El Ministerio del Interior impondrá el criterio que exigían los guardias civiles para el reparto del tercer y último tramo de la equiparación salarial y los funcionarios de este Cuerpo recibirán 145,73 de los 247 millones de euros a distribuir, lo que representa el 59 % del total. El dinero no se ingresará previsiblemente antes del próximo mes de noviembre.

Después de que los sindicatos con representación en la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil hayan sido incapaces en los últimos meses de pactar qué cantidad debía corresponder a cada Cuerpo, Interior ha resuelto la controversia aplicando el mismo criterio de 2018 -cuando se materializó el primero de los tres pagos- y que avaló la consultora a la que le encargó el estudio comparativo de las retribuciones con los Mossos y la Ertzaintza. Dicha porcentaje se alteró ligeramente en 2019 (segundo abono), cuando pasó del 59-41 % al 57,28-42,72 %.

La decisión del departamento que dirige Grande-Marlaska, que ha sido comunicada este lunes por tarde a los representantes de los agentes en reuniones separadas por parte del director general de cada Cuerpo, se aproxima bastante a lo que exigían los guardias civiles. Éstos recibirán 471,7 millones (58,45 %) de los 807 millones en que se cerró el acuerdo firmado en marzo de 2018 por el ministro Juan Ignacio Zoido (PP) con cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, SPP y UFP) y siete asociaciones de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, Unión de Oficiales, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos).

Invocando los términos del acuerdo que el Gobierno de Rajoy difundió públicamente el 27 de febrero de 2018, las asociaciones profesionales reclamaban un 61 % en el tercer tramo (150,7 millones) para poder alcanzar los 476,7 millones en que se cerró la cantidad que recibirían los agentes del instituto armado para recortar la diferencia salarial con los de la Policía de la Generalitat de Cataluña.

Serán cinco millones menos los que recibirán finalmente, motivado por el desfase que se produjo el pasado año al variarse el criterio de reparto. Ello supuso una detracción de 4,3 millones de euros cuya recuperación han puesto encima de la mesa las asociaciones profesionales cuando la comisión técnica de seguimiento inició sus reuniones con vistas al reparto del tercer tramo.

Los guardias civiles recibirán el 59 % de los 247 millones a repartir, el mismo porcentaje que en 2018

La decisión transmitida hoy no satisface ni de lejos las pretensiones de los sindicatos policiales, que han llegado a defender la necesidad de que se les concediera el 47 % (seis puntos más) de los 247 millones a distribuir. Ése es el porcentaje que se obtiene si el criterio que se hubiera tenido en cuenta fuera únicamente el número de efectivos que integra cada Cuerpo (53,56-46,43%), como ellos planteaban.

Las organizaciones sindicales han intentado hacer ver que, si no se da por bueno en su totalidad el informe de la consultora Ernst&Young, no se puede invocar una conclusión concreta. Interior se basa en que el 59-41 % es el criterio que emana del acuerdo firmado en marzo de 2018.

Las organizaciones sindicales también reclamaban que se tuvieran en cuenta a la hora de establecer las cantidades los más de 33.000 pabellones en los que viven funcionarios del instituto armado y los complementos de especialidad que sí se abonan en la Guardia Civil y no en la Policía por el desempeño de tareas similares. A la vista de la decisión conocida esta tarde, Interior no ha tenido en cuenta estos argumentos.

El pago, difícilmente antes de noviembre

Las dos incógnitas que se plantean ahora de manera inmedita es cómo se llevará a cabo el reparto dentro de cada Cuerpo al existir opiniones dispares entre las asociaciones profesionales y los sindicatos y en qué nómina se abonará el dinero, que tendrá carácter retroactivo con efecto 1 de enero. Fuentes de Interior han dicho a este diario que se hará efectivo "en cuanto concluya el proceso técnico", si bien se considera poco probable que pueda materializarse antes del próximo mes de noviembre.

Desde el punto de vista presupuestario, el abono del tercer tramo se desbloqueó el pasado 26 de mayo, cuando -en plena polémica por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y enmedio del estado de alarma- el Consejo de Ministros introdujo una disposición adicional en un real decreto-ley sobre medidas para paliar los efectos de la covid-19 por la que se excluía de la limitación de gasto establecida en materia de retribuciones en el ámbito del sector público "las medidas necesarias para la aplicación del acuerdo" de equiparación salarial. Pero ello requiere de una tramitación que se demorará durante semanas.

Quedan otras dudas por despejar. La más relevante es si el equipo que dirige Grande-Marlaska asumirá dos de las cláusulas que detalla el acuerdo firmado en marzo de 2018: correcciones en los cálculos para que la igualdad retributiva fuera "total y absoluta" (la primera) e impulsar las «medidas legislativas que sean necesarias» a fin de garantizar que en el futuro no se produzcan "una disfunción salarial" entre policías (la octava). El Consejo de Estado ya ha dejado claro que dichos compromisos no vinculan jurídicamente al actual equipo de Interior.