Ni los policías nacionales y guardias civiles verán incrementadas las nóminas en las cantidades que se habían anunciado, ni se ha desembolsado un euro de los 300 millones previstos para incentivar el reingreso al servicio activo del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada, ni hay visos de que vaya a empezar a redactarse a corto plazo la ley que evite que en el futuro pueda agrandarse la brecha retributiva con los Mossos d'Esquadra que ahora se ha pretendido cerrar.

El acuerdo que el Ministerio del Interior firmó en marzo de 2018 con cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, Unión de Oficiales, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) habrá supuesto una histórica subida salarial cuando en unos meses se abone el tercer y último tramo (247 millones de euros), pero no cumplirá el objetivo de lograr la equiparación total de las nóminas con las de las policías autonómicas que se anunció hace poco más de dos años.

Cuando el equipo de Zoido puso encima de la mesa el 27 de febrero de 2018 su última oferta después de semanas de negociaciones, se garantizó que un policía nacional ganaría de media 561,44 euros brutos mensuales más en 2020. De acuerdo con los datos aireados ahora por la Confederación Española de Policía (CEP), el promedio se situará en 422 euros. La diferencia es sustancial: 139 euros.

A título ilustrativo, un mosso con el mismo nivel que un oficial de policía (escala básica) con cinco trienios gana hoy 385 euros más, como puede comprobarse en las nóminas que se reproducen bajo estas líneas. Esa cantidad se reducirá en 122 euros cuando se abone el tercer tramo, pero aún se mantendrá una diferencia mensual de 263 euros por las mismas funciones y nivel de responsabilidad.

"Si algo no es esto es la equiparación salarial. Sólo vemos una subida de sueldos, histórica sí, pero insuficiente. Nuestro objetivo es claro: la equiparación salarial real. Se han vulnerado cláusulas del acuerdo, se ha pagado tarde y se va a cobrar una cantidad muy lejana a los 561 euros que se prometieron", reconoce el secretario general de la CEP, Víctor M. Vigil.

Tampoco se alcanzarán los 720,46 euros que se anunciaban para los guardias civiles, funcionarios a los que se acordó destinar el 59 % de los 807 millones comprometidos (476,7 millones) al partir de una posición más desfavorable que los policías nacionales. Estos recibirían los 330,3 millones restantes, si bien finalmente ingresarán 4,3 millones más al detraérsele este importe a la Guardia Civil en 2019.

"No hemos logrado la equiparación real con los mossos, pero es indiscutible el avance en el actual contexto socio-económico. Nos deja más cerca de las retribuciones de la Policía de la Generalitat", resume el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García Ruiz. Este capitán estampó la firma en el acuerdo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de marzo de 2018 y rubricó el pasado lunes el acta de la reunión de la comisión técnica de seguimiento en la que se acordó cómo se van a repartir entre los diversos empleos de la Guardia Civil los 145,73 millones que le corresponden de los 247 millones del tercer tramo.

A la izquierda, la nómina correspondiente al mes de julio de 2020 (aún sin el abono correspondiente al tercer tramo de la equiparación salarial) de un oficial de policía nacional con cinco trienios. A la derecha, la de un mosso con similar función.

El reparto será lineal en todas las escalas de la Policía, si bien se aplicará un índice corrector del 0,4 % al alza en la de subinspección al ser la que se encuentra más alejada del objetivo de la equiparación. En el caso de la Guardia Civil se ha propuesto realizar 22 ajustes en el Complemento Específico Singular (CES) de determinados puestos de trabajo y llevar a cabo el reparto del dinero según un coeficiente que oscila entre el 1 % para los agentes rasos (el 77,4 % de la plantilla) y el 1,50 % para los comandantes, tenientes coroneles, coroneles y generales.

Junto con AEGC y UniónGC, la mayoritaria AUGC se ha desmarcado de esta distribución y confía aún en que la Secretaría de Estado de Seguridad pueda aún corregirla antes de que se lleve a cabo el ingreso en las nóminas. "No estamos de acuerdo porque beneficia a las escalas superiores. Y los empleos más altos ya estaban equiparados con los Mossos antes del acuerdo", defiende el Secretario de Comunicación, Pedro Carmona. Éste califica de "sustancioso" el incremento salarial que se registrará cuando se materialice el tercer abono, al tiempo que insta a Interior a cumplir íntegramente lo pactado en 2018.

Discrepancias con el reparto

Tampoco ha habido una posición única entre los sindicatos con representación en el Consejo de Policía sobre cómo distribuir los 101,27 millones que les corresponden en 2020. "Es incomprensible que las organizaciones sindicales SUP, CEP y UFP, que cuentan todas ellas con afiliados en las escalas de subinspección, ejecutiva y superior, ni siquiera entraran a debatir nuestra propuesta para que el tercer tramo se repartiera de forma proporcional ascendente, optando una vez más por firmar la linealidad", critica el portavoz del SPP, Adolfo Medina.

