Aunque en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados Pedro Sánchez y Pablo Casado se reprochen mutuamente la parálisis en la renovación de una serie de órganos constitucionales, entre ellos el CGPJ, ha sido el propio Consejo del Poder Judicial el que revelaba esta semana las negociaciones entre el Gobierno y el primer partido de la oposición para proceder a la sustitución pendiente desde diciembre de 2018.

Confirmados los contactos tanto por el Ministerio de Justicia como por el PP, siendo los interlocutores el ministro Juan Carlos Campo, y, por parte de los populares, su secretario de Justicia y Administraciones Públicas además de Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, parece que los contactos no se circunscriben sólo al CGPJ. Sobre la mesa está también otra renovación pendiente, la del Tribunal Constitucional, que atañe a los mismos negociadores.

Pero no sólo, porque fuentes gubernamentales aseguran que también forma parte del paquete negociador otros órganos como el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE, cada uno en su ámbito, siendo éste último donde parece haber más escollos y se da casi por imposible un acuerdo a dos bandas. De hecho, los mismos medios consultados no se atreve3n a aventurar si culminará algún pacto a la vuelta del verano en unas negociaciones que siempre son "muy, muy discretas" y a las que no quieren poner fecha.

El fracaso de 2018

La renovación del CGPJ fracasó de forma estrepitosa en noviembre de 2018 por publicitarse antes de tiempo el acuerdo y dar lugar a que el PP alardeara poco menos de haber conseguido poner al frente a uno de los suyos, el juez Marchena, lo que les iba a permitir controlar la Sala Segunda del Supremo -a la misma que iba a juzgar a los imputados del procés- "por atrás". El fatídico contenido de un mensaje de Whatsapp que el entonces portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, reenvió a los senadores dio al traste con todo.

Manuel Marchena renunció la nombramiento por haber puesto en cuestión su independencia judicial y los populares, ante las críticas, decidieron recular, volviendo a su anterior propuesta de modificar el sistema de elección por acuerdo de las propias asociaciones, de modo que eligieran ellas la composición del órgano de gobierno de los jueces. Pero al final, lo que ha resultado de esta parálisis es que no hay ni renovación del Consejo ni cambio de modelo, aunque el PP lo haya incluido en un paquete de peticiones a futuro.

La renovación del TC y del CGPJ exige de mayorías cualificadas de 210 diputados

Además, en noviembre pasado terminó el mandato de cuatro de los doce miembros del Supremo, después de nueve años, y Francisco Fernández Marugán lleva de Defensor del Pueblo interino desde julio de 2017. En principio, el hecho de que sea socialista justificaría que Sánchez no tuviera especial prisa por sustituirle, aunque lo cierto es que éste ha sido un puesto con el tentó en su día a la ex acaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y también a su portavoz en la Asamblea madrileña, el ex ministro Ángel Gabilondo.

Tanto para renovar el CGPJ como el TC se necesitan mayorías cualificadas, esto es, sumar nada menos que 210 votos de los 350 de la Cámara, lo que sólo se puede conseguir sumando al PP. De hecho, el objetivo del legislador fue, precisamente, que sólo a través de un acuerdo entre los dos principales partidos del país fuera posible la renovación.

Eso era en tiempos del bipartidismo imperfecto, cuando socialistas y populares sumaban el 80 por ciento de los votos en la Cámara Baja. Ahora, para sumar 210 votos se necesita el concurso del socio de Gobierno de Pedro Sánchez, que exige su cuota de representación en el CGPJ. PSOE, Unidas Podemos y PP suman 243 votos, por lo que los de Casado tienen la llave de la renovación.

El Grupo Socialista ha activado la búsqueda de apoyos de otros partidos

No obstante, el Grupo Socialista ha activado la búsqueda de apoyos de otros partidos, aunque las fechas veraniegas en las que nos encontramos obligan a un impasse que se acelerará en septiembre. La ministra portavoz, María Jesús Montero, abogó este martes por un acuerdo porque “no favorece nada una situación de interinidad y provisionalidad”.

El artículo 159.1 de la Constitución establece que el Alto Tribunal está compuesto "de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”.

Y el artículo 122.3, referido al método de elección del CGPJ, señala que estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y "por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión".