Dos voces autorizadas del PDeCat en el Govern, Meritxell Budó y Àngels Chacon, han dejado hoy la puerta abierta a que el gobierno catalán se persone como acusación en la causa del "caso 3%" de presunta financiación irregular de Convergencia Democrática, que instruye la Audiencia Nacional. Eso sí, ambas dirigentes del partido neoconvergente han desvinculado al PDeCat de las prácticas corruptas de Convergencia. El envite lanzado este domingo por el vicepresidente de la Generalitat y número dos de ERC, Pere Aragonés, reclamando que el Govern se persone en la causa, ha obligado a los herederos de CDC a mover ficha, aunque tanto Budó como Chacon han puesto en sordina esta opción.

La portavoz del Govern -y militante del PDeCat- Meritxell Budó, ha sido la primera que ha abierto la puerta a que el ejecutivo catalán se persone en la causa, cuya instrucción cerró la semana pasada el juez de la Audiencia Naciona José de la Mata. Budó ha asegurado en declaraciones a RNE, que el ejecutivo catalán "valorará en su momento" si se persona en la causa, aunque ha puntualizado que los delitos de la trama no incluyen la malversación de fondos públicos, para rebatir a Aragonés.

Los servicios jurídicos de la Generalitat "estudiarán" si el erario público "salió perjudicado" ha apuntado respondiendo a su compañero de Gobierno. "Si es así, tenemos la obligación de defender los intereses de la Generalitat" ha asegurado.

La consellera de Empresa, Angels Chacón, ha ido un paso más allá recordando la investigación sobre el ex jefe e gabinete del Conseller de Exteriores por un presunto acoso sexual, que obligó a dimitir a Alfred Bosch. Chacon ha señalado en Catalunya Ràdio que "la Generalitat debe perseguir cualquier irregularidad, ya sea financiera o casos de acoso, lo tendremos que analizar". Pero ha descartado la responsabilidad del PDeCat en esa trama corrupta, como señala la instrucción de De la Mata. "El PDeCat no es el partido del 3%, no me siento parte de estas irregularidades", ha defendido.

Fin de la instrucción

El juez de la Mata ha cerrado esta semana la instrucción del "caso 3%" por el que se investiga a cargos de Convergencia -antecesora de JxCat, con quien ERC gobierna en la Generalitat- por el cobro de comisiones del 3% a cambio de adjudicaciones públicas en Cataluña para financiar el partido.

En el auto dictado el pasado jueves, el juez dirige el procedimiento contra 32 personas, entre ex altos cargos de CDC y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas catalanas, como Germà Gordó -ex secretario general de partido y conseller de Justicia- o Andreu Viloca -tesorero en tiempos de Artur Mas. Y extiende la causa contra CDC y su heredero político, el PDeCAT, así como contra empresarios y 14 constructoras adjudicatarias de contratos públicos. 

Tras hacerse pública la acusación, Aragonès se mostró convencido de que "encontraremos con JxCat la forma de poder llegar a ese acuerdo para personarnos, y evidentemente que cuento, seguro, con la complicidad y la responsabilidad de todos los responsables públicos de la Generalitat". El dirigente republicano, en plena batalla con JxCat por la primacía del independentismo catalán, argumentó que "desde el punto de vista de las finanzas públicas, como vicepresidente y conseller de Economía, tengo la responsabilidad de velar por que tengamos el máximo de recursos disponibles y por tanto, si se ha producido un malgasto, tenemos la responsabilidad de estar presentes en el proceso para velar por los intereses de la Generalitat y de los catalanes y ver cuál ha sido el grado de perjuicio".