El coronavirus puso a Italia en el foco por ser el epicentro del peor brote de la enfermedad que sufrió Europa durante la primera oleada de la pandemia, pero España, que logró contener los contagios a principios de verano, está siendo el país comunitario más castigado durante la nueva acometida del Covid-19, que es ya una realidad dentro de nuestras fronteras a pesar de que la incidencia de esta segunda ola no estaba prevista hasta otoño. Quizá por eso Moncloa y Congreso han cerrado por vacaciones -a pesar de que el boletín del Ministerio de Sanidad notificaba miles de contagios diarios- y el paquete de medidas previsto para contener los rebrotes sigue estando únicamente sobre el papel.

A finales del mes de julio quedaron definitivamente aprobados tres de los cuatro dictámentes de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica después de varios meses de jornadas maratonianas con decenas de comparecientes, centenares de propuestas y varias broncas monumentales que llegaron a desdibujar el verdadero objetivo del foro. No sin altibajos, el 22 de julio el Congreso ratificó los documentos de reactivación económica, de Unión Europea y de Sanidad y Salud Pública, estos dos últimos con una mayoría holgada gracias a los 88 votos del PP. Casi dos meses después, no se ha puesto en marcha prácticamente ninguno de los planes del paquete de medidas que, entre otras cuestiones, tenía como objetivo preparar a España ante los rebrotes y evitar un confinamiento generalizado que supusiese un golpe mortal a la economía.

Tras semanas de negociación, el pacto sanitario llegó a buen puerto gracias a la interlocución constante entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y la portavoz del ramo del PP, Ana Pastor, que cerraron uno de los pocos acuerdos entre Gobierno y oposición desde que comenzó la pandemia. "Los acuerdos están bien, pero no se ha avanzado en su cumplimiento", lamentan en la dirección de Génova, desde la que denuncian que "no se ha hecho nada" por coordinar y activar el plan sanitario mientras el país se mantiene por encima de la línea de los 10.000 contagios diarios y el número de fallecidos repunta hasta rozar los 200 en 24 horas.

Una de las reivindicaciones más recurrentes que realiza la oposición es el de la creación de una Agencia de Salud Pública de ámbito nacional que, aunque sería de dominio estatal, tendría representación de las comunidades autónomas. ¿El objetivo? Implantar un punto neurálgico para el seguimiento de pandemias en España y "fortalecer" el Sistema Nacional de Salud, un compromiso que adquirió el Gobierno en el marco de la Comisión de Reconstrucción y que sigue sin arrancar.

La creación de este organismo ya estaba prevista en la Ley General de Salud Pública de 2011, pero pocos deberes se han hecho en este sentido. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 5 de agosto un Real Decreto con la nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad, en el que se cita la creación del Centro Estatal de Salud Pública y se reafirma el compromiso de registrar el proyecto de ley previo a su creación ante las Cortes... en el plazo de un año.

Esta es sólo una de las 70 medidas y nueve enmiendas que se aprobaron del dictamen de Sanidad en el mes de julio, que recogía además otros compromisos que tampoco se han abordado o se han quedado simplemente en la superficie del discurso. La inversión en investigación de I+D+i o la definición de una Estrategia de Transformación Digital son algunas de ellas, a pesar de las importantes carencias de lo digital, por ejemplo, en el ámbito educativo, que durante la pandemia ha intensificado la brecha de desigualdad en muchas familias. Ni Gobierno ni autonomías han definido un plan de actuación claro en caso de que las condiciones epidemiológicas obliguen a volver al formato de educación online.

Otro de los puntos claves de la Comisión de Reconstrucción fue la aprobación de la puesta en marcha de una reserva estratégica de fármacos, vacunas y de personal sanitario para evitar los niveles de colapso que se registró en la atención primaria y hospitalaria especialmente durante los meses de marzo y abril, una petición que el Gobierno sigue respondiendo con silencio, se quejan en el PP.

Pero los retos que quedan por abordar son muchos: definición del Marco Estratégico para la Atención Primaria, consensuado con las CCAA; impulsar desde las comunidades autónomas un plan renove para no incurrir en la obsolescencia tecnológica, sobre todo de cara a la recepción de las vacunas contra el Covid; elaborar planes de contingencia para establecimientos sociosanitarios; o la creación de una red de laboratorios de microbiología son algunos de ellos.

El dictamen sobre Unión Europea, que salió adelante por 275 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones, contiene 60 medidas con importantes desafíos a los que dar cauce, como puesta en marcha "inmediata" de instrumentos financieros europeos de ayudas a las empresas; la creación de planes de lucha contra la elucsión fiscal y la economía sumergida; llegar a un pacto sobre Renovación Industrial entre la administración nacional; o la implantación de un impuesto al dióxido de carbono, recogida en la enmienda transaccional 34 del documento.

Pacto Cajal, o "como se le quiera llamar"

Muchas de las iniciativas que quedaron cerradas tras la Comisión de Reconstrucción aparecen reflejadas en el pacto por la Sanidad que el jefe de la oposición, Pablo Casado, ofreció a Sánchez también esta semana en la cita de ambos líderes en el Palacio de la Moncloa.

Casado llevó un borrador de su 'plan B' sanitario a su cita con el presidente del Gobierno, y celebró haber alcanzado un principio de acuerdo en este sentido con Sánchez, "sea el Pacto Cajal o como se le quiera llamar", para afrontar unidos, dijo, "lo que verdaderamente preocupa a los españoles", que es la emergencia sanitaria y no los Presupuestos, en palabras del jefe de filas populares.

Sin embargo, minutos después la ministra portavoz, María Jesús Montero, devolvió el optimismo de Casado a la casilla de salida, tachando de "anecdóticas" y "accesorias" las propuestas del líder del PP -pacto por la Sanidad, creación de una Agencia para la Recuperación Económica y principio de acuerdo jurídico- que, en ningún caso, estarán en las listas de prioridades de un Gobierno centrado en este momento en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y en la renovación del andamiaje institucional, entre ellos el CGPJ, el Tribunal Constitucional o la cúpula de RTVE.