Con casi 50.000 contagios en apenas una semana, más de un centenar de muertos y con la presión asistencial escalando día tras día, Sánchez se ha retirado de la primera línea de combate y ha ignorado las peticiones de los líderes autonómicos de diseñar una única estrategia nacional para frenar la que ya se considera como segunda oleada del coronavirus en España, descargando en las comunidades el desgaste político que implica la gestión de la pandemia.

A pesar de que el propio Gobierno puede ejecutar la declaración de un confinamiento individualizado para controlar a un determinado territorio, el jefe del Ejecutivo quiere que sean los presidentes regionales quienes se mojen, tomen ahora esa decisión -el estado de alarma que Sánchez mantuvo hasta el 21 de junio fue duramente criticado por algunos barones territoriales del PP o independentistas-, y asuman el coste que implica acudir al Congreso de los Diputados a explicar por qué el territorio en cuestión precisa de legislación extraordinaria y de la ayuda del Gobierno para contener el virus, así como los motivos que le han llevado a esa situación.

Lejos de "ayudar" y de "reforzar la cogobernanza", el anuncio de Sánchez no ha hecho sino aumentar la tensión entre Gobierno y autonomías en plena escalada de contagios: el rechazo, en público o en privado, de las regiones más afectadas por el virus ha sentenciado el plan de Sánchez antes de que naciese, empezando por Madrid y siguiendo por Cataluña, Castilla y León, Murcia, Galicia, País Vasco o Andalucía. Algunas lo ven innecesario; otras un exponente más de la "dejación de funciones" del Gobierno en la crisis; y otras lo identifican más bien con una cortina de humo para "esconder" que Sánchez no ha elaborado el 'plan B' jurídico que prometió hace meses.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a sembrar la duda este martes sobre las posibilidades reales de que pudiese llegar a pedir al Gobierno central un estado de alarma para Madrid ante el preocupante incremento de contagios en la región.

Y aunque llegó a señalar en rueda de prensa que solicitará "todo aquello que haga falta" para "proteger la salud de los ciudadanos" -en contraposición con lo mantenido por el presidente del PP, Pablo Casado, minutos antes- fuentes próximas a la líder regional aclaran que Ayuso no comparte la fórmula propuesta por Sánchez, que ni si quiera conocía el fondo de la 'oferta' del presidente del Gobierno -su comparecencia y la del jefe del Ejecutivo se habían solapado- y que lo expresado este martes iba en línea con "hacer lo que sea por la seguridad de los madrileños".

Con todo, Ayuso ha rechazado frontalmente que pueda decretar un confinamiento total en la Comunidad de Madrid por el golpe que esto supondría para la economía, y ha pedido a Sánchez una "estrategia de país". "No se puede pasar del estado de alarma a la nada y de la nada al estado de alarma", rechazaba la líder regional.

La Comunidad de Madrid ha vuelto a situarse a la cabeza de las regiones más afectadas por la segunda ola del coronavirus. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Sanidad, la región acumula 768 de los 2.415 nuevos contagios notificados el día anterior, así como la mayor tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días del país: 385,10 casos por cada 100.000 habitantes.

Una herramienta "prescindible" e "innecesaria"

A la cabeza de los territorios más afectados por la pandemia se encuentra Cataluña que, como Madrid, se ha descolgado de la propuesta del presidente del Gobierno y ha calificado la oferta de Sánchez de herramienta "prescindible" e "innecesaria" ante la situación epidemiológica catalana, según referenció la consejera de Salud, Alba Vergés.

Para el Govern catalán existen otros criterios a su juicio importantes para rechazar un estado de alarma localizado, ya que en esta situación algunas competencias pasarían de la Generalitat al Estado. Con todo, y según informó Efe este martes, el president ha vinculado su decisión final a que Sánchez acceda a que sea Torra quien pueda gestionar "todas las competencias" de Cataluña.

Aunque los últimos datos apuntan a un leve control de la situación, la región ah experimentado un escenario especialmente delicad tras días notificando por encima del millar de contagios diarios, lo que llevó a Quim Torra a endurecer las medidas para limitar la expansión del virus y decretar la prohibición de reuniones sociales de más de 10 personas, tanto en público como en privado.

Los barones piden figuras jurídicas alternativas

También se ha desmarcado de la medida el presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, quien hace unos días se vio obligado a declarar la emergencia sanitaria por el "tsunami" de nuevos contagios en Euskadi.

El lehendakari rechazó de plano este martes el plan de Sánchez para contener los rebrotes porque, a su juicio, el País Vasco no necesita un nuevo estado de alarma con órdenes directas desde Madrid, sino que aboga por la "coordinación" y la "comunicación" entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central para hacer frente a la pandemia, eso sí, siguiendo la legislación ordinaria. "Si hay voluntad, no es necesario el estado de alarma", sentenciaba.

La medida de Sánchez ha quedado emborronada por el repudio manifiesto de otras comunidades autónomas, como Andalucía, en que fuentes del entorno del presidente, Juanma Moreno, aseguran a este medio que el único objetivo del jefe del Ejecutivo es "quitarse de encima una responsabilidad que le viene interpuesta por ley" -la de decidir o no si decreta el estado de alarma en según qué territorios- y desde donde lamentan que la "dejación de funciones manifiesta del Gobierno puede poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos".

Del mismo modo, exigen "instrumentos jurídicos alternativos" y "ágiles" para confinar a una ciudad, un bloque de vecinos o una barriada sin que "un juez pueda paralizarlo", por lo que tachan de "incomprensible" que, a cambio, el Gobierno se centre en que la solicitud de un estado de alarma sea condición sine qua non para proceder a un confinamiento con garantías.

El mismo discurso circunscriben en Murcia o Galicia, donde los barones autonómicos del PP cuestionan también la decisión de Sánchez ante la escalada de contagios y muertes, por pasar de "la intervención absoluta, donde las comunidades no tenían nada que decir, al desentendimiento absoluto", criticaba en concreto el líder de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó también públicamente la posición de la Junta de Castilla y León al respecto, y lamentó que el Gobierno se haya limitado a ofrecer el estado de alarma, "una figura que existe desde hace casi 40 años", y no una "herramienta" alternativa para no recurrir a la legislación extraordinaria.

Y Aragón, presidida por el socialista Javier Lambán, también se ha unido al rechazo genérico que ha provocado la medida anunciada por su jefe de filas, que ve en la solicitud del estado de alarma la solución "fácil" a un problema que no haría sino hundir aún más la economía y el empleo en la región, una de las más azotadas por la pandemia a nivel nacional. "Lo único que le pido al Gobierno de España es que nos dé cobertura legal para aplicar medidas proporcionadas y razonables sin estar al albur de las decisiones judiciales", pronunciaba este martes.

Mientras las autonomías se rebelan -una vez más- contra el Gobierno, Sánchez se prepara para un inicio del curso político convulso y marcado por el reto de la crisis del coronavirus y los rebrotes, el desafío de la 'vuelta al cole' con garantías -aún no hay un plan nacional definido-; o la guerra fría que mantiene especialmente con comunidades presididas por el PP o por los líderes nacionalistas.