General de Tráfico (DGT).
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