El Registro Público de Panamá ha suspendido todos los derechos corporativos de la empresa local (Triana Enterprises SA) a cuyo nombre figura la titularidad de la finca que Carmen Martínez-Bordiú posee en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra desde hace más de 25 años. Ello impide a la duquesa de Franco y nieta mayor del dictador vender esta propiedad hasta que se ponga al día en las deudas que mantiene con el estado centroamericano y tramite la reactivación de la sociedad.

La legislación panameña obliga al Registro a anotar el estatus de "suspendido" en la ficha mercantil de aquella compañía que acumule tres años consecutivos de impago de la llamada 'tasa única' -un impuesto anual corporativo que permite mantener la plena vigencia de la sociedad- o que no disponga de agente residente por un plazo superior a 90 días.

Triana Enterprises SA, titular al 100 % de la finca sevillana Los camochos desde el 16 de diciembre de 1994 y controlada a través de personas interpuestas por Carmen Martínez-Bordiú, cumple las dos condiciones que establece el decreto ejecutivo 905 del Ministerio de la Presidencia de Panamá. Este edicto se emitió el 20 de septiembre del pasado año.

En concreto, la suspensión de los derechos corporativos de Triana Enterprises está vigente desde el 11 de octubre de 2019, cuando el Registro Público panameño inscribió la anotación en su ficha mercantil por llevar más de tres años sin pagar la tasa única (unos 253 euros anuales al cambio actual). Entre otros efectos jurídicos, ese apunte conlleva la "imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos", detalla el documento.

La empresa incurrió en una segunda causa el pasado mes de junio, cuando se cumplieron los tres meses desde que Marcela Rojas acudió a la notaría panameña de Tatiana Pitty Bethancourt para formalizar su renuncia como agente residente de Triana Enterprises. Concretamente, ese acuerdo se elevó a público el 17 de marzo y se anotó en el Registro tres días después.

Como se lee en la escritura, Rojas -presidenta y socia fundadora del despacho de abogados Pérez-Carrera & Co- adoptaba esa decisión tras haber "perdido toda comunicación con los accionistas (...) durante tres años consecutivos" y no haberles pagado los honorarios correspondientes por su servicio durante dicho periodo de tiempo.

Desde la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas de 1927, los interesados en constituir una compañía en Panamá deben suscribir previamente un pacto social que contiene -junto al objeto y capital sociales, entre otros detalles- el nombre y el domicilio de su agente en el país centroamericano, ya sea una persona física o jurídica. Su función básicamente es la de ejercer de enlace entre el cliente y las autoridades y debe asegurarse de que la empresa mantiene en todo momento la información sobre actividades y accionistas que la ley exige.

La suspensión de los derechos corporativos implica que no puede disponer de los activos hasta que no tramite su reactivación

En este momento, la empresa panameña de Martínez-Bordiú se encuentra en un limbo jurídico al tener suspendidos sus derechos corporativos. Ello impediría teóricamente a la nieta de Franco desprenderse de su finca sevillana -con una extensión de 360,71 hectáreas- en caso de que ese fuera el deseo, dado que dicha suspensión conlleva la imposibilidad de disponer de los activos.

Para revertir esta situación tendría que abonar al Estado panameño las cantidades impagadas en concepto de tasa única y contratar los servicios de otro despacho de abogados para que consten como agente residente. Sólo así podría solicitar la tramitación a fin de que Triana Enterprises figure en el Sistema Electrónico de Inscripción Registral (SEIR) con el estatus de 'vigente' y no como 'suspendido'.

Triana Enterprises se inscribió en el Registro de Panamá el 8 de noviembre de 1994, justo 38 días antes de que Carmen Martínez-Bordiú escriturara la adquisición de la finca Los camochos ante el notario de Sevilla (ya jubilado) Antonio Ojeda Escobar. Entonces el país centroamericano tenía la consideración de paraíso fiscal. España no borró a esta nación de su lista hasta que el 25 de julio de 2011 -siendo José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno- entró en vigor el convenio que ambos países habían firmado en Madrid el 7 de octubre de 2010 para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal.

Como informó este diario, la Junta de Andalucía ha reconocido que le otorgó a Triana Enterprises SA ayudas por importe de 971.167,94 euros por la explotación agrícola y ganadera de la citada finca entre 1996 y 2017. La Administración autonómica no dispone de información anterior a 1996, lo que impide saber el importe de los fondos públicos que dicha empresa recibió en 1995.

La boda de 2006

Triana Enterprises es una típica compañía offshore con testaferros que actúan a modo de pantalla para ocultar la verdadera identidad de los reales propietarios. La nieta de Franco, duquesa y Grande de España desde que el 4 de julio de 2018 heredó el título nobiliario que había ostentado su madre, ha reconocido públicamente que esa finca es suya.

Lo hizo, por ejemplo, con ocasión de su boda con el cántabro José Campos el 18 de junio de 2006. En declaraciones realizadas a Hola, con la que negoció la exclusiva del casamiento, Martínez-Bordiú detalló que fue en este cortijo donde durmió su novio la noche antes del enlace. "José y su familia durmieron en Los camochos, mi finca de aquí, y yo lo he hecho, también con toda mi familia, en la finca elegida para la boda [El lagar de las almentas, propiedad del empresario César Alba]. Por cierto, yo he dormido con mi hija Cinthya", contó entonces a la revista.