La mayoría de los presidentes autonómicos ha encendido las luces de alarma respecto de los criterios en el reparto del fondo europeo de reconstrucción. La decisión del Gobierno de vincular éstos a proyectos y no a criterios objetivos como la población, la dispersión, el envejecimiento o el impacto del Covid, ha creado una profunda desconfianza, pero no sólo entre los presidentes populares sino también entre no pocos socialistas, como el castellanomanchego o el valenciano, esto es, Emiliano García Page y Ximo Puig, respectivamente

Ese anunció constituyó una de las grandes sorpresas de la conferencia de presidentes celebrada el viernes en el monasterio riojano de Yuso. Sobre la mesa sólo había dos asuntos: las medidas en la lucha contra la pandemia del Covid y el reparto de los 140.000 millones que vendrán de la Unión Europea en subvenciones y préstamos. Y ha sido este punto el que ha generado más inquietud. Era evidente que el Gobierno no podía llegar con un plan cerrado, pero sí con un criterio que no creara una enorme sombra de "discrecionalidad" como denunciaron la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

El malestar arrancó por el trato de favor al PNV para aque Urkullu acudiera a la cita

La cita arrancó con un malestar indisimulable por parte de muchos presidentes al enterarse que la presencia del vasco Íñigo Urkullu respondía a un acuerdo de última hora por el cual su comunidad tendrá un déficit provisional del 2,6 por ciento, además del compromiso de celebrar en septiembre una reunión de la comisión mixta bilateral sobre el Concierto Económico. Fue el andaluz Juan Manuel Moreno el que con más dureza criticó dentro y fuera de la conferencia lo que entiende de agravio comparativo con el resto del país.

También Díaz Ayuso arremetió contra el "déficit a la carta", de modo que "no se puede pedir que unas comunidades tengan más independencia y, sin embargo, otras, menos autonomía". Pero fue García Page el que verbalizó el riesgo de que con este fondo de reconstrucción el gobierno central pueda tener la tentación de pagar favores políticos a cambio de apoyos parlamentarios. Si ese reparto no se va a decidir "ni por habitantes ni por hectáreas, que no se decida por aritmética parlamentaria y que uno o dos diputados no decidan por el conjunto de España".

Si "reclamamos a Europa que haya igualdad y justicia y que todo se guíe por el concepto de cohesión, pedimos lo mismo internamente", defiende. Por eso, el presidente castellanomanchego apuesta por mirar a largo plazo -"en un país acostumbrado al corto"- para hacer posible un "apoyo global de los Presupuestos, que deben ser más del Estado y del país que nunca". También para transmitir "seriedad, seguridad y credibilidad" fuera de nuestras fronteras y no pagar más peajes políticos.

Lo cierto es que Sánchez está ayuno de apoyos parlamentarios que le aseguren, hoy por hoy, unas Cuentas de reconstrucción para el año que viene, y ahí reside el temor a que use parte de los millonarios fondos europeos para recompensar a territorios como País Vasco o Cataluña con el objeto de asegurarse el voto de los seis diputados del PNV y de los trece de ERC.

La decisión final, en manos de Iván Redondo

Y, además, que sea el jefe del Ejecutivo el que dirija la comisión interministerial que tendrá la última palabra a la hora de determinar qué proyectos merecen financiación y cuáles no, no resulta lo más tranquilizador para muchos presidentes autonómicos. En definitiva, temen que la decisión sea más de orden político que económico y que el director de gabinete de Sánchez y autodenominado "humilde asesor", Iván Redondo, sea el que establezca las prioridades de esas ayudas.

El valenciano Ximo Puig apoya las tesis de su compañero de partido. "España ha pedido en Europa equidad y convergencia, que se tratara mejor a aquellos territorios con peor situación y eso hay que trasladarlo al ámbito español desde proyectos potentes, pero es fundamental que se tenga en cuenta la realidad de partida de cada Comunidad", alertó en declaraciones públicas al término de la conferencia de presidentes no sin dejar de dar por buenas "las garantías de Sánchez" en este sentido.

Del lado popular, Alberto Núñez Feijóo dice esperar que los fondos "se transfieran de forma correcta en base a proyectos que den rentabilidad económica, tractores, y que dinamicen la economía", pero se mostró refractario a que sean "tutelados por la administración central y le hemos pedido cogobernanza", muy en la línea de Ayuso, defensora de que sean los presidentes autonómicos los que gestionen el 50 por ciento de los fondos europeos.

En septiembre se reunirá una nueva conferencia sectorial del fondo de recuperación

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, no sólo tiene reparos al sistema de reparto del fondo europeo de reconstrucción, sino que es profundamente crítico respecto a la distribución de los 16.000 millones del fondo Covid por creer que "no se ha tratado igual a todos los españoles". Defiende que el criterio por proyectos no puede servir "en modo alguno para discriminar o repartir de forma arbitraria ese fondo, que debe basarse en la población y compensar la actividades más perjudicadas. No puede ser que al final del reparto, como ya ha ocurrido, encontremos que hay españoles que han recibido hasta cuatro veces menos".

No se presenta nada fácil la cuestión. Uno de los acuerdos surgidos de esta conferencia es la convocatoria, en el mes de septiembre, de una conferencia sectorial del fondo de recuperación que dirigirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escenario en el que se dirimirán, entre otras cuestiones, las sospechas de no pocos presidentes autonómicos. Pero no parece suficiente para despejar todas las dudas.