¿Bajo qué criterio se cedió un despacho municipal a Oriol Junqueras mientras cumplía condena por sedición en la prisión de Lledoners? Esta es la pregunta que se ha hecho la diputada del PP Llanos de Luna, y que le traslada a la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, a la que ha reclamado indagar si esa cesión de espacios municipales estaba justificada y bajo qué criterios. En cuestión, la posible malversación de recursos públicos, que ya sirvió para obligar a devolver cuotas de la AMI a varios ayuntamientos.
Cuando el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus se relajó en los centros penitenciarios, todos los condenados por el 1-O reclamaron volver a las salidas para trabajar amparados en el artículo 100.2, aprobado por la juez de vigilancia penitenciaria.
La recuperación de las salidas, sin embargo, no fue posible en el caso de Junqueras, porque en su caso el permiso penitenciario para trabajar se concedió en base a un contrato con la Universidad de Manresa, cuyas instalaciones seguían cerradas por el coronavirus. En este contexto, se anunció una ampliación de su contrato para que el ex vicepresidente catalán trabajara en el archivo del Monasterio de Poblet.
Sin embargo, la Fundación Universitaria del Bages, de la que depende la Universidad de Manresa, empezó a pedir a las instituciones de la comarca en la que se encuentra en centro penitenciario de Lledoners -donde Junqueras y el resto de los condenados por el procés se encontraban recluidos- un espacio desde el que el líder de ERC pudiera trabajar.
Y la solución la ofreció el alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, también militante de Esquerra, que ofreció un espacio municipal, a 16 km del centro penitenciario. La Fundación Universitaria solicitó el correspondiente permiso a la juez de vigilancia penitenciaria, que autorizó las salidas.
En declaraciones a Nació Digital el propio alcalde reconoció el uso de un espacio municipal, aunque aclaró que "trabaja desde unas dependencias adyacentes, en el centro de mayores". Oriol Junqueras "no se esconde", añadió Hernández, "come en el restaurante del pueblo sin problemas, pero no lo habíamos hecho público para que pueda trabajar discretamente y sin problemas".
Uso particular de estancias municipales
Lo que no que no aclaró Hernández es bajo que criterio se realiza esa cesión de espacios públicos para un uso particular, "máxime cuando se trata de un condenado por delitos como la sedición", apunta De Luna. "Es un uso particular que el Ayuntamiento no debe permitir, no es un destino de interés general".
La diputada ha trasladado esta cuestión a la Delegada, con tres preguntas parlamentarias en las que requiere a Cunillera "qué acciones ha emprendido ante el uso fraudulento de una instalación pública", así comosaber si se ha solicitado informe a la Abogacía del Estado y, en caso de que no haya sido así, cómo justifica el hecho de no haber emprendido ninguna acción legal al respecto.
Los precedentes de Vic y Puigdemont
El requerimiento de Llanos de Luna cuenta con varios precedentes en Cataluña de uso ilícito de recursos municipales, algunos de ellos recurridos por la propia diputada cuando ocupaba la Delegación del Gobierno. Es el caso de la denuncia contra Carles Puigdemont, cuando este ocupaba la alcaldía de Girona. Puigdemont aprovechó la infraestructura municipal para fletar dos trenes para la manifestación de la Diada de 2013. Una iniciativa que fue recurrida desde la Delegación y la justicia obligó a descartar.
Un año después, la justicia volvió a estimar una denuncia de la Delegación del Gobierno contra el Ayuntamiento de Vic, que obligó al consistorio a devolver las cuotas de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Recursos que posteriormente se han aceptado también contra las cuotas pagadas por otros consistorios como Girona, Reus o Sant Cugat del Vallés.
¿Bajo qué criterio se cedió un despacho municipal a Oriol Junqueras mientras cumplía condena por sedición en la prisión de Lledoners? Esta es la pregunta que se ha hecho la diputada del PP Llanos de Luna, y que le traslada a la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, a la que ha reclamado indagar si esa cesión de espacios municipales estaba justificada y bajo qué criterios. En cuestión, la posible malversación de recursos públicos, que ya sirvió para obligar a devolver cuotas de la AMI a varios ayuntamientos.