Los dos oficiales de la Guardia Civil detenidos la pasada semana por su presunta implicación en una trama de amaño de procedimientos de contratación en el Cuerpo han salido de prisión tras depositar cada uno la fianza de 50.000 euros que le impuso el juzgado el viernes. Los dos mandos tendrán que comparecer cada dos semanas, no podrán abandonar el país y se les ha retirado los pasaportes.

Según han confirmado a El Independiente fuentes penitenciarias, el teniente coronel Alberto Martín Altube abandonó la cárcel este lunes y al día siguiente lo hizo el coronel Juan Antonio Maroto Gil, jefe del Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil.

Las fuentes dijeron que los dos oficiales ingresaron el viernes en el centro penitenciario de Estremera (Madrid), que cuenta con un módulo reservado para los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de la misma prisión en la que se encuentra José Manuel Villarejo desde el 5 de noviembre de 2017, dos días después de ser detenido en el marco de la Operación Tándem.

Dirigida por el Juzgado de Instrucción 50 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción, las pesquisas que se han desarrollado en secreto durante meses han logrado desmantelar una presunta trama de amaño en contrataciones de prendas de uniformidad de la Guardia Civil, en la que varios funcionarios favorecían presuntamente a empresas licitadoras a cambio de dádivas. A los detenidos en la denominada Operación Grapa se les investiga por la supuesta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.

AUGC pide la personación en el caso

En paralelo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado este martes que ha solicitado su personación como acusación popular en la causa, que permanece de momento secreta. Es la primera asociación profesional que muestra su interés por ser parte en este procedimiento.

La AUGC, mayoritaria en el Cuerpo, recuerda que entre sus fines asociativos se encuentra ejercer la acción popular ante los tribunales de justicia, especialmente en casos de corrupción que "directa o indirectamente hayan o puedan haber perjudicado la imagen del Cuerpo de la Guardia Civil".

En este sentido, la asociación está convencida de que la investigación judicial permitirá conocer si la actividad de la trama "influyó y de qué manera en la situación de desabastecimiento y desamparo en la que han estado miles de guarida civiles durante el estado de alarma", tras trascender que se amañó un procedimiento para la adjudicación de un lote de mascarillas FFP2 por importe de 1,5 millones.

La pasada semana, esta asociación ha relacionado las presuntas irregularidades que se investigan en la adjudicación de contratos de vestuario con la "pésima calidad de los uniformes" en los últimos años. "Unas prendas muy deficientes en sus materiales y confección, de muy rápido deterioro y absolutamente inadecuadas para soportar los rigores invernales y las altas temperaturas del verano, en las respectivas uniformidades de ambas estaciones", denunció.