Decenas de conferencias de presidentes, centenares de reuniones sectoriales y una interlocución casi continua entre Gobierno y autonomías para intentar atajar una crisis sin precedentes. El coronavirus ha puesto en evidencia las grietas del sistema de cogobernanza especialmente en el ámbito sanitario, en que los territorios han tenido el monopolio competencial durante dos décadas. El mando único vino de la mano de la declaración del estado de alarma por segunda vez en la historia de la democracia el pasado 14 de marzo, y pronto se dejarían ver las consecuencias de que un único departamento intentase asumir las competencias y las necesidades de 17 regiones que no se han centralizado en más de 20 años.

El material para proteger a sanitarios y contagiados llegó tarde y mal, y el pico de positivos y fallecidos que se llegó a registrar en España durante lo peor de la pandemia demostró que los protocolos que aplicó el Ministerio de Sanidad fueron insuficientes. El departamento que dirige Salvador Illa quedó "completamente desbordado", según afirmaron entonces fuentes solventes a El Independiente, y fueron "incapaces" de asumir tal carga de trabajo. No había personal, no había capacidad y no había medios.

El estado de alarma se mantuvo en España durante 98 días. Y el pasado 21 de junio, la responsabilidad sobre la gestión de la pandemia volvía a sus legítimos propietarios: los presidentes autonómicos. Ahora, cuando el país se asoma a la segunda ola de nuevo con miles de casos diarios, el foco ha cambiado de protagonistas. El virus afecta muy especialmente a territorios gobernados por barones de los grandes partidos, como Alberto Núñez Feijóo en Galicia; Íñigo Urkullu en País Vasco; Javier Lambán en Aragón; o Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y la gestión que cada uno de ellos haga para frenar el inexorable avance del virus será clave para su legislatura e, incluso, para su continuidad.

Aragón, epicentro del virus

Junto a Emiliano García-Page, Javier Lambán es uno de los grandes barones socialistas, muchas veces en el foco mediático por contravenir la línea oficial del partido. Pero ahora, el presidente de Aragón está en el punto de mira porque la región se ha convertido en epicentro del virus en las últimas semanas, por encima incluso de los datos que venido reportando Cataluña y Madrid.

Más allá del preocupante ritmo de contagios que ha mantenido esta región desde la entrada a la 'nueva normalidad', lo que preocupa especialmente es el elevado número de hospitalizados, hasta llegar casi a la cifra de 4.000. Casi uno de cada tres ingresos que han tenido lugar en nuestro país desde el 1 de agosto se han producido en Aragón, donde además el aumento de ingresos es 13 veces superior en esta región respecto al resto de España.

La comunidad acumula casi 20.000 casos de coronavirus, 3.309 de los cuales se han notificado en la última semana, de acuerdo con el último informe facilitado por el Ministerio de Sanidad. Relevante es el hecho de que este mes de agosto, bajo el mando autonómico, Aragón ha registrado más contagios diarios que durante los meses de marzo y abril. Por poner un ejemplo: el 7 de agosto se notificaron 699 positivos por los 102 de los que se informó el 7 de abril.

La situación respecto al número de fallecidos no mejora: según datos del ejecutivo regional, sólo en la última semana se han registrado 73 defunciones, lo que conlleva un ritmo de una decena de muertes semanales. Lambán ha pedido calma ante los preocupantes datos y, aunque "empezamos a ver la luz al final del túnel", no descarta devolver a algunas zonas a la Fase 2.

Feijóo, pionero

Las elecciones del pasado 12 de julio se celebraron marcadas por la polémica, con una comarca confinada y con la oposición haciéndose eco del riesgo que suponía ir a votar cuando el número de casos seguía aumentando en Galicia. Y tan sólo unas semanas después de que Alberto Núñez Feijóo revalidase su liderazgo al frente de la Xunta con un resultado histórico, el eterno barón popular ha tenido que enfrentarse a un repunte preocupante de casos, después de haber conseguido mantener el virus a raya durante meses.

