Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno, Donald Trump no había cumplido aún su primer año en la Casa Blanca, la Audiencia Nacional había dictado días antes orden internacional de detención para Carles Puigdemont y el resto de ex consellers huidos tras el 1-O, y Cristiano Ronaldo seguía siendo la estrella del Real Madrid de Zinedine Zidane en la primera etapa de éste como entrenador. El almanaque marcaba el 5 de noviembre de 2017.

Aquel domingo de otoño, José Manuel Villarejo -el agente encubierto que desempeñó algunos de los trabajos más delicados de los ‘bajos fondos’ del Estado por encargo de los sucesivos gobiernos- ingresó como preso preventivo en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) tras su detención en la Operación Tándem como presunto líder de una "red mafiosa policial" o "parapolicial" que se habría lucrado prestando trabajos de espionaje a través de su grupo empresarial merced a sus contactos en la Policía Nacional y la información confidencial a la que tenía acceso gracias a ellos. A punto de llegar a los 69 años, el comisario ya retirado cumple este sábado 1.000 días entre rejas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional siguen destejiendo la madeja que representa la macrocausa Tándem. Los servicios prestados por el comisario ya jubilado a través de su grupo empresarial cuando se encontraba aún en activo en el Cuerpo Nacional de Policía dejan un reguero de daños colaterales que afectan a actores de primer nivel, desde el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias al mismísimo rey emérito pasando por la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores Cospedal o la fiscal general del Estado y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Villarejo llevaba ocho meses en prisión preventiva cuando se filtró a la prensa la conversación en la que la ex amante del rey emérito Corinna Larsen le contó que el padre de Felipe VI recibió 100 millones de dólares de Arabia Saudí y que recurrió al gestor suizo Arturo Fasana para ocultar su dinero en sociedades offshore.

Esa conversación, grabada en 2015 en Londres por Villarejo sin el consentimiento supuestamente de la empresaria danesa, fue el hilo del que tiró el fiscal suizo Yves Bertossa para iniciar su investigación por presunto blanqueo agravado contra Larsen, el gestor de fondos Arturo Fasana y el abogado Dante Canonica. Los dos últimos abrieron una cuenta en el banco suizo Mirabaud a nombre de la Fundación Lucum, con Juan Carlos I como principal beneficiario para que éste recibiera allí los 65 millones de euros (100 millones de dólares) del rey saudí Abdul Aziz Al Saud. Con posterioridad, prácticamente la misma suma fue transferida a una cuenta de Corinna Larsen en un banco de Bahamas. De ahí que el fiscal suizo sospeche que la mujer pudo actuar como testaferro.

Las grabaciones subrepticias del comisario impulsan investigaciones que afectan al rey emérito, clientes VIP, la antigua cúpula policial...

Cinco años después, el escándalo ya es insalvable para la Casa del Rey. El jefe del Estado, en su verano más difícil por la pandemia del coronavirus que golpea a España y las informaciones de presunta corrupción que señalan a su padre, sopesa cómo marcar distancias con el emérito, investigado ya por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Con la información que remita Suiza y probablemente se reclame a otros países, y el trabajo de investigación que realice el equipo del fiscal experto en delitos económicos Juan Ignacio Campos, la fiscal general Dolores Delgado decidirá en los próximos meses si presenta o no una querella contra Juan Carlos I ante la Sala Segunda del alto tribunal por presuntos delitos fiscal y de blanqueo de capitales.

Solicitaría, si los delitos no han prescrito y los hechos sucedieron cuando ya no le protegía la inviolabilidad como jefe de Estado tras abdicar la Corona en favor de su hijo en junio de 2014, que se investigue si cobró una comisión millonaria por mediar para que empresas españolas recibieran el contrato de ampliación del AVE a La Meca y ocultó dicha fortuna a Hacienda.