Pese a mostrarse muy crítico con la cantidad asignada al Cuerpo Nacional en el tercer tramo, la distribución interna que se aplicará y la falta de un estudio riguroso que analice las diferencias retributivas puestos a puesto, el SUP valora positivamente lo que se ha conseguido en los dos últimos años. "Con el cobro del tercer tramo se culminará el mayor aumento económico de toda la historia de la Policía Nacional. Ha sido un trabajo duro y difícil pero la nómina de los policías, una vez se reciba la cuantía de este año con efectos retroactivos desde el 1 de enero, se ha incrementado en varios cientos de euros mensuales que, con los aumentos de la Función pública, suponen un 20% más ya de lo que se cobraba en 2018", destaca la secretaria general, Mónica Gracia.

Interior pagará el tercer y último tramo sin que se haya logrado la igualdad retributiva de policías y guardias civiles con los Mossos

En esta línea, el secretario de Acción Sindical de la UFP, José María Benito, considera que la valoración sólo puede ser positiva: "Es un acuerdo histórico dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ni en nuestros mejores sueños hubiéramos pensado en una subida salarial de este calibre. No sólo nosotros, sino cualquier cuerpo de funcionarios". Este inspector de policía reconoce que, con la situación económica derivada de la pandemia, llegó a dudar de que Interior pagara el tercer tramo. La previsión es que se cobre como muy tarde el próximo mes de noviembre, con efecto retraoactivo desde el 1 de enero.

Si las nóminas de los policías nacionales y guardias siguen sin equipararse a las de los mossos cuando a final de año reciban el tercer cobro es en parte porque el número de funcionarios entre los que se repartirá el dinero es muy superior en ambos Cuerpos al que se manejó cuando el Ministerio del Interior -con Mariano Rajoy aún en la Presidencia del Gobierno- puso encima de la mesa su propuesta de 807 millones de euros y se plantó.

En el caso de la Guardia Civil, el cómputo se hizo sobre una plantilla formada por 75.773 agentes. Las ofertas públicas de empleo de los últimos años han propiciado un aumento de 4.510 funcionarios hasta los 80.283, con lo que el dinero a percibir individualmente se reduce. En la Policía Nacional, se contabilizan hoy 68.960 agentes, frente a los 63.244 que había cuando se negoció el acuerdo.

De pedir 1.500 millones a aceptar 807

Tanto los sindicatos policiales como las asociaciones profesionales de la Guardia Civil que firmaron el acuerdo de equiparación salarial eran conscientes de que los 807 millones que el Gobierno estaba dispuesto a desembolsar en el trienio 2018-2020 eran insuficientes para cerrar totalmente la brecha retributiva con las policías autonómicas. Durante las negociaciones, de hecho, las organizaciones llegaron a cuantificar en 1.500 millones de euros el dinero que ineludiblemente se requería para alcanzar tal fin.

Para hacer posible el acuerdo a la vista de las diferencias entre lo que se exigía y lo que se ofrecía, el equipo de Interior -bajo la batuta de José Antonio Nieto, entonces secretario de Estado de Seguridad- se comprometió a contratar los servicios de una auditora externa que fijara "criterios objetivos de análisis" para garantizar que los 807 millones prometidos suponían la igualdad salarial "total y absoluta". "Dicha consultoría analizará las cifras de equiparación puesto a puesto y fijará las correcciones que sean necesarias, que serán incorporadas una vez finalizado el trabajo de la consultora", se lee en la cláusula primera del acuerdo.

Cláusula en el acuerdo firmado por la que Interior se comprometía a la equiparación "total y absoluta".

En la práctica, ese compromiso ha quedado en papel mojado. El nuevo equipo que llegó al Ministerio del Interior tras prosperar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa mantuvo la realización de la auditoría, pero desvirtuó el resultado del trabajo al obligar a los técnicos de la consultora a ceñir su análisis comparativo a los 807 millones. Ni un euro más. Ello motivó que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska devolviera la primera versión recibida, en la que Ernst&Young Abogados SLP concluía que la citada cantidad eran insuficiente.

El informe no sólo estaba hipotecado por esa condición. Tampoco ha respondido al encargo de que hiciera un estudio comparativo "puesto a puesto" entre los tres Cuerpos policiales, en gran medida porque la Generalitat de Cataluña se negó a facilitar el detalle de las "percepciones retributivas" de los Mossos d'Esquadra. La no disposición de esos datos invalida en gran medida cualquier conclusión. 

