La Generalitat llevará ante el Tribunal Constitucional el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia del coronavirus. Una ayuda reclamada, entre otros, por el propio president Quim Torra. Pero que el gobierno catalán quiere gestionar el pago de esas ayudas, que considera como parte de sus competencias, y advierte de que la gestión estatal puede derivar en un colapso del sistema similar al provocado por el pago de los ERTEs.

Lo ha avanzado el conseller de Bienestar y Trabajo de la Generalitat, Chakir el Homrani, en declaraciones a Catalunya Ràdio. "La competencia en la gestión de las pensiones no contributivas es de la Generalitat" ha recordado Homrani, que se ha escudado en las dos declaraciones pidiendo el traspaso que ya ha realizado su departamento.

"Tenemos dos declaraciones de Consejo de Renta Garantizada -la ayuda mínima de la Generalitat- pidiendo el traspaso, no han querido y ahora hemos decidido dar un paso adelante" ha explicado el conseller, que ha acusado al Gobierno de "no tener voluntad de negociar".

La propuesta de Escrivá

De hecho, el Real Decreto del ingreso mínimo vital ya contempla la firma de convenios con las comunidades autónomas para que puedan ser ellas quienes los gestionen, pero pospone esa posibilidad hasta 2021. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, argumenta que el Gobierno quiere que la gestión de esa ayuda esté bien estructurada para que tenga la incidencia deseada.

Pero la Generalitat quiere gestionar ya esa ayuda, asociándola a la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación aprobada hace un lustro en Cataluña, que sigue sufriendo grandes lagunas de aplicación. El Ingreso Mínimo es una buena noticia, ha asegurado Homrani, que ha cifrado en 300.000 los beneficiarios de esta ayuda en Cataluña.

Ha añadido que con el IMV "se ahorrará una parte" de la RGC, que se utilizará para cubrir a las personas que queden fuera del IMV, y también ha dicho que están estudiando si atribuirá por aspectos vinculados a la vivienda, como en País Vasco, o para personas en situación de precariedad laboral.

De ERTEs a ERE

Preguntado por los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa de este martes, el conseller ha dicho que este es el primer dato real de la crisis derivada del coronavirus, y ha apuntado que hay empresas que "siguen muy dormidas" pese a haber salido de la fase más dura de la pandemia.

"El reto será en otoño, que los ERTE no se conviertan en ERE", ha afirmado el conseller, que ha añadido que hace falta que el tejido económico actúe de forma no tan conservadora como hasta ahora y ha sostenido que las políticas deben acompañar y dar soluciones y seguridad económica.

Ha criticado la gestión de los ERTE por el Gobierno, ha dicho que la Conselleria se ofrecido en más de diez ocasiones para ayudar al Ministerio de Trabajo y que la respuesta que han obtenido es que no hacía falta: "No se quiere aceptar que la gestión ha sido un desastre", ha reprochado.