En el auto por el que el que se reabre la pieza Carol para investigar si Corinna Larsen encargó a la empresa de Villarejo que investigara a su ex asistenta personal por sospechar que filtraba información de su vida privada, el juez García-Castellón reseña que la Agencia Tributaria contestó que el rey emérito no presentó declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Tampoco había constancia de que el monarca tuviera cuentas bancarias en el exterior.

Las revelaciones de Larsen en la ya famosa cinta de Villarejo, que publicaron en julio de 2018 El Español y Okdiario, han hecho temblar uno de los pilares del Estado democrático de Derecho, la Jefatura del Estado, a pesar de que los partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados (PP y PSOE) insistan en desvincular a Felipe VI de las actuaciones de su padre en el pasado. El audio apareció durante el registro que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional llevó a cabo en casa del socio de Villarejo, Rafael Redondo, a principios de noviembre de 2017.

La guerra con 'El generalísimo'

El agente encubierto -investigado por presuntos delitos de organización criminal, revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales- está seguro de que su detención y encarcelamiento es una represalia del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, una de las personas de máxima confianza del rey emérito y con el que mantiene un abierto enfrentamiento desde hace años.

Los dos espías tienen su mejor seguro de vida en la información sensible (la más sensible del Estado) a la que accedieron durante sus años en activo. Villarejo afirmó en una entrevista con El Independiente que el propio Sanz Roldán y miembros de su equipo entraron en el domicilio de Corinna Larsen para recuperar información de Juan Carlos I y que la sometieron a amenazas y presiones, como ella misma ha denunciado también, para que no contara lo que sabía sobre el ex jefe de Estado español.

La empresaria ha relatado ese episodio en una declaración jurada que firmó ante una notario de Londres el 9 de abril de 2019 y previsiblemente se ratificará en estos extremos cuando el próximo 18 de septiembre declare como testigo en el juicio por calumnias y denuncia falsa al que se someterá Villarejo tras denunciar en entrevistas periodísticas que Larsen fue amenazada por el entonces jefe fe los servicios de Inteligencia españoles. El fiscal pide dos años de prisión para él.

Para el comisario jubilado, aquella fue su 'sentencia de muerte'. En las misivas que envía desde prisión a los medios de comunicación a través de su defensa, acusa al CNI y a Sanz Roldán de estar detrás de las filtraciones que han ido saliendo a la luz y sobre las que la Audiencia Nacional ha iniciado sucesivas piezas de la macrocausa Tándem en la que Villarejo figura como principal imputado. Para los investigadores, es el líder de una "red mafiosa policial" o "parapolicial" que se enriqueció, a través de su empresa privada Cenyt, de trabajos de espionaje encargados por las altas esferas políticas y empresariales conociendo información confidencial a la que accedía por sus contactos en la Policía.

Arrastra a la antigua cúpula policial

Precisamente junto a Villarejo también están investigados en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional los hombres que ocuparon algunos de los puestos más importantes de la Policía en los últimos años, como Enrique García Castaño El gordo -ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, encargada de los trabajos de Inteligencia contra ETA- o el ex director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino.

El primero de ellos irá a juicio por colaborar presuntamente con Villarejo en los negocios privados de espionaje con los que ganó millones de euros, aportándole supuestamente información confidencial. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el instructor García-Castellón consideran que a cambio de su ayuda recibió dádivas y dinero en efectivo. García Castaño lo niega rotundamente.

Precisamente la Unidad de Asuntos Internos también encontró en los registros a Villarejo conversaciones grabadas por éste sin el permiso de García Castaño de las que se entiende que el ex jefe de la UCAO se comprometió a dar información confidencial a Villarejo sobre distintas personas y que le habría ayudado, por ejemplo, a identificar el cruce de miles de llamadas entre empresarios de primer orden por encargo del exjefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, para saber si Sacyr quería hacerse con el control del consejo de administración del banco a finales de 2004. Él defiende que si en algún momento entregó información a Villarejo lo hizo pensando que trabajaba en alguna operación antiterrorista o por encargo del Estado.

