El lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, ha rechazado que el Gobierno de España haya cerrado una negociación 'a la carta' con Euskadi y que el acuerdo de endeudamiento que finalmente ha facilitado su presencia hoy en la XXI Conferencia de Presidentes suponga "un agravio" respecto al resto de Comunidades Autónomas. Durante su comparecencia ante los medios, Urkullu ha recordado que el País Vasco es una nacionalidad histórica "reconocida por la Constitución" y que eso conlleva una relación bilateral específica en materia financiera que no se da en el resto de regiones: "Nosotros nos financiamos a nosotros mismos, es un riesgo unilateral que asumimos", ha recordado.
Por ello, ha subrayado que conocer cuál es la senda de endeudamiento con la que podrá contar era una exigencia justificada y debida por la singularidad de Euskadi. En este sentido, ha recordado que el fondo de 16.000 millones de euros en ayudas del que hoy se ha tratado en la Conferencia el País Vasco no participará en el apartado relativo a ayudas por caídas en la recaudacion: "Nosotros no participamos de esos 5.000 millones previstos, por eso nos urgía el acuerdo, no es ningún agravio. A nosotros no nos financia el Gobierno de España, somos nosotros los que nos financiamos a nosotros mismos pero tenemos que conocer cuál será nuestra senda de endeudamiento".
Ha recordado cómo ya el pasado 11 de marzo se cerró un compromiso para celebrar una Comisión Mixta del Concierto en la que se acordó que antes de la primera semana de julio se debía cerrar un acuerdo sobre el nivel de deuda. Finalmente no ha sido hasta esta mañana, y después de que Urkullu amenazara en los últimos días con no acudir hoy a San Millán de la Cogolla, cuando se ha podido firmar un acuerdo. Así, Euskadi podrá endeudarse en el equivalente al 2,6% del PIB por parte del Gobierno vasco y además podrá elevar el nivel de deuda de sus tres diputaciones en un importe por definir en una próxima Comisión Mixta del Concierto a celebrara antes de la segunda quincena de septiembre.
1.800 millones
Por el momento supone un endeudamiento autorizado de casi 1.800 millones de euros que con el incremento de deuda foral llegaría a compensar de modo importante la caída de la recaudación de las haciendas vascas que se estima en cerca del 18%, algo menos de 3.000 millones de euros.
El lehendakari en funciones ha detallado cómo hasta primera hora de esta mañana no ha confirmado su presencia en la Cumbre de Presidentes. Ha relatado cómo ayer por la tarde mantuvo una conversación telefónica con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que desbloqueó la situación y tras la cual ambas partes iniciaron una negociación que se prolongó hasta bien avanzada la noche y se ha reanudado a primera hora de esta mañana. "Por si acaso yo decidí acercarme a San Millán de la Cogolla y tras confirmarse, en torno a las 08.15 horas, que había acuerdo he tomado al decisión de acudir".
Por otro lado se ha felicitado de que ahora se plantee un reparto de los fondos y un plan de actuación ante la crisis en términos de "cogobernanza", como él ha venido reclamando en las anteriores reuniones telemáticas de la Conferencia de Presidentes. Ha advertido que además de un uso "terminológico" la cogobernanza debe tener una aplicación real. Ha confiado en que la comisión interministerial que se anuncia y los canales de comunicación con las comunidades autónomas que se plantean puedan ser eficientes.
También ha reclamado la necesidad de que se mejore e incremente la comunicación entre comunidades autónomas, "especialmente entre las colindantes" para abordar de modo coordinado la salida de la crisis y la lucha contra la pandemia.
En relación al reparto de los fondos europeos, el lehendakari ha señalado que la prioridad ahora no debe ser el cuánto sino el para qué se emplean y saber destinarlos a fines ajustados a los retos planteados por Europa en clave de transición ecoĺogica y digital y de refuerzo sanitario. No ha ocultado que la especial situación en la que se encuentra Euskadi, al igual que Galicia, en pleno proceso de constitución de su Parlamento y su Gobierno tras las elecciones del 12-J, complica la elaboración de los planes para demandar esas ayudas, y cuyo plazo se ha fijado para el mes de marzo, pero que confía en poderlos presentar del mejor modo posible.
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