La decisión del rey Juan Carlos de abandonar España llega después de varias semanas de goteo constante de informaciones sobre sus presuntos negocios opacos y sucesivos mensajes del Gobierno, con su presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza entre los que dejaban entrever la inminencia de un anuncio de este tipo.

La situación del anterior jefe del Estado después de su abdicación y su posterior retirada de la vida pública tuvo un punto de inflexión el pasado 15 de marzo.

Ese día Felipe VI anunció que en su día renunciará a la herencia de su padre y que le retiraba la asignación que hasta entonces recibía de los presupuestos del Estado, casi 200.000 euros anuales.

Lo hizo ante las informaciones publicadas sobre la investigación del origen de los 65 millones de euros ingresados en Suiza en la fundación Lucum, radicada en Panamá, para determinar si eran comisiones abonadas por Arabia Saudí a don Juan Carlos por la construcción del AVE a La Meca.

Investigaciones ante las que el rey emérito contrató los servicios del abogado Javier Sánchez-Junco.

Casi dos años antes, en julio de 2018, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea citó a declarar al excomisario José Manuel Villarejo tras conocerse unas grabaciones de una conversación mantenida en 2015 en Londres en la que la que Corinna Larsen, amiga de don Juan Carlos, habría desvelado que éste tenía cuentas en Suiza donde habría cobrado esas comisiones procedentes de Arabia Saudí y que la utilizó como testaferro.

Meses después, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias, y en marzo de este año, tras publicarse declaraciones ante el fiscal suizo Yves Bertossa del abogado de Larsen sobre el "regalo" de los 65 millones de euros a su clienta y de los gestores de la cuenta de Lucum, Arturo Fasana y Dante Canónica, envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre esa supuesta donación.

Según sostiene EFE, lo que precipitó la decisión de Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre y de privarle de una asignación presupuestaria fue que se publicara que aparecía como segundo beneficiario de la fundación panameña.

Mientras Corinna Larsen continuó haciendo declaraciones en las que se presentaba como una víctima y aseguraba que se había puesto en contacto con don Juan Carlos para intentar acabar con lo que consideraba una "campaña de abuso" contra ella, el pasado 8 de junio la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció que asumía la investigación que hasta entonces dirigía Anticorrupción.

Un anuncio debido que el rey emérito es una de las personas que podrían estar involucradas en el pago de comisiones por parte de Arabia Saudí y tiene la condición de aforado.

El objetivo de la Fiscalía es delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, ya que fue entonces cuando perdió la inviolabilidad que le reconocía la Constitución como jefe de Estado.

La evolución de los acontecimientos provocó un nuevo intento de varios grupos del Congreso, entre ellos Unidas Podemos, de crear una comisión de investigación parlamentaria. Pero los votos de PSOE, PP y Vox volvieron a impedirlo.

El mes de julio abrió la puerta a una avalancha de noticias sobre los pormenores de los hechos investigados.

Así, se sucedieron titulares como que Larsen declaró que los 65 millones que le transfirió don Juan Carlos en señal de "gratitud" procedían de una donación del ya fallecido rey Abdalá de Arabia Saudí o que Canónica afirmó que el padre de Felipe VI le encargó en Zarzuela "crear una estructura" para transferir una "importante donación" que iba a recibir de Abdalá.

También que Juan Carlos I hizo cuantiosas y periódicas retiradas de efectivo de la cuenta a nombre de Lucum por importes que superaban los 100.000 euros al mes entre 2008 y 2012.

Noticias que han ido alimentando declaraciones de partidos nacionalistas y de otros como Unidas Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, sobre la inviolabilidad de la Corona y la utilidad de la monarquía.

Pero también llevaron al Gobierno a lanzar una serie de mensajes que hacían presagiar un anuncio como el hecho público este lunes.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, calificó de "inquietantes y perturbadoras" las informaciones que se iban conociendo, aunque al mismo tiempo agradecía a Felipe VI que se hubiera distanciado de ellas.

Hubo declaraciones similares de otros miembros del Gobierno como Carmen Calvo, Juan Carlos Campo, José Luis Ábalos y Nadia Calviño, pero quien apuntó más claramente a una actuación en breve por parte de Zarzuela fue su portavoz.

María Jesús Montero afirmó que el Gobierno no iba a adoptar ninguna decisión y remitió a la casa real tras puntualizar que el Ejecutivo celebra las medidas pasadas y "futuras" que Felipe VI pudiera impulsar para garantizar la ejemplaridad en la Corona.

Declaraciones similares se han repetido en los últimos días ante nuevas informaciones que abonaban la posibilidad de que don Juan Carlos abandonara la Zarzuela. Eso es lo que ha comunicado este lunes a su hijo, trasladándole su intención de abandonar España.