La Fiscalía General del Estado dictará en los próximos días una instrucción para unificar el tratamiento por parte de los fiscales de toda España respecto a la ocupación ilegal de viviendas. Así lo anunció la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante su discurso de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo este lunes.

Por primera vez, Delgado pronunció su discurso como fiscal general que tradicionalmente inaugura el acto presidido por el rey Felipe VI y que, este 2020, ha estado marcado por el coronavirus. La celebración oficial se ha limitado a la ceremonia en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo presidida por el Jefe de Estado con los discursos de la fiscal general y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Se suprimió el vino español ofrecido en años anteriores en el Salón de Pasos Perdidos del palacio madrileño de Bárbara de Braganza, donde magistrados, fiscales, políticos y periodistas intercambiaban impresiones. Todos los asistentes llevaron mascarilla para prevenir el contagio del virus, se respetaron las distancias de seguridad y se tomó la temperatura corporal a los asistentes.

La máxima representante del Ministerio Público anunció durante su exposición que la Fiscalía dictará en los próximos días una Instrucción "que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales" del fenómeno delictivo de las ocupaciones de vivienda.

Dicha instrucción aunaría la actuación del ministerio fiscal en toda España, principal problema a la hora de abordar este fenómeno. Dos fiscalías, la de Baleares el año pasado y la de Valencia este verano, dictaron sendas instrucciones en las que especificaron en qué casos puede la Policía expulsar a los ocupantes de viviendas.

Hasta tres sentencias del Tribunal Constitucional establecen que las Fuerzas de Seguridad pueden expulsar a los ocupantes de viviendas, aunque no sean la residencia habitual sino una segunda vivienda vacacional, cuando se demuestre que éstas se tratan de un espacio "íntimo y familiar". En el problema de la ocupación ilegal de viviendas entran en conflicto distintos intereses: por un lado, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio; en segundo lugar el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada y, por último, el derecho a disfrutar de una vivienda digna. En este sentido, tanto jueces como abogados vienen reclamando una unificación de criterio en toda España para evitar procedimientos que se prolongan durante meses, en algunos casos años, sin solución para las partes. El Ministerio Público, según ha anunciado Delgado, tomará una decisión en los próximos días al respecto.