Una vez pasen las elecciones autonómicas gallegas y vascas del próximo domingo comenzará a correr el reloj de la mesa bilateral con la Generalitat que Gobierno y ERC acordaron se reuniera este mes de julio. Pero los republicanos independentistas llegan con otra exigencia que choca con el deseo declarado de Pedro Sánchez de darle un perfil bajo: quiere que ésta vuelva a ser una reunión de presidentes y vicepresidentes por entender que “hay que volver al punto de partida”.

La crisis del coronavirus, el confinamiento de la población y los sucesivos decretos de estado de alarma ha impedido a la mesa bilateral -la mayor concesión que hizo Sánchez para asegurarse la investidura con la abstención de ERC- “coger ritmo”, afirman en ERC. Por lo tanto, "para poder avanzar en el orden del día" es necesario, a su juicio, una reunión del más alto nivel y no de la comisión delegada que se acordó y no echó a andar por la crisis de la pandemia.

Esta posición dista mucho de la que el propio Sánchez defendió recientemente en una conversación con periodistas camino de Mauritania para participar en una cumbre de países del Sahel. Allí confirmó su disponibilidad a convocar de nuevo la mesa bilateral, pero sin su presencia ni la de Torra, tampoco la de los vicepresidentes, para darle un carácter más técnico que político. Lo cierto es que tras la primera cita, el 26 de febrero pasado, se acordó que los presidentes y vicepresidentes de los respectivos gobiernos sólo volverían a participar de ese diálogo para "ratificar acuerdos políticos, salvo que alguna de las partes decida otra composición" y que, a partir de ese momento, era una comisión delegada la que llevaría el peso de la interlocución.

Asumen en el ERC que el Covid-19 "ha cambiado las prioridades del Gobierno y la situación económica", pero no debe dar al traste con un instrumento de diálogo que, en su primer encuentro "sirvió para hablar de todo y con mucha franqueza, eso fue lo positivo", según fuentes asistentes a la misma, que destacan "un punto de empatía" entre ambas delegaciones. Esta vez el escenario sería Barcelona, aunque lo cierto es que los nuevos repuntes de coronavirus en este territorio añaden otro elemento de incertidumbre.

Acusaciones mutuas

Hasta ahora Gobierno y ERC se han culpado mutuamente de la imposibilidad de encontrar una fecha a principios de este mes. Desde Moncloa porque subrayan que los socios de gobierno de la Generalitat "tienen que ponerse primero de acuerdo entre ellos"; los segundos porque han visto cierta tibieza y arrastrar de pies en el PSOE, reticente sobre todo a que la campaña electoral gallega se "contaminase" con el debate político catalán. No dejan de tener razón ni unos ni otros.

ERC admite que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "no cree en este instrumento", pero, también "que resulta muy difícil decir no al diálogo" y negarse a una nueva cita, todavía por concretar. Pero de fondo hay dos asuntos que pervierten esta vía: las elecciones catalanas y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Que Torra dé al traste con la mesa bilateral dependerá de las instrucciones de Carles Puigdemont al respecto y en la medida en que determine que eso puede perjudicar a sus opciones electorales. El huido a Waterloo acaricia la intención de volver a encabezar una candidatura a la presidencia de la Generalitat aunque sea a efectos simbólicos siempre y cuando considere garantizado su triunfo sobre ERC. Es cierto que para los de Oriol Junqueras puede ser presentado como un mérito su capacidad de sentar al Gobierno central, pero para ello deberá cobrarse alguna pieza que mostrar a su electorado.

La negociación presupuestaria "avanza en paralelo y las cuentas de 2021 serán muy complicadas". Si además, eso se mezcla con el escenario electoral catalán "todo es mucho más difícil" y Sánchez es consciente de las dificultades de ERC en esas circunstancias, de ahí su acercamiento a Ciudadanos.

Los republicanos manejan principios de octubre como la fecha más probable para la convocatoria electoral, momento en el cual ya estaría despejado el horizonte penal de Torra, condenado por el TSJC de Cataluña tras negarse a quitar los lazos amarillos de los edificios oficiales en la última campaña de las elecciones generales. Después de recurrir al Supremo, el alto tribunal celebrará una vista el 17 de septiembre, determinante para el hombre de paja de Puigdemont en la Generalitat.

La única vía para que los 13 diputados de ERC no entorpezcan unas cuentas de las que depende la continuidad de Sánchez en el poder pasa porque el presidente del Gobierno "se siente a negociar y deje de jugar al corto plazo" y, a cambio, "haga gestos económicos, pero también, políticos". Eso supone "decirnos qué propuesta tiene para esa parte de Cataluña que quiere la independencia", dicen un alto dirigente de ERC en conversación con El Independiente.