"Hacer planificaciones es un ejercicio arriesgado" en el escenario político catalán. Así lo reconocía esta semana el propio Carles Puigdemont, probablemente la persona que más certezas puede tener sobre el futuro calendario electoral y la composición de una de las candidaturas favoritas. La única certeza del próximo "otoño caliente catalán", el cuarto desde la declaración unilateral de independencia, es que el president Quim Torra debe comparecer el 17 de septiembre ante el Tribunal Supremo afrontando una previsible ratificación de su inhabilitación para cargo publico por desobediencia.
La inhabilitación de Torra abre cuatro escenarios políticos para Cataluña, todos marcados por las próximas elecciones autonómicas que van de la convocatoria de elecciones anticipadas al choque frontal de Torra con el Estado, pasando por una nueva investidura. Escenarios en los que JxCat y ERC utilizarán todas las herramientas a su alcance para imponerse como líder indiscutible del independentismo catalán. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras necesitan casi tanto como sus partidos deshacer este empate-bloqueo en el que vive el independentismo desde 2015.
El primer escenario, el preferido para los partidos constitucionalistas, JxCat y ERC deberían acordar una fecha -se había especulado sobre el 4 de octubre- y convocar las elecciones antes de que Torra sea inhabilitado. Pero ese escenario ha quedado prácticamente desmentido por el calendario de constitución del nuevo partido de Puigdemont, Junts.
Diez semanas de congreso fundacional
Este sábado se inició el proceso con la elección de la mesa del congreso constituyente del nuevo Junts. Una estructura nacida entorno a la figura de Puigdemont, que exhibe el millón de votos que le sigue fiel elección tras elección para imponer su voluntad, con Jordi Sánchez como auténtico ideólogo y Elsa Artadi como secretaria general in péctore.
Un proceso que culmina el 3 de octubre, con la aprobación de las ponencias organizativa y político-ideológica. Diez semanas para estructurar el espacio nacido desde que Puigdemont impuso a su lista en las elecciones del 21D de 2017, un grupo que se ha ido consolidando en elecciones generales, europeas y en menor medida locales, y que quiere conseguir la disolución del PDeCat para gobernar a placer el espacio de la antigua Convergencia.
Así lo reconocía Artadi el viernes al asegurar que el nuevo partido apela "a los votantes de Pujol, Mas y Puigdemont", aunque Jordi Sánchez asegurara días antes que "renunciarán" a los derechos electorales del partido fundado por Jordi Pujol.
"No pueden renunciar a nada porque esos derechos electorales son del PDeCat" le respondía el portavoz del partido, Marc Solsona, que denunciaba que "a 24 horas" de la puesta en marcha de las nuevas siglas "no hay acuerdo" sobre la incorporación de la ex convergencia.
Disolución del PDeCat
El PDeCat se resiste a la disolución que le exige el puigdemontismo y advierte a sus militantes de que no permitirá la doble militancia. "Los que decidan irse a Junts saben que el PDeCat no admite la doble militancia, estaría bien que honestamente devuelvan en carné, porque lo que tenga que hacer el PDeCat lo tiene que decir la gente del PDeCat, no de otra organización" advertía Solsona.
Un aviso nada baladí. La vicepresidenta del PDeCat -impuesta en su momento por Puigdemont- es Miriam Nogueras, miembro del núcleo duro del ex presidente. Y sus lideres morales son los ex consellers condenados que han apoyado el proyecto de Puigdemont, o miembros actuales del Govern como Damià Calvet, Meritxell Budó y Jordi Puigneró. Sin olvidar la presidente del grupo parlamentario, Albert Batet.
Todos ellos han presionado en favor de la disolución del PDeCat, y la dirección de Bonvehí necesita excluirlos de la ecuación para mantener el pulso por la pervivencia del partido. Una pervivencia que debatirá una semana después de la puesta de largo de Junts, el 30 de julio, en un Consell Nacional que se presume tumultuoso y definitivo.
Este viernes, el propio Bonvehí se dirigía por carta a los asociados del partido para pedirles que sigan confiando en el proyecto, después de que Junts recabara en sus primeros cinco días inscripción abierta 2.200 apoyos. "Gracias a los presos y exiliados, a los asociados, y sobre todo gracias por el trabajo que haremos juntos en los próximos años" concluía dejando claro que no piensan disolverse sin plantar batalla.
Elecciones en 2021
Las dificultades a la hora de redefinir su partido han llevado a JxCat ha posponer el calendario inicialmente previsto desde Waterloo. Y, en este contexto, dos nuevos escenarios se abren ante Quim Torra, único propietario de la clave del calendario: dejar que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ponga en marcha el proceso para la convocatoria electoral, previo intento de investidura. O forzar un nuevo choque total con el Estado, convocando las elecciones tras ser inhabilitado.
