El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que admitió la denuncia por presunta financiación irregular contra Unidas Podemos del abogado expulsado de dicho partido, José Manuel Calvente, ha citado a declarar como investigados al actual director de Estrategia y Comunicación de Vicepresidencia del Gobierno, Juan Manuel del Olmo, también secretario de Comunicación y responsable de las dos últimas campañas electorales de Unidas Podemos; a la gerente del partido, Rocío Esther Val; al responsable de finanzas y transparencia y al tesorero, Daniel de Frutos, el próximo noviembre.

Tras la denuncia presentada por Calvente en diciembre de 2019, en la que habló de financiación irregular del partido en la campaña electoral de abril de 2019, y después de su declaración en sede judicial el pasado 29 de julio como testigo al respecto, el juez ha citado también como investigados a dos altos cargos de Neurona Comunidad SL, empresa mexicana de comunicación política contratada por el partido de Pablo Iglesias en la campaña electoral de abril de 2019 y a la que Calvente apuntó que se habría pagado de manera irregular.

Según adelantaron Publico y elDiario.es y confirman fuentes jurídicas a El Independiente, el juez ha solicitado a la Policía Judicial que identifique los pagos realizados por el partido a la compañía Neurona Comunidad, así como a la portuguesa ABD Europa LDA, otra consultora que también realizó trabajos para la campaña. A Unidas Podemos le solicita que justifique los trabajos que realizaron estas empresas para el partido, con un coste de más de 360.000 euros por parte de Neurona.

También ha pedido a los investigadores que informen de las sociedades mercantiles en las que aparezca el fundador del partido, Juan Carlos Monedero, a quien Calvente apunta como presunto comisionista del contrato con la consultora mexicana de comunicación.

El letrado Calvente, que ejercía como responsable de Protección de Datos del partido, presentó una denuncia nada más ser despedido en los juzgados de Martorell por los presuntos delitos de financiación irregular, administración desleal y revelación de secretos contra el partido. Tanto él como Mónica Carmona, responsable de Cumplimiento Normativo de la formación, habían iniciado una investigación interna sobre distintas presuntas irregularidades y consideraron que si no trasladaban los indicios descubiertos en una denuncia se convertirían también en responsables de los mismos por omisión, según explicó a este diario el letrado.

La denuncia recayó por reparto en el Juzgado 42 de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, aunque el instructor Escalonilla ha decidido continuar con las diligencias por los presuntos delitos de malversación y administración desleal, como indicó la Guardia Civil en un atestado entregado al Juzgado.

El próximo 15 de septiembre, tanto la compañera de Calvente, Mónica Carmona, como Gloria Elizo, compañera de ambos en el Equipo Legal de Unidas Podemos y responsable de Anticorrupción de éste, también han sido citadas por el juez como testigos tras la declaración de Calvente.

Las irregularidades denunciadas por Calvente

En su denuncia de 40 páginas, a partir de la que el juez ha acordado una batería de diligencias, Calvente apuntaba a distintas irregularidades que pudieron cometerse en el seno del partido, como el cobro de sobresueldos; el fraccionamiento de contratos; posibles irregularidades fiscales; la utilización de información sobre consultas internas para llevar a cabo purgas entre los críticos, o la falsedad un despido para desprestigiar a un dirigente del partido. También trasladaba sospechas sobre el contrato con la consultora mexicana Neurona y afirmaba que la licitación de la obra de la sede de Unidas Podemos por más de 640.000 euros que acabó adjudicándose por el doble, más de un millón de euros, pudo ser falsa.

Precisamente el juez también ha pedido a Unidas Podemos que entregue los contratos de ejecución de obra con la empresa que llevó a cabo la reforma y ha citado como testigo al arquitecto que fue contratado para realizar el proyecto.

Calvente presentó la denuncia poco después de ser despedido y sostiene que su despido fue "disciplinario", precisamente por investigar con su compañera Carmona estas presuntas irregularidades.

El partido explicó que el motivo de la expulsión fue la presentación de una querella contra él por acoso sexual y laboral por parte de su compañera Marta Flor Núñez, abogada de Pablo Iglesias y de Unidas Podemos. La jueza madrileña Rosa María Freire archivó la querella contra él -como también solicitó la Fiscalía- tras "no haberse acreditado el delito de acoso sexual ante la falta de evidencia de favor sexual alguna, ni ninguna situación objetiva intimidante, hostil o vejatoria hacia la querellante por parte del querellado".

Podemos critica las decisiones del juez

Desde el partido de Pablo Iglesias consideran que el magistrado Escalonilla está haciendo "una investigación prospectiva" por "practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación".

Según declaraciones de fuentes del partido recogidas por Europa Press, el objetivo de este tipo de investigaciones es convertir la causa en "un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada".