El grupo de alcaldes que ha decidido encabezar una rebelión contra el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda ha anunciado que sus respectivas formaciones votarán en contra del decreto que permitiría al Departamento de María Jesús Montero hacerse con 14.000 millones de los ahorros de los ayuntamientos. Y el elenco no es pequeño. Ahí están PP, Ciudadanos, PNV, ERC, BNG, canarios y los escindidos de Podemos con José María González, Kichi, como máximo representante. En definitiva, un frente común que, al margen de adscripciones partidarias, ha decidido poner en marcha una estrategia propia.

Sin cambios sustanciales en el texto del decreto, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos parece condenado a la derrota parlamentaria. Alcaldes como el de Zaragoza, Lérida, Granada o Cádiz se oponen a la medida porque, al carecer de superávit, no tienen acceso tampoco a las ayudas de 5.000 millones de euros que ha puesto Montero sobre la mesa, en un acuerdo que solemnizaron en Moncloa el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero. Mientras que los de Madrid o Bilbao, a pesar de tener ahorros, discrepan de los criterios de reparto establecidos por Hacienda.

Pedirán una reunión a Montero y elaborarán un documento que ofrecerán al resto de alcaldes

La reunión telemática en la que han participado esta mañana los alcaldes de Madrid, Zaragoza, Cádiz, Bilbao, Granada, Lleida, Pontevedra, Murcia y Santa Cruz de Tenerife han acordado proponer una reunión a Montero, según ha informado a El Independiente el promotor de esta cita y primer edil de Zaragoza, Jorge Azcón. Asimismo, elaborarán un documento que será remitido a los alcaldes de capital de provincia y ciudades de más de 100.000 habitantes.

Con todos los que sumen a la iniciativa, volverán a reunirse telemáticamente a principios del próximo mes de septiembre. Azcón subraya que "no recomendaría a ningún acalde entregar los ahorros de sus vecinos al Ministerio siendo muy probable que el decreto no se convalide". Queda por saber qué harán los alcaldes de ciudades como Barcelona o Valencia, cuyos gobiernos dependen del apoyo socialista, aunque éste es el mismo caso que el de Bilbao y no dudado en sumarse a esta iniciativa.

También aconseja Azcón a Hacienda hacer una reflexión respecto a que "no es necesario que se estrellen en el Congreso para darse cuenta de que la solución que han planteado más bien crea un problema."