La Monarquía se ha convertido en objetivo prioritario desde que Felipe VI abrió la puerta, con su discurso del 3 de octubre de 2017, a la intervención de la Generalitat vía artículo 155. Pero sobre todo desde que triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, apoyado entonces por ERC y JxCat. Sin Rajoy en la Moncloa, Felipe VI se convirtió en principal metáfora del "estado represor" para los independentistas.

Desde entonces, el Parlament ha reprobado tres veces a Felipe VI y ha intentado abrir una comisión de investigación sobre Juan Carlos I en los últimos dos años. Iniciativas siempre respondidas -hasta este junio- por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Ahora las informaciones sobre el presunto cobro de comisiones por parte del rey emérito ha dado alas a los independentistas, que presionan a Podemos para que se sume más activamente al nuevo frente republicano.

Y las dificultades por las que pasa el Govern de Quim Torra, fracturado por la gestión de la crisis sanitaria, la convocatoria de elecciones autonómicas y la exigencia republicana de que el Govern se persone en el juicio del "caso 3%" han dado alas al ataque de Torra contra Felipe VI. Un enemigo compartido con ERC, que permite además cuestiona la "pureza" republicana de los comunes.

Así lo hizo este martes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras anunciar que llevará al Parlament el debate sobre la abdicación de Felipe VI y la celebración de un referéndum sobre el modelo de estado. No es la primera vez que la cámara catalana debate sobre la monarquía, pese a los reiterados pronunciamientos en contra del Tribunal Constitucional.

Comisión de investigación

El 7 de marzo de 2019 el Parlament aprobó la creación de una comisión de investigación sobre las "actividades o irregularidades delictivas" de personas vinculadas a la Casa Real. La propuesta contó con los 71 votos a favor de todas las fuerzas independentistas y de Catalunya en Comú-Podem, y el rechazo de Cs, PSC y PP.

El Gobierno recurrió de forma prácticamente automática la resolución ante el Tribunal Constitucional. "El Gobierno no puede aceptar que, sin competencia alguna, un parlamento autonómico investigue al jefe del Estado", apuntó entonces la vicepresidenta Carmen Calvo. El Constitucional suspendió la resolución que, acabó anulando el pasado octubre.

Al margen de las irregularidades atribuidas a Juan Carlos I, Felipe VI ha sido objetivo prioritario del independentismo por su papel activo en contra de la declaración de independencia en octubre de 2017. Un año después, el Parlament aprobaba la primera resolución en la que se pedía la abolición de la monarquía.

Propuesta de los comunes

Se trataba de un texto propuesto por los Comunes, que de hecho recuperaron así una reprobación propuesta por JxCat que había decaído por la negativa de Roger Torrent a votar un texto que contravenía directamente resoluciones anteriores del Tribunal Constitucional.

El partido de Ada Colau recuperó la idea en una resolución que apuntaba, en su punto C, que el Parlament "rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre del 2017". En el siguiente, los morados proponían que la cámara catalana "reafirme el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.

La resolución fue anulada después por el Tribunal Constitucional, que consideró inconstitucional la propuesta aprobada y sancionó al Parlament por aprobar una propuesta para la que no tiene competencias. Pero eso no frenó al bloque independentista, que hace dos semanas volvió a votar la reprobación del Rey y a pedir su abdicación.

JxCat, ERC y la CUP impusieron su mayoría para aprobar las conclusiones de la comisión sobre la aplicación del 155 en Cataluña. Unas conclusiones en las que se reprobaba a Felipe VI, además de a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera, y se pedía la abdicación del monarca.