No son los únicos errores que los sindicatos y asociaciones profesionales reprochan a Ernst&Young, a la que se adjudicó el estudio tras ofrecerse a hacerlo por 120.516 euros. También no haber tenido en cuenta el incremento de efectivos que se produciría, haber clasificado de forma errónea a miles de funcionarios y no haber contabilizado a los facultativos y técnicos de la Policía y a 1.928 oficiales con especialidad, entre otras cuestiones. Por todo ello, ni una sola de las 11 organizaciones firmantes del acuerdo han dado por bueno el trabajo de la consultora, recurrido judicialmente.

En las comisiones de seguimiento, la cúpula de Interior ha dejado claro a los representantes de los policías nacionales y de los guardias civiles que no encargará un nuevo informe comparativo, de lo que se deduce que el actual Ejecutivo pretende dar por ejecutado el acuerdo que heredó cuando abone el tercer tramo. Máxime cuando el Consejo de Estado, en un dictamen emitido el 21 de marzo de 2019, ya ha dicho que el acuerdo firmado por el Ejecutivo del PP no le vincula jurídicamente.

El desembolso del dinero para la segunda actividad y la ley que evite la brecha en el futuro, los puntos del acuerdo que siguen pendientes

La covid-19 ha obligado al Ministerio del Interior a asumir cuantiosos gastos no previstos, como la compra de abundante material sanitario para proteger a sus funcionarios en el ejercicio de su trabajo. A ello se suman las reivindicaciones de otros colectivos profesionales -como el de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias- y la reciente sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que obligará a la Dirección General de la Policía a pagar a unos 15.000 agentes que prestan servicio en turnos rotatorios el complemento por su mes de vacaciones que no les abona desde 2016. 

Hay otra cuenta que no sale. El compromiso publicado en el BOE en marzo de 2018 preveía una partida anual de 100 millones de euros durante tres ejercicios para incentivar el reingreso al servicio activo del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada. De esa cantidad no se ha desembolsado hasta ahora un solo euro, lo que constituye uno de los argumentos que esgrime Jusapol -la plataforma que unió a policías nacionales y guardias civiles a finales de 2017 para reivindicar en la calle la equiparación salarial- para denostar el acuerdo firmado hace dos años por la mayoría de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil.

"Dijimos desde el principio que eso no era la equiparación salarial, que los 807 millones eran insuficientes. Y ellos lo sabían. Creemos que hubiera sido mejor no firmar el acuerdo, porque se ha malgastado una bala importante. Había margen para seguir apretando hasta alcanzar la igualdad: el movimiento Jusapol estaba en su momento más álgido, teníamos un apoyo social impresionante... Se firmó prácticamente lo primero que se puso encima de la mesa", censura el presidente de esta plataforma, Miguel Ángel Gómez.

Jubilación a los 59 años

Según sus cálculos, un mosso seguirá ganando "más de 500 euros al mes" que un policía cuando se abone el tercer tramo y podrá seguir jubilándose a los 59 años sin sufrir "prácticamente" penalización en su pensión, a diferencia de lo que le ocurre a los funcionarios del Cuerpo Nacional si deciden retirarse a dicha edad.

Tampoco se ha producido avance alguno en relación con el impulso de las medidas legislativas al que se comprometía Interior a fin de garantizar que en el futuro no se volviera a producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones, como prevé el acuerdo en su cláusula octava. Es otra de las grandes asignaturas pendientes.

"Queda mucho por hacer y los partidos políticos tienen que demostrar que de verdad nos apoyan con una ley que ponga fin a las injusticias salariales en Policía Nacional y, en el caso de los que gobiernan, con medidas concretas que repercutan en las nóminas. La seguridad, como la sanidad o la educación, son servicios básicos esenciales y en todos ellos hay que invertir más dinero", reivindica Víctor M. Vigil.

Fuera del bloque que pactó con Interior, Jusapol defiende que el único camino para lograr la equiparación salarial de manera real es mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), motivo que le llevó a recoger más de medio millón de firmas para llevarlas al Congreso de los Diputados y que pudiera tramitarse. De momento, tampoco esta vía ha surtido efecto.

Veto a la ILP

El pasado 3 de marzo, la mayoría que suman PSOE y Unidas Podemos en la Mesa del Congreso vetó su tramitación, al entender que la ejecución de la medida conllevaría un gasto "inasumible" de cerca de 1.900 millones de euros. Los dos partidos que sustentan el Gobierno tumbaron el 4 de junio la proposición de ley defendida por Vox para hacer efectiva la equiparación.

Lejos de rendirse, Jusapol -cuyo brazo en la Policía Nacional (Jupol) es el sindicato mayoritario en dicho Cuerpo desde junio de 2019- anuncia una ofensiva en los tribunales con varios frentes distintos y la vuelta a las movilizaciones cuando se den las condiciones de seguridad necesarias a fin de no contribuir a propagar el coronavirus. La lucha por el objetivo de la equiparación salarial aún no ha terminado.