El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reabierto este lunes la pieza 5 de la macrocausa 'Tándem' para investigar si Corinna Larsen contrató al comisario José Manuel Villarejo, y ha citado a declarar a ambos en calidad de imputados a principios del próximo septiembre.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha imputado también al que fuera socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Villarejo y Redondo están citados el 7 de septiembre a las diez de la mañana, mientras que los empresarios acudirán al día siguiente a la misma hora.

Esta pieza versaba sobre supuestos encargos que Corinna habría hecho a Villarejo, revelados por las conversaciones que mantuvo éste con la empresaria alemana y que grababa. En una de ellas, ocurrida en Londres en 2015 y en la que también estaba Villalonga, Corinna relataba los supuestos negocios opacos del Rey Juan Carlos en los que, según afirmaba, fue utilizada como testaferro.

'Carol' -por el nombre que utilizaba Villarejo para referirse a la empresaria alemana-- fue archivada provisionalmente el 7 de septiembre de 2018 por el anterior instructor de la macrocausa, Diego de Egea, quien no veía indicios para continuar investigando ni al comisario jubilado ni a su socio y aseguraba que no había "datos" ni "documentaciones" que prueben las afirmaciones que hizo la empresaria alemana sobre el Rey emérito sobre supuesto cobro de comisiones.

En el auto de este lunes, García Castellón explica que después del sobreseimiento provisional, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales en los que se ha analizado el material intervenido en los domicilios de los investigados en esta pieza y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país interesaba la colaboración de la Audiencia Nacional por la conexión entre ambas investigaciones.

En concreto, la reapertura de la pieza se dirige a esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de Corinna Larsen a Villarejo que buscaría la obtención de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, "sin perjuicio de que ello pueda llevar a otros tipos de infracciones".

El instructor detalla una de las conversiones mantenidas entre Villarejo y Corinna Larsen --encontrada en un archivo localizado en casa del comisario-- en la que ella expone sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.

"Los mejores especialistas del mundo"

El comisario, que está en prisión provisional desde noviembre de 2017, ofreció sus servicios "de forma insistente" y asegurando que disponía de "los mejores especialistas del mundo". Le comenta también la "capacidad de localizar bienes de cualquier persona en cualquier parte del mundo".

Ambos hablan de "un tal Juan", que para el magistrado es Juan Villalonga, "como la persona que les puso en contacto y quien le dijo a Villarejo, según este mismo refiere, que tenía que ayudar a Corinna 'a muerte'".

Según el auto, en esta conversación el comisario pidió a la empresaria alemana teléfonos y demás información de su asistente, datos que le facilitó. También le dijo que en cuanto tuviera alguna información sobre el encargo, se lo haría saber "mediante un mensaje o personalmente".

"Corinna le da los datos de la persona, su nombre, apellidos y estado civil y explica cómo aparece en su vida esta mujer. Él le dice que va a analizar el tema a ver qué sale. Villarejo le dice que en un mes o mes y poco tendrá los datos, pero aparte de esto, si ella necesita cualquier cosa de cualquier parte del mundo, se le ofrece para facilitarlo, a lo que Corinna le responde que pueden hacer buen negocio", explica el juez.

El papel de Villarejo

Así pues, García Castellón considera que debe esclarecerse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que en tal caso podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que habrían intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.

Dado que el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción han mantenido una discrepancia sobre la conexidad entre los hechos investigados en Suiza y España, García Castellón acuerda dar traslado al Ministerio Público a fin de que informe sobre la posible existencia de conexidad delictiva, así como sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimientos de los hechos.

El juez argumenta en su escrito que los hechos analizados pueden acreditar la existencia de una posible actuación concertada dirigida por un funcionario público en activo, Villarrejo, que se lucraba recibiendo importante cantidades para la ejecución de diferentes encargos, para los que se valía de su condición de policía.

En el marco de esta actuación criminal, añade el auto, "pudiera haberse producido algún tipo de encomienda por parte de Corinna Larsen a José Manuel Villarejo para que, a través de las sociedades que integraban el llamado Grupo Cenyt, procediera a la obtención ilícita de determinada información".

El juez recuerda que la investigación que dio lugar a la presente pieza separada arranca del hallazgo de unos archivos, de los que se desprenden diferentes y variados hechos que revisten la apariencia de infracción penal. Así, hace referencia al registro por parte de Villarejo de una conversación de índole privada en un domicilio particular y añade que se desconoce si los intervinientes en la misma eran conscientes de que estaban siendo grabados. Del contenido de tales conversaciones parecen inferirse, explica, una serie de infracciones penales del relato expuesto por Corinna Larsen en los audios.