El despido de José Manuel Calvente a finales del pasado año como abogado y responsable de Protección de Datos de Podemos puede terminar propiciando la apertura de una investigación penal por presuntas irregularidades en la gestión económica del partido que lidera Pablo Iglesias, hoy vicepresidente segundo en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Como ha informado El Confidencial, el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid ha abierto diligencias a raíz de la denuncia que Calvente interpuso ante la Guardia Civil el pasado mes de diciembre tras su despido, atribuido por la formación política al supuesto acoso laboral y sexual que habría ejercido sobre la letrada Marta Flor Núñez. Según la calificación inicial, los hechos podrían ser constitutivos de malversación de caudales públicos y administración desleal.

El procedimiento se encuentra en una fase muy incipiente. El juez Juan José Escalonilla ha llamado a José Manuel Calvente el próximo 29 de julio para que se ratifique en la denuncia y ha citado a comparecer como testigos en septiembre a Mónica Carmona -abogada del partido que también fue despedida- y a Gloria Elizo, antigua responsable del equipo legal de Podemos y hoy vicepresidenta tercera del Congreso.

Lejos de la versión que mantiene la formación liderada por Iglesias, Calvente defiende que su despido obedece a la investigación interna que llevaba a cabo -junto a Mónica Carmona- tras descubrir que algunos dirigentes cobraban en nómina un extra mensual de 600 euros (denominados "complementos de coordinación") no previstos en la tabla oficial de Podemos y una cantidad fija de supuestos gastos de viajes con la que se camuflaría supuestamente un pago en especie.

El letrado también apreció anomalías en las "donaciones de excedentes de salario" por parte de algunos cargos públicos y el fraccionamiento de contratos para beneficiar -entre otras- a una empresa controlada por Rafael Mayoral, diputado y miembro del Consejo Ciudadano del partido.

La "falsa" licitación de la obra de la sede

Las supuestas irregularidades alcanzaban también a la licitación de la obra de reforma de la sede principal de Podemos en Madrid, como puso de manifiesto Calvente en el burofax que le envió al secretario de Organización (Alberto Rodríguez) el 23 de octubre de 2019. Según el abogado, la gerente de Podemos había realizado "graves interferencias" en su trabajo por "pretender lanzar con prisas la web de licitaciones sin avisos legales para ocultar la falsa licitación de las obras de la sede". En concreto, los trabajos se anunciaron por 649.936,68 euros y se terminaron adjudicando por 1.361.055 euros (un 109 % más), sin que se haya aclarado el motivo del desfase.

Éstas y otras supuestas irregularidades las detalla Calvente en la denuncia que hace siete meses interpuso ante la Guardia Civil, que ya ha remitido un atestado al juzgado de Madrid al que ha correspondido su tramitación. La incoación de estas diligencias previas ha coincidido en el tiempo con la petición de archivo formulada por la Fiscalía de Madrid -como ha informado El Mundo- de la querella interpuesta por Marta Flor Núñez contra José Manuel Calvente, al considerar que no se ha acreditado el supuesto acoso laboral y sexual denunciados.

Un juzgado abre diligencias tras las irregularidades en la gestión económica denunciadas por Calvente

Se trata de un nuevo frente judicial que se abre para el partido que lidera Pablo Iglesias, al que la investigación abierta por la Audiencia Nacional para aclarar qué hacía un volcado de la tarjeta SIM de su ex asesora Dina Bousselham en la vivienda del comisario hoy preso José Manuel Villarejo puede volvérsele como un bumerán.

El juez que instruye esta pieza separada del caso Tándem podría elevar próximamente una exposición razonada al Supremo para que investigue a Iglesias -aforado ante el alto tribunal por su condición de diputado- como posible autor de delitos de daños informáticos y revelación de secretos en relación con la tarjeta SIM de su antigua colaboradora y que el hoy vicepresidente del Gobierno ha reconocido que mantuvo en su poder durante meses.

La decisión del magistrado García-Castellón dependerá en gran medida del resultado que arroje la comisión rogatoria que ha enviado al Reino Unido, al objeto de que una empresa de Gales analice el estado de la tarjeta y aporte información acerca de si pudo destruirse en el periodo que fue desde que el líder del partido la recibió de periodistas de Interviú y la entregó nuevamente a su propietaria.

De momento, el instructor ha expulsado a Iglesias del procedimiento y rechaza que sea perjudicado, condición procesal con la que declaró en vísperas de que arrancara la campaña electoral del 20-A. El fundador de Podemos atribuía el caso Dina a una actuación ilícita del comisario jubilado José Manuel Villarejo, después de que en el registro de su vivienda apareciera un volcado de la tarjeta móvil de Bousselham. Esa teoría se ha ido debilitando tras conocerse que la ex asesora compartió los pantallazos de su teléfono antes de que Okdiario comenzara a publicarlos.

La causa tiene otra derivada que también se está investigando: la presunta información reservada que los fiscales asignados al caso filtraron a Podemos. En el burofax enviado a Alberto Rodríguez el 23 de octubre de 2019, José Manuel Calvente también puso en conocimiento de la dirección de la formación las presuntas "relaciones íntimas" entre uno de los fiscales y la abogada del partido Marta Flor Núñez. Y advertía de que la situación podían perjudicar la investigación sobre el robo del móvil de Dina Bousselham.

Mientras avanzan estas pesquisas, nuevas revelaciones periodísticas avivan las sospechas de la relación de Podemos con el régimen iraní. El Mundo ha informado de que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) dio tres avisos entre 2013 y 2018 acerca de las transferencias realizadas desde Teherán a favor de la productora (360 Global Media) de la que cobraba Iglesias por presentar programas televisivos.