Sectores críticos con la cúpula de Unidas Podemos se plantean solicitar al juez de Madrid Juan José Escalonilla, que ha abierto una investigación a dicho partido por presuntas irregularidades en los gastos de su campaña electoral de abril de 2019, personarse en la causa como acusación particular.

Según ha podido saber El Independiente, podrían presentarse ante el instructor como perjudicados de una presunta administración desleal cometida por los miembros del partido investigados, quienes habrían decidido supuestamente contratar los servicios de la consultora mexicana Neurona Consulting para llevar a cabo trabajos electorales recogidos en un contrato por valor de 363.000 bajo la lupa tanto del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid como del Tribunal de Cuentas.

Precisamente el delito de administración desleal (art. 252 CP) es uno de los dos, junto con el de malversación, al que la Guardia Civil apuntó en el atestado en el que transformó la denuncia que el abogado expulsado del partido, José Manuel Calvente, presentó en Martorell (Barcelona) poco después de ser despedido y en la que habló de distintas supuestas irregularidades cometidas en el seno de la formación de Pablo Iglesias.

En base a dicho atestado, el juez al que tocó la denuncia por reparto en los Juzgados madrileños de Plaza de Castilla citó a declarar al denunciante como testigo. Después de escucharle el pasado 29 de julio, y tras apreciar indicios de los dos delitos citados, acordó una serie de diligencias, como imputar a Unidas Podemos como persona jurídica y a tres miembros de su cúpula: Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y responsable de las dos últimas campañas electorales de Unidas Podemos, además de director de Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno; Rocío Esther Val, gerente del partido, y Daniel de Frutos, tesorero.

Los indicios vienen de dentro

El partido de extrema derecha Vox, en las antípodas de Podemos, solicitó personarse como acusación popular de la investigación y el juez lo admitió. Ahora, según ha podido saber este diario, habría personas dentro de Unidas Podemos interesadas en que se depuren responsabilidades y en impulsar una investigación contra el equipo más próximo a Iglesias.

Una vía para hacerlo sería solicitar al instructor una personación como acusación particular encabezada por miembros que hayan salido ya de la formación o de algún militante desconocido, puesto que el sujeto pasivo de la administración desleal puede ser cualquier persona que se considere perjudicada por tal presunto delito.

La denuncia de Calvente, en la que se apuntó a una presunta financiación irregular del partido por medio del contrato citado con la consultora Neurona, se basó en datos que le facilitaron a él y a su compañera Mónica Carmona, responsable de Cumplimiento Normativo de la formación, "confidentes" del partido, según la versión del denunciante. Fuentes de Unidas Podemos consultadas también lo afirman. La abogada Carmona tendrá la posibilidad de confirmar o desmentir si fue así en su declaración como testigo el próximo 15 de septiembre, cuando ha sido citada por el juez.

Críticos con la gestión tras la imputación

La gestión mediática y legal que ha hecho el partido de Pablo Iglesias tras abrirse la investigación, criticando al instructor, apuntando a intereses políticos para sacar a Podemos del Gobierno en connivencia con Vox y presentando un recurso de nulidad directamente ante la Audiencia Provincial no ha sido bien recibido en todos los sectores del partido.

Hay quienes critican, según trasladan a este diario, que se haya señalado a un juez que únicamente ha hecho lo que se espera de un instructor, practicar las diligencias oportunas que interesa la Guardia Civil como en cualquier otra investigación. Más aún, cuando no es la primera vez que se critica desde Podemos la labor judicial, lo que consideran que se puede volver contra la credibilidad del partido.