La Síndica de Greuges de Lleida, Adoración Padial, presentó una queja contra la Generalitat de Cataluña después de decretar el confinamiento perimetral de la comarca - no el confinamiento domiciliario que Quim Torra quiere imponer por medio de un decreto ley- al considerar que no estuvo suficientemente justificado y que el Govern pudo tomar otras medidas alternativas que dañaran menos la economía de la zona y no limitaran los derechos fundamentales de los ciudadanos.

"Aún aceptando que nos encontramos en un estado de pandemia como en el resto del mundo, no entendemos la drástica medida aplicada por el Gover: el confinamiento perimetral de nuestra comarca, que ha generado largas colas cada día para acceder a la ciudad de Lleida y que entre otras consecuencias inmediatas ha afectado de manera muy negativa a nuestra comarca, nuestros servicios y nuestra ciudadanía", se quejó la representante de la ciudadanía a las autoridades en un escrito del 8 de julio.

¿Por qué no se ha limitado a otras medidas?

La síndica reprochó que la limitación de un derecho fundamental como es el de circulación debería haber estado fundamentado en una verdadera urgencia sanitaria basada en los criterios de activación del plan de actuación del Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT), que requiere que haya riesgo de "colapso del sistema sanitario" entre más de 700 habitantes por cada 100.000.

La Defensora del Pueblo ilerdense consideró que la decisión del Govern ni estuvo justificada ni fue proporcionada y reprochó a la Generalitat que "no ha justificado por qué no se ha limitado a aplicar otras medidas menos restrictivas para evitar el contagio e igualmente efectivas pero que no pongan en riesgo la economía leridana muy tocada después del confinamiento motivado por el estado de alarma. En cambio, ha resuelto otras medidas cuestionables, como por ejemplo las que limitan la actividad de los trabajadores agrícolas y sus convivientes", denunció.

Consideró que "la falta de idoneidad es evidente sobre todo cuando no va acompañada de otras medidas urgentes como el reforzamiento del sistema sanitario de nuestra ciudad". De ahí que solicitara al Síndic de Greuges de Cataluña que obligara a la Generalitat a justificar la decisión que vulnera el derecho fundamental de circulación; pidió a la Generalitat que refuerce urgentemente la sanidad pública del Segrià y que se inyecte una línea directa de ayudas que "garantice que nuestro tejido empresarial y social no se verá todavía más afectado de lo que ya está tal y como se hizo a la Conca d'Odena".