La investigación contra el partido Podemos y contra varios miembros de su cúpula que ha abierto el juez de Madrid, Juan José Escalonilla, a raíz de la denuncia del abogado expulsado del partido, José Manuel Calvente, por presunta financiación irregular y otras supuestas ilegalidades en el seno de la formación, llevará a algunas de las personas más próximas a Pablo Iglesias a declarar en el Juzgado en noviembre.

Precisamente uno de los imputados en la investigación abierta por presuntos delitos de malversación y administración desleal, cuyo archivo ha solicitado Podemos directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid por partir de una denuncia cuyos datos fueron obtenidos "ilegalmente" por Calvente, según denuncian, es la mano derecha del líder de Unidas Podemos. Juan Manuel del Olmo es el director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno. Iglesias le eligió para el puesto a principios de este año y continúa siendo también secretario de Comunicación de la Ejecutiva Nacional del partido. Fue el responsable de las dos últimas campañas electorales.

Con 37 años y natural de Soria, fue el creador en 2017 de la campaña del tramaobús de la corrupción que el partido sacó a la calle con las caras de Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Jordi Pujol o Luis Bárcenas. Fue elegido diputado de las Cortes por Valladolid en 2015 y no pudo repetir en el cargo en 2019. Es la pareja de la portavoz del partido, Isabel Serra, condenada recientemente por la Audiencia de Madrid por delitos contra la autoridad y lesiones leves por su participación en una protesta contra un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés en 2014.

Denuncias internas

En su declaración como testigo ante el juez, Calvente apuntó a Del Olmo como la persona que habría ordenado contratar los servicios de Neurona Consulting, la consultora mexicana de comunicación que facturó 363.000 euros por trabajos electorales al partido, y a la portuguesa ABD Europa LDA que podían constituir una forma de devolver a ambas firmas una financiación irregular recibida para la campaña electoral de abril de 2019, según la versión del denunciante. Éste afirmó que fue el fundador del partido, Juan Carlos Monedero, a quien sitúa como comisionista de la operación, el que acercó al partido a la compañía mexicana por su amistad con el propietario, César Hernández. El Tribunal de Cuentas puso también la lupa este mismo agosto sobre dicha contratación y pidió a Podemos que justificara los trabajos desarrollados por la consultora.

Calvente dijo ante el juez que fue el exgerente del partido, Pedro Manuel Fernández Alarcón, quien le trasladó estos hechos y que tanto él como la responsable de Cumplimiento Normativo de la formación, Mónica Carmona, y la responsable de Anticorrupción del partido, Gloria Elizo, iniciaron una investigación interna por la que fueron "purgados". Las dos últimas también han sido citadas a declarar como testigos ante el juez el próximo 15 de septiembre, por lo que podrán confirmar o desmentir su versión.

Asimismo, tendrán que declarar como testigos ante el juez en noviembre el tesorero de la formación que autorizó el pago a las dos consultoras citadas, Daniel de Frutos, y la gerente, Rocío Esther Val.

Calvente denunció que el primero dio la orden del pago "al margen de la obligación estatutaria de dar parte al máximo órgano de Podemos, el Consejo Ciudadano, que es quien tiene la competencia para aprobar los presupuestos electoral". También apuntó hacia él como una de las personas que habría cobrado sobresueldos de forma presuntamente irregular y que controló la reforma de la sede central del partido que el abogado también afirmó que fue ilegal, como adelantó este diario.

Val, de la confianza del portavoz del partido y secretario de Sociedad Civil, Rafael Mayoral, sustituyó en la gerencia de Podemos a Fernández Alarcón. Precisamente Calvente también denunció que Podemos habría hecho contratos a dedo con importes superiores a los permitidos por la ley de contratos del sector público sin publicidad y transparencia con la cooperativa Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, fundada por Mayoral y en la que Val figuraba como vicepresidenta. El juez no ha citado a declarar al portavoz del partido, ni como testigo ni como investigado.

Calvente sostiene que la 'Caja de Solidaridad' de Podemos es más bien una 'caja B' utilizada por Mayoral para financiar pagos a entidades opacas sin identificar, algo que el aludido negó en una declaración pública.