La legislatura terminó con el impacto y la sombra de la duda sobrevolando al Gobierno Urkullu. Lo hizo sobre los dos socios del Ejecutivo, el PNV y el PSE, responsable de la cartera de Medio Ambiente. El virus que confinó el país adormeció la polémica y el nuevo mandato que casi seis meses después del accidente constituirá la Cámara de la XII legislatura en Euskadi, se estrenará con la batería de dudas y sospechas sin resolver y la cascada de petición de responsabilidades penales y políticas en plena crecida.

Casi medio año después de que colapsará el vertedero, en Zaldibar continúan desparecidos dos hombres y siguen sin despejarse los cinco frente que acumula este caso. Será el primer lastre del nuevo Gobierno. En realidad, es un lastre heredado del anterior. Su impacto no ha sido electoral, pero en este arranque de la legislatura incomodará al Ejecutivo en al menos cinco ámbitos: el político, el judicial, el medioambiental, el social y el meramente gubernamental.  

Las preguntas comenzaron tras el siniestro ocurrido la tarde del 6 de febrero. La ladera sobre la que se ubicaba el vertedero de Zaldibar se desprendió sepultando bajo 500.000 toneladas de tierra y basura a dos de sus trabajadores: Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Sus cuerpos aún no han sido localizados. Fue la primera de las preguntas; ¿Dónde están? Después llegaron los porqués, los quién y los cómo. Todos ellos deberán responderse en la legislatura que comenzará en cuestión de días.

Zaldibar estaba llamado a ser el argumento más incómodo de la pasada campaña electoral para el PNV. No lo ha sido. El virus Covid-19 lo relegó, el confinamiento lo escondió y el tiempo casi lo condena al olvido popular. Hasta esta semana, cuando el hedor del vertedero y los protagonistas del siniestro han vuelto al primer plano de la actualidad.

Enredo policial y judicial

En el ámbito de las responsabilidades judiciales, este caso ha sumado esta semana un nuevo episodio de confusión. La detención por parte de la Ertzaintza de los tres máximos responsables de la planta por parte de la Ertzaintza el pasado martes abrió una grieta en la investigación. Lo que inicialmente se presentó como un arresto por orden judicial no fue tal. Tanto el Tribunal Superior de Justicia como la propia consejería de Seguridad tuvieron que emitir sendas notas para aclarar lo sucedido. La Justicia negó que hubiera ordenado las detenciones y la Ertzaintza las justificó en el contexto de su investigación y en que siempre informó de las mismas a la juez y fiscales.

Por el momento, los responsables de la empresa, Verter Recycling 2002, no han arrojado más luz sobre lo sucedido. Ante la juez, el pasado jueves se negaron a declarar. Ni el propietario, José Ignacio Barinaga, ni el ingeniero jefe de la planta, Juan Etxebarria, ni la gerente, Arrate Bilbao -sobrina de Barinaga- lo hicieron. Todos ellos están en libertad, pero bajo una acusación de presunto homicidio imprudente por imprudencia grave en la gestión de la planta. Sin pasaporte, no podrán abandonar el país y tendrán la obligación de presentarse una vez al mes en los juzgados.

Este caso se investiga de forma simultánea por dos juzgados, uno de Durango y otro de Eibar. Además de un delito contra el derecho a la salud de los trabajadores, con el resultado de los dos trabajadores fallecidos, se investiga un presunto delito contra el medio ambiente.

Primer órdago de la legislatura

En lo político, el proceso de exigencia de responsabilidades también se ha reactivado esta semana. Todos los partidos de la oposición han afirmado que, si desde la Justicia se avanza de modo inexorable, desde la política también se hará. Las formaciones más críticas con Urkullu, todas las de la oposición, hablan ya de la necesidad de crear comisiones de investigación, de dar explicaciones y de asumir responsabilidades. Sitúan éste como uno de los primeros cometidos de la Cámara que a comienzos de agosto quedará constituida de acuerdo a los resultados del 12-J. El Gobierno sabe esta vez que podrá abordar este frente en mejores condiciones que la pasada legislatura, ya que cuenta con la comodidad de poder controlar en gran medida sus pasos al disponer la coalición PNV-PSE de mayoría absoluta.