La inhabilitación de Torra ya será, de hecho, el argumento principal de Junts: un nuevo ejemplo de "represión" por parte de la justicia, el primer presidente inhabilitado en el ejercicio de su cargo -Puigdemont fue depuesto por el 155, pero no inhabilitado judicialmente- y la "justicia española" definiendo el calendario electoral catalán.
Pero Torra puede tener la tentación de ir un paso más allá, como ha ido en las últimas semanas decretando confinamientos para los que no tenía competencias. Y firmar un decreto de convocatoria electoral para el que ya no estará habilitado. Se abriría entonces un nuevo enfrentamiento con el Estado, en el que el Gobierno no tendría más remedio que denunciar a sus socios de moción de censura ante el Tribunal Constitucional. Un coctel perfecto para la precampaña independentista.
Choque total con el Estado
Este choque total permitiría además recuperar una cierta ventaja sobre ERC, que sigue liderando las encuestas y ha recuperado bríos y presencia política con el tercer grado otorgado a Oriol Junqueras, junto al resto de los condenados del procés. Pere Aragonés tiene prácticamente garantiza la candidatura a la presidencia de la Generalitat, pero pese a los esfuerzos de su partido, no tiene el peso político y mediático necesario para derrotar a Puigdemont.
Junqueras sí lo tiene, especialmente después de tres años de prisión por la celebración del referéndum del 1-O. Hasta ahora, Puigdemont le ha derrotado en campañas en las que Junqueras podía aparecer, como máximo, como un holograma o dar entrevistas grabadas en prisión.
Ahora, Junqueras acaricia la posibilidad de combatir a Puigdemont en igualdad de condiciones: ninguno de los dos será candidato a la Generalitat -aunque Puigdemont ocupe formalmente el numero uno de la candidatura de Junts, nadie confía ya en que vuelva- pero los dos protagonizarán la campaña. Si la Fiscalía lo permite.
Marchena vuelve a escena
La puerta abierta esta semana por el Tribunal Supremo al asumir la competencia sobre la concesión de beneficios penitenciarios a los condenados por el 1-O implica que, si la Fiscalía recurre la concesión del tercer grado por parte de los servicios penitenciarios catalanes, será el juez Manuel Marchena quien decida. Y la simple admisión del recurso puede devolver a los nueve condenados a segundo grado sin posiblidad de acogerse al 100.2.
Junqueras, de hecho, ha empezado a darlo por sentado en las últimas horas. "Tienen todo el interés en que yo no pueda hacer campaña" ha denunciado el líder republicano. Por eso a Esquerra le interesaría el segundo de los escenarios apuntados: tras la inhabilitación, Torrent debería tomar la delantera y convocar a los grupos para proponer un pleno de investidura.
ERC fuerza elecciones
JxCat y ERC deberían acordar entonces un candidato a la presidencia que, para cumplir con sus acuerdos, debería ser de Junts. Y garantizar el apoyo de la CUP. Si los republicanos rompen la baraja y no hay investidura, se produce la convocatoria automática de elecciones en dos meses.
Esto es, elecciones autonómicas entorno al mes de diciembre, con la inhabilitación de Torra y el nuevo encarcelamiento de Junqueras como argumentos de la "represión" para reclamar el liderazgo independentista.
El cuarto y último escenario, harto improbable, es que los dos socios de gobierno pacten un candidato y mantengan la coalición hasta 2021. Un escenario que beneficia más a Junts, con un partido en construcción, que a Esquerra. Y que podría favorecer la evolución del coronavirus.
Elecciones con coronavirus
Desde el PSC o PP, partidos que confían en recuperar terreno en las próximas autonómicas, argumentan que la crisis sanitaria no puede ser óbice para convocar elecciones, y señalan los ejemplos de Galicia y el País Vasco. Pero los comicios en ambas comunidades se convocaron con la pandemia controlada, y aún así hubo dificultades con dos brotes locales.
La situación de la pandemia en Cataluña, con el Segrià y el área metropolitana de Barcelona en pleno rebrote de contagios, hace difícil vislumbrar la posibilidad de una convocatoria electoral. Máxime cuando las previsiones de las autoridades sanitarias es que la situacion se vuelva más compleja coincidiendo con el brote anual de gripe.
Ese contexto, los dos partidos de la coalición gubernamental en Cataluña podrían verse obligados a mantener viva la legislatura hasta su último año, 2021. Una posibilidad que Puigdemont nunca ha querido descartar, ni siquiera cuando Torra anunció elecciones anticipadas el pasado enero.
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