La situación epidemiológica en Galicia siempre ha llevado ventaja al resto de España. De hecho, fue la primera comunidad autónoma en levantar el estado de alarma y entrar en la nueva normalidad. El número de casos activos en la región ha experimentado un repunte tras meses de tendencia a la baja, hasta los 1.053 positivos, mientras que en los últimos siete días se han reportado tres fallecimientos tras semanas sin registrar defunciones a causa del coronavirus.

Tras días reportando más de un centenar de nuevos contagios, Feijóo dio un golpe encima de la mesa e implantó una medida pionera que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas: prohibir fumar en espacios públicos cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros. Galicia es además la comunidad autónoma con mayor número de rastreadores que, según información de la Xunta, alcanza los 6.000 profesionales.

Urkullu declara la emergencia sanitaria

Otro de los barones por antonomasia que logró revalidar su título indiscutible como líder autonómico el pasado 12 de julio fue Íñigo Urkullu, quien afirma con rotundidad que la región afronta la segunda ola de la pandemia, con las cifras de contagios diarios más elevadas desde finales del mes de marzo.

En los últimos días, País Vasco ha venido notificando más de 500 positivos diarios, aunque preocupa especialmente el número de personas hospitalizadas: de acuerdo con la última actualización de datos, son 136 las personas ingresadas con coronavirus, 13 de ellas en la UCI. El jueves fue un día especialmente complicado en Euskadi, cuando se notificaron 569 nuevos positivos, 200 más que el día anterior.

Mientras, la oposición se echa encima de Íñigo Urkullu por "falta de liderazgo", la situación ha llegado a tal punto que el lehendakari estudia imponer "toques de queda" y nuevos confinamientos. El primer paso ha sido declarar el estado de emergencia sanitaria ante la "gravedad de la situación".

Madrid pisa el acelerador

Si hay una gestión que ha estado bajo la lupa prácticamente desde que comenzase el estado de alarma esa ha sido la de Isabel Díaz Ayuso, pero ahora, sin mando único centralizado en el Gobierno, lo está con mucha más razón.

La Comunidad de Madrid había registrado unas semanas de bonanza en lo que respecta al virus mientras los rebrotes hastiaban a regiones como Cataluña o Aragón. Pero en los últimos días, la situación se ha tornado "preocupante", en palabras de Fernando Simón, con una multiplicación en el número de contagios -731 en las últimas 24 horas- y en el número de ingresos hospitalarios y UCI, que se duplican también cada día. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en la región han fallecido 23 personas con coronavirus en los últimos siete días.

Ante esta situación, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pisado el acelerador y ya ha anunciado que realizará PCR masivos en las zonas con mayor presencia de coronavirus. Uno de los agujeros de la gestión de la presidenta en las últimas semanas ha sido la búsqueda de rastreadores, estancada desde hace meses, que ha obligado al Ejecutivo regional a privatizar el servicio y adjudicar un contrato por la vía de emergencia a la empresa Quirón Salud.

Caos autonómico

Los casi 3.000 nuevos casos de Covid-19 que notificó el Ministerio de Sanidad el pasado jueves encendió todas las alarmas. La disparidad de las medidas adoptadas por las diferentes comunidades autónomas en lo que respecta al ocio nocturno, las clases, las terrazas o la vida social no han hecho más que sumir a la ciudadanía en la confusión y, por contra, no se ha conseguido frenar la epidemia, sino más bien todo lo contrario.

El preocupante incremento de nuevos contagios y el aviso de hasta nueve sociedades médicas que advierten del riesgo de un colapso de la sanidad pública, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, citó extraordinariamente a una reunión a los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas. Y se llegó a una conclusión que no se alcanzaba desde el principio del estado de alarma: la unificación de criterios entre Gobierno y territorios.

Sanidad anunció ayer una lista de prohibiciones y recomendaciones acordadas por unanimidad en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, entre las que se prohíbe fumar a menos de dos metros de distancia de otra persona y se decreta el cierre de discotecas y bares de copas. Se limita además el horario de los bares hasta las 01:00 horas de la madrugada y se recomienda una especie de 'burbuja social' a toda la población, esto es, limitar el contacto social a un grupo máximo de diez personas.