Decir que éste ha sido un curso político atípico sería quedarse muy corto. El Congreso celebra este miércoles la última sesión de control al Gobierno y, a expensas de que se concrete la fecha para la celebración del pleno extraordinario que solicitó ayer el propio Pedro Sánchez para explicar el acuerdo sobre el fondo de recuperación europeo, el Parlamento baja la persiana ante el receso estival hasta septiembre con una larga lista de tareas pendientes que tendrán que esperar a que comience el próximo curso.

Para empezar, el Congreso echa el cierre sin lograr el que se entendía como su principal cometido desde que la pandemia trastocó de arriba a abajo todas las agendas políticas: sacar adelante un acuerdo impulsado por todas las fuerzas para la reconstrucción económica y social de España con el objetivo de paliar el duro golpe de la emergencia sanitaria. Pero nada más lejos de la realidad.

Este miércoles el foro de reconstrucción asiste a su juicio final. En el mejor de los casos, el PP votará a favor de dos de los cuatro dictámentes (el de Unión Europea y el de Sanidad) y el Gobierno logrará salvarlos con una amplia mayoría, pero aún lejos del consenso. Sin embargo, las otras dos patas que sostienen la reconstrucción en España (Economía y Políticas Sociales) están prácticamente condenadas al fracaso, sobre todo si Vox reaparece en la Cámara -abandonó la Comisión por considerarla una vía para la "exculpación" de la "gestión criminal" del Gobierno durante la pandemia- y sus 52 diputados votan en contra de ambos documentos, por lo que ganarían los 'noes' frente a los 'síes' y todas las propuestas quedarían en papel mojado.

Si hay un hito pendiente para el nuevo curso ese será, sin duda, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de los que no sólo depende la propia legislatura del tándem Sánchez-Iglesias, sino la fotografía de unión o de división que se venderá a Europa una vez se ha aprobado el histórico fondo de reconstrucción comunitario con un generoso préstamo a España. Y el acuerdo para la reconstrucción cojeando de muchas patas no sienta precisamente un buen precedente.

El impacto del Covid-19 en España ha arrasado con toda previsión sobre los objetivos de déficit del Gobierno pese a lograr su aprobación a principios de año tanto en el Congreso como en el Senado. Pero ese marco ha pasado en cuestión de meses a ser ciencia ficción.

Como primer paso a la tramitación de las cuentas públicas, el Ejecutivo deberá presentar otro techo de gasto acorde con los tiempos económicos que corren, una vez conocida la cuantía exacta que recibirá España del fondo europeo, tanto en ayudas directas como en préstamos. Y ello traerá el primer escollo del nuevo curso: lograr el visto bueno de las Cortes.

La vida parlamentaria queda momentáneamente paralizada además cuando la segunda ola del Covid-19 avanza sin descanso por prácticamente toda la geografía nacional, mientras el escudo jurídico del Gobierno para limitar la movilidad con garantías hace agua. Son las autonomías las que tienen ahora las competencias para confinar o no a la población, pero los vacíos legales en la legislación vigente provoca episodios como el vivido en Cataluña hace pocos días, cuando el dictamen de Torra para decretar el confinamiento debía pasar primero por el filtro de un juez, ya que supone la merma de derechos fundamentales.

Desde la oposición se ha venido reclamando al Ejecutivo un refuerzo de la cobertura legal de limitación de movilidad, instando para ello al Gobierno a hacerlo a través de una ley orgánica para modificar la de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986 por la vía de urgencia. Ahora, aunque Sánchez accediese dada la multiplicación de casos, su tramitación también tendría que esperar al menos hasta septiembre.

También quedan pendientes las peticiones para la apertura de comisiones de investigación para asuntos que podrían terminar cayendo en el cajón del olvido. El 'caso Dina', las 'cloacas' del Estado o el futuro de la monarquía han sido cuestiones capitales en las últimas semanas, tanto que partidos de diferente signo han registrado peticiones para celebrar sendas comisiones de investigación o solicitudes de comparecencia... que o no se celebrarán, o terminarán dilatándose. Quizá demasiado.

Consciente de ello, el PP sin ir más lejos pidió este mismo martes por segundo vez la reunión de la Diputación Permanente -que sustituye al Pleno en períodos extraordinarios- para forzar un debate sobre el caso del robo de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham por el que se investiga al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias y optar a la comparecencia extraordinaria del dirigente de Podemos si así lo dictamina el citado órgano.

Por la vía ordinaria, el PP también había solicitado la presencia de Iglesias por este mismo asunto en la Comisión de Justicia. Pero todo apunta a que el máximo mandatario morado se beneficiará del receso estival y escapará al control parlamentario. Al menos, de momento.