La difusión del audio de su reunión con Corinna es el cabo del que empezó a tirar el fiscal suizo y que compromete a Juan Carlos I

No es el único alto cargo policial al que han arrastrado a los tribunales las grabaciones y documentos encontrados al comisario, en prisión preventiva desde hace casi tres años. Tanto García Castaño como Eugenio Pino y el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas están investigados junto a Villarejo en la pieza Kitchen del caso Tándem.

En esta rama de la macrocausa se investiga si el Ministerio de Interior, durante el Gobierno de Rajoy, encargó a un grupo de policías (conocidos ya como la policía patriótica) hacer seguimientos al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y recuperar documentos en su poder que podían perjudicar a altos cargos del PP. García Castaño sostiene que entregó lápices de memoria al ex secretario de Estado de Seguridad también investigado, Francisco Martínez, con información que se fue obteniendo de las pesquisas y que no fueron entregados al juez Pablo Ruz que en aquél momento (2013) ya investigaba a Bárcenas por supuesta financiación irregular del PP.

Interior ha constatado que el chófer de Bárcenas, al que se contrató como colaborador policial, recibió 2.000 euros al mes durante dos años con cargo a los fondos reservados. La declaración de Francisco Martínez a la vuelta de vacaciones podría ayudar a despejar si existió o no la denominada operación Kitchen -nombre acuñado por Villarejo- como un encargo del Gobierno, puesto que el Ministerio de Interior no ha encontrado en las bases de datos ninguna operación oficial con dicho nombre ni ‘Cocinero’, ‘K’ o ‘cocina’, como pidió revisar el juez del caso Tándem.

Políticos de primer orden, en el punto de mira

La clase política conocía la influencia y relaciones de alto nivel del comisario Villarejo, de ahí que algunos políticos de primer orden -como la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores Cospedal- recurrieran a él. Según otra grabación obtenida de manera irregular por el policía ya jubilado, se habría reunido con Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, en la sede nacional del PP de la calle Génova el 21 de julio de 2009, un día antes de que Bárcenas declarara como investigado en el Tribunal Supremo al inicio de la investigación del caso Gürtel.

Villarejo, al que López del Hierro recogió en la sede de su empresa Cenyt en el Paseo de la Castellana y trasladó en coche hasta la sede del PP, según desveló Moncloa.com en 2018, presumió de conocer los primeros pasos del caso que ya tiene varias sentencias. Una de ellas, la de Gürtel Época I, con el PP condenado como partícipe a título lucrativo de las actividades corruptas de Francisco Correa.

La reunión de 2009 fue la única en la que De Cospedal estuvo presente, aunque López del Hierro tuvo otros encuentros con el comisario para obtener información del caso, según se publicó en 2018. Pocos días después de salir a la luz los audios, la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa decidió abandonar la política para no perjudicar a su partido. En enero de este año pasó del Tribunal Supremo, donde desempeñaba su labor como abogada del Estado, al despacho de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Pero María Dolores de Cospedal no fue la única política a la que los audios de Villarejo pusieron en un apuro. La ex ministra de Justicia Dolores Delgado, hoy fiscal general del Estado y quien tendrá que decidir si presenta o no la querella contra Juan Carlos I por la gestión de su fortuna en el extranjero, también compartió mesa y mantel con el comisario ahora en prisión preventiva.

Pocos meses de la reunión en Génova con De Cospedal y López del Hierro, Villarejo celebró que la Policía le hubiera concedido una medalla pensionada con un almuerzo al que asistierion Dolores Delgado, el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y varios mandos policiales. También grabada de forma subrepticia por el comisario, en esa comida se habló en tono jocoso y de alta confianza entre los presentes sobre asuntos de la Audiencia Nacional, donde Delgado ejercía como fiscal especializada en terrorismo. Villarejo se refirió a Delgado como ‘Lola’ y a Garzón como ‘Balta’, y en el tono de su conversación se vio claro que no era precisamente la primera vez que se encontraban.

