El Estado cuenta en la actualidad con una legión formada por 732 altos cargos, exactamente 61 más que cuando Pedro Sánchez sacó adelante la moción de censura y llegó a la Presidencia del Gobierno a principios de junio de 2018. Más del 60 % de los nuevos puestos corresponden a la estructura orgánica de los cuatro ministerios ocupados por Unidas Podemos.

La Oficina de Conflictos de Intereses -adscrita a la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública- ha remitido al Gobierno el informe correspondiente al primer semestre del año con el número de altos cargos obligados a formular declaraciones para su remisión al Congreso de los Diputados, como prevé la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado en su artículo 22.

Desde que llegó Sánchez a La Moncloa, la curva no ha dejado de repuntar. A fecha de 31 de mayo de 2018, el Estado contaba con 671 altos cargos, entre los que se incluían los 124 embajadores que el país tiene destacados en los cinco continentes. En los seis primeros meses de gobierno del líder socialista, el número había aumentado ya hasta los 707 (un 5,36 % más).

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El gran incremento se ha producido durante en lo que va de año y está motivado por la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo en virtud del acuerdo sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el 31 de diciembre de 2019. Ello ponía fin a la interinidad del Gobierno socialista desde las elecciones celebradas a finales de abril de 2019.

Para dar entrada a sus socios y diluir el peso de éstos, Sánchez diseñó un gabinete formado por 22 ministerios, frente a los 17 existentes en el mandato anterior y a los 13 del último Ejecutivo de Mariano Rajoy. En la etapa democrática, tan sólo el tercer gabinete de Adolfo Suárez (1979-1981) contó con más ministros que los que integran el segundo gobierno de Sánchez: 23 frente a 22.

Los cuatro ministerios que controlan Unidas Podemos concentran 38 altos cargos, cifra que equivale al 62 % de los nuevos puestos creados. El mayor número (13) se registra en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El vicepresidente segundo se apoya en un director de gabinete, un director adjunto de gabinete, un secretario de Estado, un secretario general técnico, un subsecretario y siete directores generales: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, Discapacidad, Derechos de los animales, Derechos de la Infancia y de la Adolescencia e Instituto de la Juventud.

El 62 % de los nuevos puestos se encuentran en los cuatro ministerios ocupados por Unidas Podemos

El presidente del Gobierno ha dado entidad ministerial a competencias que hasta entonces se gestionaban desde una secretaría general, lo que incrementa la nómina de altos cargos. Es el caso de Consumo, ya fuera de la estructura de Sanidad y dirigida por el líder de IU: Alberto Garzón.

En este departamento ejercen ocho altos cargos: el director del gabinete del ministro, una secretaria general técnica, un subsecretario, una secretaría general (Consumo y Juego), un director ejecutivo (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición), y dos direcciones generales (Consumo y Ordenación del Juego).

Ocho también son los altos cargos del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero. Este departamento cuenta con una secretaría de Estado -a cuyo frente se encuentra Noelia Vera- y tres direcciones: Igualdad de trato y diversidad étnica-racial, Diversidad sexual y derechos LGTBI e Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades. También depende de este ministerio la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En el caso de Trabajo y Economía Social, son nueve los altos cargos (incluida la ministra Yolanda Díaz y su directora de gabinete) que integran su organigrama: un secretario de Estado, una secretaría general técnica, un subsecretario, dos direcciones generales (Trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad de las empresas, y Trabajo), una directora-gerente de una fundación estatal (Prevención de Riesgos Laborales) y el director general del organismo autónomo estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

PP: "Exorbitante e innecesaria"

Durante la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, el Consejo de Ministro aprobó varios reales decretos ampliando el número de altos puestos en varios departamentos, lo que motivó las críticas de la oposición. "En una situación de calamidad nacional y con situaciones particulares de extrema necesidad, es una provocación mantener una estructura de altos cargos y personal exorbitante e innecesaria. Pero lo más grave es que, en plena crisis, hayan aprobado normas para incrementar todavía más el tamaño de los puestos directivos de la Administración del Estado", censuró el diputado Mario Garcés, portavoz adjunto del PP en el Congreso y coordinador de Asuntos Económicos.

Por boca de la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha respondido a estos reproches enmarcando dichas designaciones en la "normalidad" de las decisiones que tiene que adoptar una institución pública y en la "eficacia" que se le exige, advirtiendo del riesgo que -a juicio de la titular de Hacienda- supone abrir ese debate.