La Dirección General de la Policía ha despachado su respuesta a los recursos de alzada interpuestos por los opositores que quedaron apeados del último proceso selectivo reafirmándose en la legalidad de la fijación de una nota de corte superior al 5 en la prueba de ortografía después de la celebración del examen y guardando silencio sobre las tres palabras de uso común que el tribunal calificó como incorrectas por no figurar en el diccionario de la Real Academia Española (RAE): ciberataque, LGTBI y reditar.

El Cuerpo que dirige Francisco Pardo Piqueras ha empezado a contestar las impugnaciones con las que cientos de aspirantes trataban de que la institución diera marcha atrás a la decisión de establecer una nota de 6,20 en la prueba de ortografía una vez celebrada ésta y de que se dieran por buenas los tres citados términos, cuyo uso la propia RAE considera correcto. Ello motivó que varios miles de opositores no pudieran pasar a la siguiente fase.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso El Independiente, la Dirección General de la Policía respalda las decisiones adoptadas por el tribunal calificador y aboca a los aspirantes a recurrir en el orden contencioso-administrativo. Se calcula que unos 1.000 opositores podrían acudir finalmente a los tribunales, después de que su impugnación no haya prosperado en la vía administrativa.

Las bases reguladoras de este proceso selectivo se limitaban a señalar que la calificación en el test ortográfico sería la de "apto" o "no apto", sin fijar una nota final concreta. A diferencia de lo que la Dirección General de la Policía sí hizo en la convocatoria de 2012, no se advirtió de antemano en esta ocasión que el tribunal fijaría "la puntuación mínima necesaria" para superarlo.

Invocando la doctrina del Tribunal Supremo, los opositores defendían que la nota de corte se debería haber fijado y comunicado "con anterioridad a la realización de la prueba" en cumplimiento de los principios de publicidad, legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, transparencia, certeza en la actuación administrativa y motivación.

Lejos de acoger este argumento, la Dirección General de la Policía mantiene que el tribunal calificador "ha actuado en todo momento con absoluto respeto" a las bases y considera que los recurrentes han realizado una lectura errónea de las mismas al interpretar que se obtendría el pase a la siguiente fase si se obtenía en el test ortográfico 50 puntos, listón mínimo previsto de forma expresa para la prueba de conocimientos.

Pardo Piqueras guarda silencio sobre las tres palabras de uso común que se calificaron como incorrectas

"Se ha cumplido de manera rigurosa con el principio de publicidad de las bases de convocatoria, conocidos por todos, y con el de transparencia en todas las actuaciones del tribunal, el cual ha velado por la imparcialidad y la profesionalidad de sus miembros, quienes han actuado con total independencia, objetividad y discrecionalidad técnica para la consecución de una selección adecuada", razona Pardo Piqueras.

La Policía tampoco aprecia que tenga encaje en los supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la nulidad solicitada ni que la resolución impugnada adolezca de falta de motivación, otros de los motivos alegados. También rechaza la suspensión de manera cautelar del acuerdo adoptado por el tribunal calificador, como también demandaban los opositores que han recurrido.

A lo que no dedica una sola palabra la respuesta de Pardo Piqueras es a la inclusión en el test ortográfico de las polémicas palabras ciberataque, LGTBI y reditar. Las tres fueron corregidas como erróneas, dado que se trata de tres voces que no figuran en el Diccionario de la Academia de la Lengua. A petición de algunos de los opositores, la RAE ha contestado que su uso es correcto.

Principio de buena fe

Así, la institución considera que ‘ciberataque’ es un término válido formado por dos elementos -el prefijo ‘ciber’ y el sustantivo ‘ataque’- que por separado sí fugaran en el diccionario. La utilización de ‘ciber’ sin guión con otros palabras también origina términos como ‘ciberdelito’ o ‘cibernauta’ que, aunque no cuenten con entrada propia en el libro, "no quiere decir que no existan o no sean correctos".

También es correcto el término ‘LGTBI’. El tribunal, sin embargo, lo tildó de erróneo a pesar de que se utiliza desde la década de los 90 para referirse a los colectivos de ‘lesbianas, gais, transgéneros o transexuales, bisexuales e intersexuales’. La RAE explica que su diccionario solo recoge un número limitado de siglas. Además, ‘LGTBI’ sí figura en el Diccionario del español jurídico, elaborado por la RAE en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Desconocemos los motivos por los que no se ha dado respuesta a uno de los motivos de impugnación incluidos de forma expresa en los recursos", señala Ángel Galindo, uno de los abogados que está asesorando a los opositores. En su opinión, esta forma de actuar de la Dirección General de la Policía "vulnera" el principio de buena fe y de confianza legítima de la Administración con los administrados.

Como informó este diario, 35.650 personas presentaron en plazo la instancia para poder presentarse a las pruebas que les permitiera conseguir una de las 2.506 plazas convocadas este año para la escala básica (categoría de policía). De los inscritos, exactamente 10.048 no llegaron a presentarse a la primera prueba: la de aptitud física.

Examen físico

Sólo 16.996 de los 25.650 opositores que se presentaron al examen físico lograron la nota mínima para superar la prueba. Expresado de otra forma, 8.607 aspirantes no demostraron tener la condición que se considera necesaria para poder ejercer como policía una vez completada su formación téorico-práctica.

De los 16.996 opositores que seguían en liza, el examen de conocimientos -un cuestionario de 100 preguntas extraídas de 41 temas que abarcan materias diversas- lo aprobó menos de la mitad: sólo 8.139 consiguieron al menos el 5 exigido en la convocatoria. La criba se acentuó con la prueba en la que se evaluó la capacidad ortográfica, al quedar apeados de la siguiente fase 4.123 aspirantes.