El rechazo parlamentario del texto social de la comisión de reconstrucción ha sido una mala noticia para el Gobierno de coalición por dos motivos, primero, porque supone una enmienda a la totalidad a sus políticas en esta materia, pero, también, por poner de manifiesto la extrema debilidad de un Ejecutivo que tiene que negociar ahora sus primeros Presupuestos Generales del Estado con los que superar la cuentas de Cristóbal Montoro de 2018, aún vigentes.

Tras el optimismo que insufló el pacto histórico en la Unión Europea con el que intentar superar la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, que supone para nuestro país unos fondos adicionales de 140.000 millones entre subvenciones y préstamos, el de ayer en el Congreso ha sido el primer gran revés para el Gobierno de socialistas y morados.

El Ejecutivo vio rechazado su texto sobre políticas sociales, pero el económico salió adelante por el estrechísimo margen de un voto y eso gracias a la abstención del PdeCat, según subrayaban algunos de sus diputados. De haber votado éstos en contra, como hicieran con el texto de políticas sociales y de sanidad, tampoco hubiera salido adelante y nadie espera a estas alturas que los herederos de la extinta Convergencia estén dispuestos a facilitar unas nuevas cuentas del Estado ni siquiera con su abstención.

El rechazo del PNV ha sido lo peor para la moral del Gobierno

Peor ha sido para la moral del Gobierno el rechazo del PNV. Lo que se interpretó en comisión como un movimiento preleectoral que decaería en cuanto se celebraran los comicios vascos, no ha sido tal. Los nacionalistas vascos solo respaldaron el dictamen sobre la Unión y más por cuestiones de posicionamiento interno ante sus socios europeos que otra cosa. De hecho, el tono que empleó Aitor Esteban en la sesión de control fue terminante: "No se moleste en llamar a nuestra puerta para buscar más acuerdos, primero vamos a cumplir lo que ya tenemos comprometido».

Aludía Esteban a una cita bilateral con el Gobierno vasco a través de la comisión mixta del Concierto Económico. Bien es cierto que en el caso del PNV se puede tratar simplemente de subir la apuesta para cuando llegue la negociación presupuestaria. Todo ello sin olvidar que Íñigo Urkullu e Idoia Mendía están negociando un gobierno de coalición en este territorio. En definitiva, hay un pacto tácito de asistencia mutua que haría muy difícil para el PNV rechazar los Presupuestos.

Gobierno, PSOE y Unidas Podemos arremeten contra el PP

Públicamente, los socialistas culpan de la derrota del dictamen social al PP, lo que no deja de ser un ejercicio destinado a desviar la atención de su debilidad. En Hacienda no se engañan, la negociación "va a ser dura" admiten, pero prefieren dirigir el dedo acusador contra Pablo Casado y los suyos antes de abrir un frente de batalla con aquellos partidos con los que esperan cuadrar las cuentas y los votos.

Incluso desde el PdeCat, que se apeó hace tiempo de la política de consensos que siempre caracterizó a los convergentes, comentan que "este Gobierno debe convencerse de que no tiene la mayoría absoluta y necesita negociar". En el PSOE, por su parte critican a los populares por "anteponer sus intereses de partido al interés general. Es incompresible que no hayan apoyado el texto social", aseveran cuando el principal problema vino de la mano de Ciudadanos, el "plan b" del Gobierno por si falla todo lo demás. En todo caso, el departamento de Montero insiste en que su intención es presentar el proyecto de ley en septiembre "siempre y cuando cuente con los apoyos suficientes para sacarlos adelante".

La formación de Inés Arrimadas ha repartido cal y arena sobre estos pactos de reconstrucción. Llegó incluso a un acuerdo en materia de recuperación económica que parecía un imposible, aunque el texto dejó por el camino toda alusión a la contrarreforma laboral o al llamado impuesto a los ricos. El escollo vino de la mano del trato que recibió la educación concertada, orillada para futuras inversiones. Aunque ese punto del texto se modificó, lo fue incorporando la propuesta de ERC y no la de Ciudadanos.

Los naranjas admitían el fortalecimiento de la "educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo, incrementando la inversión de forma coordinada con las Comunidades Autónomas" en el marco de la Conferencia Sectorial, "dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad", pero también apelaban a "la libertad de elección de las familias, tal y como consagra la legislación vigente". Y ese segundo aspecto no está incluido en el redactado definitivo del dictamen sobre políticas sociales.

En puridad, ninguno de estos textos tiene carácter vinculante y va más allá de un recetario de recomendaciones, pero para el gobierno de coalición tenía el valor simbólico de unir al conjunto de las fuerzas políticas en torno a un mensaje común, que algunos, como Vox han interpretado como un intento de "exculpación" por la gestión del coronavirus, y otros como el PP, como la búsqueda de un aval para sus políticas de futuro.