El fiscal del Tribunal del Cuentas considera que la justicia ordinaria debe investigar la contabilidad de Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, según avanza la Cadena Ser. La Fiscalía aprecia delito en la contratación de Podemos a la consultora mexicana Neurona Consulting al considerar que se pudieron simular los servicios que la empresa prestó al partido para constituir un vehículo de financiación electoral al margen de la ley.

En concreto, el fiscal Miguel Ángel Torres Morato aprecia dos tipos de delito en los servicios facturados por Neurona: fraude electoral y falsedad en documento mercantil. El fiscal se basa en la información aportada por el partido morado tras la fiscalización de sus gastos electorales.

Entre otras cuestiones, Podemos no remitió un presupuesto que detallase los distintos servicios y valorase económicamente cada concepto de facturación, como pidió el órgano fiscalizador. Por otro lado, la Fiscalía incide en que la consultora Neurona no se inscribió en el registro mercantil español hasta 15 días antes de facturar a Podemos sus supuestos trabajos de campaña y que su "objeto social no coincide con las prestaciones contratadas".

El juez investiga los mismos hechos

El partido de Pablo Iglesias contrató a la consultora de comunicación para que prestara, supuestamente, servicios como la creación de vídeos y material electoral para el partido por un valor de 363.000 euros. Sin embargo, según alerta el fiscal, 290.000 euros facturados a la consultora que han sido analizados por el Tribunal de Cuentas "no tienen consideración de gasto electoral" y, por tanto, no han sido admitidos como "susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales".

Para el Ministerio Público, la consultora tenía "naturaleza preparatoria" no gastos propiamente de campaña. Y aunque "en la fiscalización se aportaran vídeos y diseños publicitarios" por parte de Unidas Podemos para justificar los pagos, "no ha quedado suficientemente acreditado" que los elaborara Neurona.

Por estas razones, y dado que el Tribunal de Cuentas "carece de competencias para el conocimiento de tales infracciones penales", el fiscal interesa que sea justicia ordinaria quien investigue los hechos que podrían ser constitutivos, según considera, de fraude electoral y falsedad en documento mercantil.

Precisamente el juez Juan José Escalonilla, que investiga al partido de Pablo Iglesias como persona jurídica por los presuntos delitos de malversación y administración desleal también ha solicitado a sus responsables que acrediten los trabajos prestados por la consultora Neurona y por otra compañía portuguesa que también prestó servicios al partido en la campaña, ABD Europa Unipessoa LDA.

El magistrado abrió la investigación al partido y a varios miembros de su cúpula a raíz de la denuncia del abogado expulsado del partido, José Manuel Calvente, que presentó una serie de indicios de irregularidades contra Podemos, como una supuesta financiación irregular de su campaña o un contrato inflado de la reforma de su sede, entre otras.

Después de tomarle declaración como testigo, el instructor acordó una serie de citaciones de investigados y testigos, entre ellos la del responsable de las dos últimas campañas electorales, Juan Manuel del Olmo, también responsable de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno, o la del abogado que registró a la empresa Neurona en España, Elías Castejón.

El propietario, amigo de Monedero

Calvente se refirió durante su declaración en sede judicial a la sorpresa que generó en Unidas Podemos la contratación de los servicios de la consultora mexicana Neurona para asesorar en la campaña electoral de abril de 2019 cuando «había personas preparadas para ello en el partido de brazos cruzados».

Alertó al juez de que César Hernández, propietario de la consultora mexicana asesora de gobiernos de izquierdas y chavistas en Latinoamérica, tenía una estrecha relación con el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. De ahí que trasladó las sospechas, comentadas en el seno de la formación, de que éste pudo actuar como comisionista del contrato con la compañía mexicana. El instructor solicitó también un informe al Registro Mercantil Central sobre todas las sociedades en las que Monedero aparezca como administrador.