En Sabin Etxea aún aguantan. Las decepciones se almacenan en el cajón pero la alternativa no suscita, hoy por hoy, mejores opciones. La condición de socio preferente que Pedro Sánchez les otorga no parece que se consolide con el paso de la legislatura, más bien al contrario. El martes el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, le llamó la atención al presidente del Gobierno. Lo hizo con una advertencia: o cumple sus compromisos y despeja la senda de endeudamiento pactada para la elaboración presupuestaria en Euskadi o “arrieros somos” y le esperarán en la aprobación de sus cuentas, las del Estado.

Ayer el portavoz del partido en el Congreso, Aitor Esteban, lo volvía a hacer recordándole que se olvide de “llamar a su puerta” hasta que su palabra se cumpla. A los dos avisos de los dirigentes jeltzales siguieron horas más tarde votos críticos en la mayor parte de los dictámenes de reconstrucción aprobados ayer en el Congreso. Y por si el aviso no se había escuchado, poco después el propio PNV aseguraba que en el seno de la formación “reina un enfado monumental”.

El motivo, los reiterados incumplimientos del Ejecutivo. El ‘precio’: 3.000 millones de euros. Es el margen de endeudamiento que Sánchez se había comprometido en pleno Estado de Alarma a conceder al Gobierno vasco para compensar la caída de la recaudación que han estimado las haciendas forales vascas. Las previsiones avanzadas el 24 de abril situaban la caída de la recaudación en cerca de un 20%, por un importe cercano a los 3.000 millones.

Acuerdo en julio

Ante tan horizonte oscuro, el PNV se apresuró a trabajar y exprimir su condición de ‘socio preferente’ para lograr del Gobierno un compromiso que le permita mitigar ese impacto económico. Sólo un mes después de que el consejero de economía de Urkullu, Pedro Azpiazu hiciera pública la previsión pesimista dada por las haciendas, el 20 de mayo pasado el PNV cerraba un acuerdo con el Gobierno por el cual las administraciones vascas tendrían autorización para endeudarse en la misma proporción en la que se redujera su recaudación. De este modo, la pérdida de ingresos en las haciendas se compensaría vía endeudamiento y lo haría con el visto bueno del Ejecutivo de Sánchez.

El acuerdo establecía además que se autorizaría a Euskadi utilizar el superavit presupuestario de 2019. También se estableció que la autorización de endeudarse en esa proporción se ratificaría en una Comisión Mixta del Concierto Económico a celebrar en la primera semana de julio. El mes afronta ya su segunda quincena y no hay fecha fijada en el calendario para su celebración.

Hasta ahora se desconocía la letra pequeña del pacto cerrado entre el Ejecutivo y los nacionalistas vascos. Fue el propio Pedro Sánchez quien ayer desveló lo sustancial del mismo.

Senda de endeudamiento

Por ahora desde el Gobierno vasco tan sólo se había hecho público que a comienzos de julio se debía convocar la Comisión Mixta en la que se fijara el límite de endeudamiento con el que el próximo Gobierno vasco, aún por constituirse, podría comenzar a trabajar sus presupuestos.
Los días pasan y lo hacen sin novedades. En el PNV están cansados de esperar. Los mensajes en forma de ultimátum han surtido efecto hasta ahora y los nacionalistas han vuelto a recurrir a ellos para forzar a Sánchez a asegurar la senda de endeudamiento en Euskadi.

El tiempo apremia y la necesidad de conocer cuanto antes el marco en el que se deberá dibujar el horizonte económico del nuevo Gobierno en el País Vasco apremia. Urkullu quiere acortar al máximo los plazos no sólo para conformar el nuevo Gobierno de la XII legislatura en Euskadi sino también para contar con la herramienta clave de cualquier Ejecutivo: los presupuestos. Y para ello, la senda de la deuda a la que podrá recurrir es urgente.