El juez del caso Villarejo ha acordado retrasar la comparecencia de Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I, como investigada por encargar presuntamente al comisario en prisión que espiara a una asistenta suya de la que desconfiaba, pero abre la puerta a que declare de manera presencial en lugar de por videoconferencia.

El magistrado acepta retrasar la declaración 20 días, pasando del 8 de septiembre, cuando estaba prevista, al 28 de septiembre. Una de las razones del instructor para acordar la decisión es que no se vulnere su derecho de defensa, puesto que su abogado solicitó acceder a las actuaciones de la causa. Con este aplazamiento, el juez cree que ya tendrá tiempo para estudiar el procedimiento, según el auto al que ha tenido acceso El Independiente, en el que el magistrado traslada que "vista la predisposición de la investigada a colaborar con este Juzgado Central de Instrucción, atendido su ofrecimiento a declarar de forma voluntaria, se acuerda su citación".

Para lo que no ve razones de "orden público o seguridad" el juez es para que la declaración de la empresaria germano-danesa sea por videoconferencia. De ahí que decida citarla presencialmente. Diez días antes, está previsto que Larsen declare como testigo telemáticamente en otro juicio en España, el que se celebrará contra José Manuel Villarejo por calumnias contra el CNI, donde está previsto que confirme las amenazas que denunció por parte del servicio de Inteligencia español contra ella para que callara sobre lo que sabía del exjefe de Estado español.

Larsen solicitó que su declaración como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional fuera desde su despacho de abogados en Londres. Para el juez, "no se razona qué interés de utilidad o conveniencia para la causa puede presentar la declaración en los términos expuestos (“su despacho de abogados en Londres”), ni se alude a motivos de orden público o seguridad. La forma propuesta (la declaración en el despacho de abogados de la Sra. Larsen), si bien podría ser usada en otros casos, resulta especialmente problemática cuando se trata de un investigado, pues no solo impide asegurar a este instructor que en efecto la declaración se vaya a realizar donde se afirma, sino que además no se aclara en qué modo se puede dar fe alguna de la efectiva identidad de aquella, de sus letrados, intérpretes, asistentes o cualquier otra persona o circunstancia concurrente, en términos que permita garantizar que la declaración se acomoda a las exigencias previstas en la ley procesal penal española", expone en su resolución.

Villarejo rechaza cohecho y Corinna la jurisdicción

Tanto Corinna Larsen como el comisario en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, están investigados por un presunto delito de cohecho por el juez de la Audiencia Nacional. El juez del caso Tándem vio indicios de dicho delito tras el hallazgo de una nueva grabación de una conversación entre ambos con fecha de octubre de 2016. De dicha conversación se entiende, según el instructor, que la empresaria pudo contratar los servicios de Villarejo para que hiciera un seguimiento a una asistenta suya, de la que sospechaba que estaba filtrando datos de su vida privada, obteniendo datos confidenciales. Unos datos a los que habría accedido por sus contactos en la Policía, mismo procedimiento por el que se le investiga y ya está procesado en otras piezas de la macrocausa.

Villarejo solicita el archivo de dicha investigación porque afirma que, cuando mantuvieron dicha conversación, llevaba tres meses jubilado de la Policía, y por tanto su defensa considera que no pudo incurrir en un delito de cohecho como funcionario público.

Para investigarles, en lugar de abrir una nueva pieza de investigación el magistrado reabrió la pieza Carol o V de la macrocausa contra el comisario y su presunta "red mafiosa policial". Dicha pieza se abrió tras salir a la luz las primeras 'cintas de Corinna', las conversaciones entre la examante del emérito y el comisario en las que ella deslizó sospechas de que Juan Carlos I pudo llevarse una comisión de 100 millones de dólares del rey saudí Abdul Aziz Al Saud por mediar en la adjudicación del contrato de ampliación del AVE a La Meca concedido a una unión de empresas españolas. También dijo que dichos fondos se ocultaron en Suiza con la ayuda del abogado Dante Canonica y el gestor de fondos Arturo Fasana, lo que provocó la apertura de una investigación en la Fiscalía de Suiza contra los tres por presunto delito de blanqueo agravado. La pieza de investigación que se abrió, y que se cerró rápidamente en septiembre de 2018 al afectar al exjefe de Estado y no encontrar indicios suficientes contra él, además de por la inviolabilidad que le protegía, según interesó la Fiscalía y acordó el entonces instructor Diego de Egea.

Ahora, el juez la reabre porque considera que los interlocutores de la nueva grabación hallada son los mismos. Sin embargo, la defensa de Corinna rechaza que estos nuevos hechos puedan investigarse en esa misma pieza porque no afectan a "instituciones del Estado". Además, niega también que el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional tenga competencia para investigarla puesto que considera que sería necesaria una denuncia previa de la Fiscalía o de su asistenta, si es que se sintió espiada.