Urkullu se comprometió a depurar las responsabilidades políticas “sean de quien sean” y a hacerlo sin titubeos. Lo dijo antes de las elecciones, ahora, con la legislatura a punto de comenzar, será tiempo de cumplir su promesa. El primer signo que se podrá interpretar será si el Gobierno de coalición -casi con toda probabilidad se reeditará está formula de colaboración entre PNV y PSE- relevará a Iñaki Arriola como consejero de Medio Ambiente. Sobre él pesa las dudas sobre el procedimiento de control e inspección que se llevó a cabo en el vertedero.

Reformular la gestión de residuos

El derrumbe de Zaldibar dejó al descubierto una realidad hasta ahora silenciada en el País Vasco, como es el cuestionado modelo de gestión de residuos. En una sociedad eminentemente industrial esta cuestión tiene una relevancia de primer nivel. El cierre de Zaldibar y la dificultad durante las primeras semanas para asumir la gestión de los residuos puso en evidencia la necesidad de una actualización de la política de gestión de residuos.

Será sin duda ésta una de las cuestiones que con mayor detenimiento se abordará en el programa electoral que ya negocian PNV y PSE. El Ejecutivo saliente anunció una profunda reforma y actualización en la política de gestión de los residuos en el País Vasco. La política de autorizaciones, controles e inspecciones será clave en esa reforma, no en vano es éste uno de los aspectos que se reprocha a la Administración. El vertedero de Zaldibar había sido inspeccionado apenas 17 días antes de que se viniera abajo. Un informe aseguró la estabilidad de su ladera y sólo detectó 23 irregularidades menores. Era la séptima inspección desde que entró en funcionamiento en 2011 y la que peores resultados arrojó.

Tampoco en ella se cuestiono el trepidante ritmo de llenado que arrastraba la planta. Cuando comenzó su actividad en 2011 contaba con la autorización de actividad hasta 2046. En esos 35 años de vida útil debería haber colmatado poco a poco su volumen de 2,8 millones de metros cúbicos. Sin embargo, lo que en el primer año fueron 185.000 toneladas anuales, el año pasado ascendían ya a más de 553.000. A este ritmo, Zaldibar habría cubierto su capacidad de almacenaje el año 2022, es decir, 24 años antes de lo previsto.

Joaquín y Alberto, la deuda más dolorosa

Fue el más incómodo en las primeras semanas de la crisis. A la desaparición de los dos operarios se sumó la polémica por la gestión de la emisión de gases peligrosos que obligó a tomar medidas de protección a la población de su entorno. Las dioxinas y furanos generadas por los incendios originados en la planta suscitaron la movilización de la ciudadanía en las localidades cercanas.

En la comparecencia de Urkullu y varios de sus consejeros ante la Diputación permanente, el lehendakari llegó a reconocer posibles errores en la gestión inicial de la crisis e incluso se disculpó por su hubiera incurrido en una falta de sensibilidad, como se le achacó desde la oposición, en los primeros días al demorar hasta seis días su visita al lugar del siniestro. Desde las familias se ha reprochado tanto a Urkullu como al Gobierno en su conjunto el modo en el que han afrontado el rescate de Alberto y Joaquín. Especialmente dura ha sido la familia Beltrán que considera que han primado intereses políticos y electorales a la necesidad de poner todos los medios para rescatar a sus seres queridos.

Pese a ello, el frente social de la crisis de Zaldibar parece superado para el Gobierno y sus socios. Las pasadas elecciones autonómicas han demostrado que la crisis en este vertedero no ha supuesto ningún desgaste ni para el PNV ni para el PSE, que lejos de resentirse han mejorado sus resultados. Ahora, es la oposición la que se moviliza para que la presión social se mantenga viva. Lo hace la izquierda abertzale y lo hace la coalición PP+Cs que desde que se produjo el accidente han situado esta cuestión como uno de los ejes de su campaña de oposición.  

Bruselas ya investiga

La pregunta la hizo el PP a la Comisión Europea y ésta respondió asegurando que investigaría lo sucedido en Zaldibar. El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, se basó en la pregunta y argumentación aportada por los eurodiputados populares Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos para concluir que de lo sucedido “se dejan entrever importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero”. Llega incluso a asegurar que correspondía a las autoridades autonómicas y locales “haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado”. La Comisión llegó a apuntar que en este caso se pudieron haber violado varias directivas, como el acceso público a la información medioambiental.

A la apertura del expediente por parte de la Comisión Europea se suman otras iniciativas como la denuncia presentada por la abogada ecologista, Consuelo Elosua, contra los posibles incumplimientos del Gobierno vasco. Una denuncia que remite a Bruselas -además de a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo- por posibles incumplimientos de la legislación europea.