El Consejo General del Poder Judicial reivindicó este miércoles su independencia como "elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia" tras las quejas vertidas la semana pasada por miembros de Unidas Podemos contra la investigación abierta por el juez de Madrid, Juan José Escalonilla, al partido político a raíz de la denuncia del abogado expulsado de dicho partido, José Manuel Calvente, por supuestas irregularidades en la formación.

Es la tercera vez en ocho meses que el órgano de Gobierno de los jueces, con el mandato caducado desde finales de 2018, emite un comunicado público para reprender al partido del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por manifestaciones de sus representantes poniendo en cuestión decisiones de los tribunales españoles.

En esta ocasión, el comunicado emitido tras el acuerdo de la Comisión Permanente con tres votos en contra no tenía como destinatario al líder de Podemos, pero fuentes internas del CGPJ confirmaron que se trata de una respuesta a las palabras de miembros de su partido, como el secretario de Programa, Pablo Echenique o el secretario de Sociedad Civil, Rafael Mayoral, que afirmó que el juez que investiga a Podemos hace "cosas extrañas" y achacó una "utilización política" a su instrucción.

El escueto escrito del Poder Judicial como reacción a dichas manifestaciones decía lo siguiente: "La Comisión Permanente, en la sesión ordinaria celebrada en el día de hoy, quiere hacer un recordatorio de que el respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia. La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos".

El comunicado provocó debate en el CGPJ y el vocal Álvaro Cuesta, designado a propuesta del PSOE, mostró su disconformidad con la declaración que calificó de "innecesaria e inoportuna" porque no especifica a qué comportamientos o frente a que declaraciones se refiere, susceptibles de amenazar o de menoscabar la división de poderes o el respeto a la independencia del Poder Judicial, lo que "pudiera generar confusión en la opinión pública, o cuestionar Derechos inalienables de las personas y colectivos a la libertad de expresión u opinión, o al ejercicio legítimo de su derecho a defensa procesal", según señaló en su voto particular, al que tuvo acceso Europa Press.

Los anteriores reproches

El último reproche del CGPJ a Podemos fue mucho más directo. Los vocales trasladaron su "profundo malestar" por la valoración que "merece un absoluto y rotundo rechazo" del vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la portavoz de su partido, Isabel Serra. Consideraron que "un miembro del Gobierno de la Nación cuestiona una actuación judicial y propaga una sospecha de falta de imparcialidad" tras publicar en su perfil de Twitter: "Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso".

Pidieron al vicepresidente del Gobierno que "como parte de quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho".

En enero, inmediatamente después de jurar el cargo como miembro del Gobierno, el Poder Judicial recriminó a Iglesias que hiciera una "utilización política de la Justicia" por afirmar durante una entrevista en Antena 3 que la justicia española "ha sido humillada" porque tribunales europeos "han quitado la razón" a jueces españoles, en relación con la causa contra los líderes del procés.

A punto de la renovación

La publicación del comunicado del CGPJ reivindicando su independencia como garantía de la democracia llega cuando Gobierno y Partido Popular ultiman el acuerdo para renovar el órgano. Según pudo saber este diario, el PSOE propondrá diez vocales y el PP otros diez, aceptando que el partido del Gobierno dé el nombre del presidente. Además, en la propuesta del PSOE entrarían dos nombres propuestos por Podemos para garantizar una representación de posiciones progresistas, y el Gobierno estaría dispuesto a aceptar la condición del socio que mantiene en el Gobierno a Pedro Sánchez.

Ambos partidos renuncian así a que los magistrados del CGPJ sean propuestos por las asociaciones judiciales en lugar de por los partidos políticos, como han proclamado en sucesivas campañas electorales. Tanto la renovación del órgano de Gobierno de los jueces como la del Tribunal Constitucional -cuyo presidente, vicepresidenta y dos magistrados están de salida- requiere de una mayoría cualificada del Congreso, 210 de los 350 diputados de la Cámara. Así, el Gobierno necesita al Partido Popular para llevarla a cabo.

Las discretas negociaciones entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López, se reanudaron en julio y habrían llegado a buen puerto, pero estuvieron bloqueadas casi dos años. Ese bloqueo llegó tras hacerse público en noviembre de 2018 un mensaje sobre los acercamientos entre los dos partidos para renovar el Poder Judicial en el que el PP alardeó de que pondría al frente del CGPJ a uno de los suyos, Manuel Marchena, y así controlaría la Sala Penal del Supremo, que juzgaría a los líderes del procés, «por detrás».

Tras filtrarse aquel mensaje de las negociaciones de un grupo de senadores populares, Marchena renunció a ser propuesto para la presidencia del CGPJ para no poner en cuestión su independencia y el acuerdo saltó por los aires.