Iglesias y su teoría de las 'cloacas'

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tampoco escapa al caso Villarejo. La investigación sobre el robo del móvil de su asesora en el Parlamento Europeo en 2015, Dina Bousselham, ha destapado que el líder de Podemos estableció una teoría sobre las ‘cloacas del Estado’ que explotó en sus mítines de la campaña correspondientes a las elecciones generales del 28 de abril de 2019 a sabiendas de que no era cierta.

A finales de 2015, Bousselham denunció ante la Policía el robo de su móvil en un centro comercial de Alcorcón (Madrid). Meses más tarde, en julio de 2016, mensajes de Telegram contenidos en el interior del dispositivo aparecieron publicados en el digital Okdiario y poco después en El Mundo y El Confidencial. Precisamente eran mensajes de conversaciones entre miembros de Podemos que dejaban en mal lugar a Iglesias, puesto que hizo un comentario machista y vejatorio hacia la periodista Mariló Montero.

Cuando Villarejo fue detenido, una copia del volcado del móvil de su antigua colaboradora apareció en los registros de su domicilio. El juez García-Castellón ofreció a Iglesias figurar como perjudicado en la causa, igual que a Bousselham, y cuando fue a declarar explicó que Villarejo pudo estar detrás de la filtración de esos mensajes a Okdiario para perjudicar a Podemos, que cuando se publicaron los mensajes se perfilaba como segunda fuerza política en las encuestas. Encuadró los hechos en una trama de las ‘cloacas policiales’ por encargo de Interior para perjudicar a su partido, igual que la filtración del falso informe policial Pablo Iglesias SA (PISA) a la prensa.

Sin embargo, el avance de la investigación ha permitido conocer que el propio Iglesias recibió meses antes que Villarejo una copia de la tarjeta móvil de Bousselham y no se la devolvió a la afectada. También que ella misma compartió los pantallazos de dichas conversaciones con terceras personas, por lo que su 'teoría de las cloacas' se desmorona. El juez ha llegado a valorar, incluso, proponer que el Tribunal Supremo -órgano jurisdiccional ante el que está aforado- le investigue por retener la tarjeta de su colaboradora obstaculizando que se aclarara el robo de su móvil.

Villarejo ha vuelto a pedir su excarcelación alegando que forma parte del grupo de riesgo en caso de que se contagiara por covid-19

A la espera de que progrese la investigación en ésta y otras de las piezas separadas en que se ha ido desgajando el sumario, el juez García-Castellón ha dado ya por cerrada la investigación de tres de las ramas de esta macrocausa (Land, Iron y Pintor) y en las que la Fiscalía Anticorrupción pide penas que superan los 109 años de cárcel para el antiguo agente encubierto.

En sendos recursos de reforma contra dichas resoluciones judiciales, Villarejo ha vuelto a pedir su puesta en libertad esgrimiendo el "notable y acelerado empeoramiento" de su estado de salud -se han acentuado sus problemas de cadera- y su pertenencia al grupo de alto riesgo en caso de resultar contagiado por la covid-19 debido a las patologías que ya presentaba antes de ingresar en prisión (hipertensión). La prisión madrileña en la que se encuentra es la que ha registrado mayor número de contagios de todos los centros penitenciarios gestionados por el Ministerio del Interior (50 infectados y dos internos fallecidos), motivo por el que fue recluido en su celda durante 21 días sin poder salir durante la fase aguda de la pandemia.

La defensa del comisario ya retirado -dirigida por el abogado jiennense Antonio José García Cabrera- ha propuesto como medidas cautelares que se le retire el pasaporte y se le impida abandonar el país a su representado, así como que se le imponga la obligación de acudir cada día al juzgado de su localidad o al puesto de la Guardia Civil para acreditar que no se ha fugado o bien que se le coloque un mecanismo de control telemático. Esta petición no ha sido resuelta todavía y Villarejo, el policía que hizo temblar los cimientos del Estado con una grabadora, sigue siendo el preso más célebre de Estremera.