¿Qué tienen en común José Luis Martínez Almeida y José María González, Kichi, a los que separa un mar ideológico? Pues que ambos son alcaldes y están en contra del criterio de reparto de los 5.000 millones de euros que el Ministerio Hacienda ha puesto sobre la mesa para aquellos ayuntamientos que les cedan sus ahorros. No están solos. Este viernes participarán en una reunión telemática, -convocados por el primer edil de Zaragoza, el también popular Jorge Azcón- en la que se sentarán el alcalde de Bilbao, José Mari Aburto, del PNV; el de Granada, Luis Salvador, de Ciudadanos; el de Lleida, Miquel Pueyo, de ERC; el de Murcia, José Francisco Ballesta, del PP; el de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, del BNG y el de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Agrupación Tinerfeña.

En definitiva, representantes de un amplísimo abanico ideológico y partidista donde sólo falta el PSOE, formación que salvó, también en soledad, la propuesta que María Jesús Montero hizo a la FEMP, organismo que representa, o, al menos, representaba, a todos los ayuntamientos de España. Y es que parece que la guerra con los alcaldes no ha hecho más que empezar.

Alcaldes de PP, ERC, PNV, BNG y escindidos de Podemos suscribirán un documento conjunto

El primer objetivo de esta cita, según ha explicado Azcón a El Independiente, es elaborar un manifiesto donde explicitar su oposición al real decreto de Hacienda y reivindicar el documento que la propia FEMP sacó por unanimidad el pasado 22 de mayo bajo el título "Pilares locales para la reactivación económica y social de la Administración local". En dicho documento reclamaban que los ayuntamientos pudieran hacer uso de sus ahorros para abordar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, pero la ley de Estabilidad les impide tocar esos remanentes.

Pero además de oponerse a que Hacienda acceda al superávit municipal, el gran problema lo tienen aquellos ayuntamientos con sus cuentas a cero. Es el caso de Zaragoza, Lérida, Cádiz, Murcia o Granada que quedan, por tanto, excluidas del reparto de los 5.000 millones. No es el de Madrid, ni de Bilbao, ni el de Santa Cruz o Pontevedra, pero, están en contra de los criterios de reparto que establece el decreto-ley.

Se abre también, destaca Azcón, "un debate sobre la representatividad de la FEMP", que ha visto rota, por vez primera en su historia, su tradicional unanimidad, con unos alcaldes que buscan otras vías para hacer escuchar su voz, como la cita telemática de este viernes. El presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, "ha sacado adelante un acuerdo que no representa a todos", sentencia el portavoz del PP en la Federación de Municipios.

Pero este frente común tiene otra derivada política nada desdeñable. El real-decreto debe pasar por el Congreso de los Diputados y es bastante improbable que tenga apoyos suficientes, salvo que el Gobierno acceda a tramitarlo como proyecto de ley e incorpore enmiendas de calado que satisfagan al municipalismo.