El Ministerio del Interior tendrá que pagar unos 7,5 millones de euros en atrasos a los 15.000 policías que prestan servicio en turno rotarios después de que el Tribunal Supremo haya reconocido el derecho de los agentes a percibir esta remuneración complementaria -de 120 euros al año- también durante el mes de vacaciones.

En una sentencia fechada este martes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal desestima el recurso de la Abogacía del Estado y confirma el fallo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó el 8 de febrero de 2019. El ponente ha sido Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el magistrado que resolvió el recurso para la exhumación de los restos de Franco.

La sentencia del Supremo pone fin a la batalla que durante los últimos casi cuatro años ha venido librado la Unión Federal de Policía (UFP) -uno de los cinco sindicatos con representación en el Consejo de Policía- contra el informe por el que el Área de Retribuciones de la División de Personal consideró el 30 de septiembre de 2016 que los funcionarios no tenían derecho a cobrar dicha compensación durante su mes de vacaciones.

Lejos de aceptar los argumentos de la Administración, el Tribunal Supremo concluye que la compensación por el trabajo a turnos "no puede calificarse como una gratificación", sino que es una "retribución complementaria" a la que los agentes también tienen derecho durante sus vacaciones anuales retribuidas.

"[El complemento] no constituye una contraprestación por la prestación de servicios extraordinarios, de carácter eventual, o ajenos a la prestación ordinaria de los servicios propios de la Policía. Se trata, por el contrario, de una retribución ordinaria por los servicios que se prestan regularmente, de forma habitual, por aquéllos que realizan ese trabajo en la forma de 'turnos rotatorios completos', los cuales perciben el correspondiente complemento todos los meses, periódicamente, salvo el de vacaciones, en el que no se realizan turnos, sencillamente porque no se realiza ninguna prestación", detalla la Sala.

15.000 funcionarios

En declaraciones a este diario, el portavoz de la UFP, José María Benito, ha calificado de "logro histórico" el reconocimiento de la Justicia al cobro de este complemento, del que se beneficiarán unos 15.000 funcionarios. Según el sindicalista, el fallo obligará a la Policía a desembolsar unos 7,5 millones de euros.

Se trata de la segunda sentencia sobre este asunto del alto tribunal, ya que el pasado mes de diciembre también desestimó otro recurso de la Abogacía del Estado, en este caso ante una demanda del Sindicato Unificado de la Policía (SUP). De ese fallo sólo se benefició el recurrente. El que se ha dictado ahora alcanza a todo el colectivo.

La UFP calcula que el montante que deberá de afrontar la Dirección General de la Policía será de 7,5 millones de euros, en atrasos desde el año 2016, y reclama su aplicación inmediata.