El confinamiento padecido por nuestro país durante más de tres meses trajo consigo la limitación de movimientos y la obligación de cumplir severas medidas para evitar la propagación de la pandemia. Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, actualizados hasta el 1 de junio pasado, en España se impusieron hasta entonces 1,08 millones de multas por parte de y se detuvo a 8.795 personas por saltarse las medidas de confinamiento impuestas durante el Estado de Alarma, que se prolongó desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio pasado.

El análisis detallado de los datos por Comunidades Autónomas muestra que más allá de que en términos absolutos en las comunidades más pobladas se impusieron un mayor número de sanciones y se procedió a una mayor número de arrestos, en algunas de ellas los comportamientos en contra de las medidas establecidas se produjeron porcentualmente en mayor medida que en otras. Así, en siete comunidades autónomas su puesto en la lista de multas es más elevado del que demográficamente les correspondería. Es el caso de la Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla La Mancha, Madrid, Murcia, Aragón y Extremadura.

Sin duda las policías municipales fueron las que mayor responsabilidad tuvieron para que las medidas excepcionales impuestas se cumplieran. Fueron las que presentaron el mayor número de propuestas de sanción: 494.709, es decir, el 45% del total. El resto se distribuyeron de modo similar entre las 313.570 multas tramitadas por la Guardia Civil y las 280.918 de la Policía Nacional.

Sanciones 'en el aire'

Unas sanciones sobre cuya ejecución pesan grandes dudas jurídicas de que finalmente la Administración pueda proceder a su cobro. Muchos expertos consideran que las sanciones que no fueran firmes durante el Estado de Alarma decaerán. La posibilidad de que tanto la notificación como un posible recurso de las mismas impida que la sanción hubiera sido definitiva antes del levantamiento del Estado de Alarma podría dejar en el aire el abono de la mayoría de ellas. Las sanciones se basan en la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’ y que establece multas de entre 601 y 2.000 euros por incumplimiento de lo establecido en el decreto del Estado de Alarma.

En términos relativos, los valencianos, canarios y manchegos fueron los que en mayor medida se saltaron las limitaciones impuestas durante el Estado de Alarma. La lista de multas y detenciones hecha pública revela que en la Comunidad Valenciana se impusieron 161.294 multas -casi el 15% de las multas totales de todo el país-, pese a que los cinco millones de habitantes representan poco más del 10% de la población española.

Un caso similar es el de las Islas Canarias, donde su presencia en el cómputo total de sanciones impuestas por los agentes de policía y Guardia Civil fue superior a la que le correspondería por los 2,15 millones de habitantes. Las multas impuestas alcanzaron en las islas las 60.455, el 5,5% del total, un punto porcentual más de lo que por población les hubiera correspondido. Así, del octavo lugar que debería haber ocupado en el ‘ranking’ de incumplimientos se sitúaron en el quinto.

Andalucía, 187.000 multas

Murcia también sube con sus algo más de 39.000 multados del puesto 10 que le correspondería a la octava posición; Castilla La Mancha (45.355 multas) del nueve a la séptima posición en la lista de sancionados; Aragón del 11 al 10; Extremadura del 13 al 12 y Madrid de la tercera a la segunda posición que por demografía debería haber ocupado.

En términos absolutos Andalucía encabezó la lista de multas durante el Estado de Alarma. Casi una de cada seis multas se tramitó en alguna provincia andaluza. Las 187.081 propuestas de sanción interpuestas le sitúan por encima de Madrid, con 175.863, y de Valencia, que ocupa la tercera posición con 161.294. Cataluña ocupa el cuarto lugar con 145.787 multas.

En el resto del país el número de denuncias por incumplir el Estado de Alarma fue como sigue: 52.217 en Castilla y León, 33.409 en Galicia, 30.926 en Aragón, 29.116 en Euskadi, 27.200 en Extremadura, 23.255 en las Islas Baleares, 19.188 en Asturias, 13.089 en Cantabria y 13.031 en Navarra.