La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se reúne hoy, no se presenta tranquila. Los representantes del PSOE están solos ante el frente común de PP, Izquierda Unida, Ciudadanos y PdeCat para frenar la pretensión del Ministerio de Hacienda de manejar el superávit de los entes locales, esto es, 14.000 millones de euros. Y aunque en puridad esta cuestión no está en el orden del día de la cita de este martes, en muy buena medida por la falta de acuerdo interno, Caballero aseguró el lunes en la ejecutiva socialista que se estaban acercando posiciones con el Departamento de María Jesús Montero y podría haber acuerdo este mismo jueves.

"Nada más lejos de la realidad. Abel Caballero miente o no nos cuenta la verdad", asevera el portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Lo cierto es que tanto los 10 representantes populares en la Junta de Gobierno, como el de Ciudadanos y primer edil de Granada, Luis Salvador; la alcadesa de Canyelles (Barcelona), Rosa Huguet, del PdeCat; como, y lo que resulta más sorprendente, el alcalde de Rivas Vaciamadrid (Madrid), Pedro del Cura, de Izquierda Unida, rechazan de plano la última propuesta que les ha hecho llegar Hacienda. Todos juntos suman un voto más -12 frente a 11- que el de los socialistas, partido en el que tampoco todos los regidores municipales respaldan los planes de Hacienda.

La propuesta es voluntaria, pero quienes la rechacen no podrán tocar sus ahorros

¿Y qué dice la última propuesta de Montero que Caballero negocia con Hacienda? Pues que los ayuntamientos, diputaciones provinciales y consejos insulares "pondrán, con carácter voluntario, a disposición de la Administración General del Estado la totalidad de su Remanente de Tesorería para Gastos Generales", lo que se eleva a 14.000 millones de euros. Dicho importe tendrá carácter de préstamo y será amortizado en el plazo de 10 años contando a partir de 2022, esto es, terminará de pagarse en 2032.

Eso sí, a diferencia de la primera propuesta que ya fue rechazada, Hacienda se compromete a realizar un ingreso no financiero a los ayuntamientos que pongan su superávit a disposición del Estado. Este importesupondrá para cada entidad local, como mínimo, el 35 por ciento de los fondos aportados al préstamo a la AGE, y se incrementará hasta totalizar un importe de 5.000. En el ejercicio 2020, dispondrán los entes locales de 2.000 millones y en 2021 de 3.000.

Es decir, para que los ayuntamientos puedan usar parte de sus propios ahorros, primero deben ponerlos a disposición de la Administración General del Estado y será después Hacienda las que le permita usar una parte, eso sí con destino finalista, esto es, para Agenda Urbana y Movilidad Sostenible, cuidados de proximidad, y Cultura. Los ayuntamientos que se nieguen a traspasar sus ahorros, no podrán tocar un euro de su propio superávit aunque, excepcionalmente, por la grave situación provocada por la pandemia, "no se exigirá el cumplimento de la regla de gasto durante el ejercicio 2020".

Montero quiere culminar la transferencia de fondos municipales el 15 de septiembre

La puesta a disposición de la totalidad de dicho importe a favor de la Administración General del Estado "se concretará en la remisión al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020 de un compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir esos recursos a la Administración General del Estado. Los compromisos habrán de estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021", reza el documento íntegro al que ha tenido acceso El Independiente.

Durante ese periodo, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera requerirá a las Entidades Locales que se transfieran los recursos comprometidos. Estas transferencias tendrán carácter de préstamo de las Entidades Locales a la Administración General de Estado, y se materializarán, en un acto único, en el momento de la recepción de los fondos por parte de la Administración General del Estado.

Los portavoces de la Junta de Gobierno de la FEMP discrepantes con la intención de Hacienda se acogen al documento que, por unanimidad, votó esta Federación en el que se reclamaba a la administración central no sólo que permitiera a los entes locales poder usar sus ahorros sino, incluso, que el Estado dotara un fondo de 5.000 millones de euros para distribuir entre los ayuntamientos, similar al de los 16.000 millones que recibirán las Comunidades Autónomas.

"Me consta que hay discrepancias profundas con la propuesta del Ministerio, que Abel Cabellero asume como propia", señala Azcón, precisamente al frente de una ciudad, Zaragoza, la quinta por población de España, que carece de superávit "y no hemos recibido ni un euro de ayuda por parte de ninguna administración" en la crisis del coronavirus, se queja.

Ironiza el alcalde zaragozano con que Hacienda "no te incauta el remanente", pero las condiciones que quiere imponer el Departamento de Montero pretenden forzar a muchos ayuntamientos desesperados por usar parte de su superávit a que empujen un acuerdo de la FEMP en el que hoy por hoy, los socialistas carecen de mayoría. Una de sus pocas salidas es convencer a Pedro del Cura, que se presentó a las últimas elecciones en una candidatura conjunta Izquierda Unida-Equo-Más Madrid. Porque aunque no es de Podemos, los socios de Gobierno de Pedro Sánchez tampoco son partidarios de la propuesta de Hacienda. El diputado de En Comú Podem Jaume Asens ya rechazó en su momento convertir a los ayuntamientos "en el banco del Estado», no comparte una fórmula «condicionada» y con un plazo de devolución de diez años.