La trama Kitchen ocultó "deliberadamente" a los investigadores policiales del caso Gürtel la existencia del "zulo" en el que Luis Bárcenas ocultaba supuestamente documentación comprometedora para altos cargos del PP y una pista sobre los países en los que el antiguo tesorero del Partido Popular podía esconder el dinero acumulado con las comisiones ilegales.

Así lo destaca la Fiscalía Anticorrupción en el escrito con el que pidió el pasado viernes la imputación del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el marido de ésta (Ignacio López del Hierro) en el caso Kitchen, la operación de Estado con la que en 2013 se buscó robar a Bárcenas papeles sensibles que comprometían a altos dirigentes de la formación conservadora. El Ministerio Público considera que pudieron cometer delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y descubrimiento y revelación de secretos.

Después de que el Consejo de Ministros acordara el 7 de diciembre de 2018 desclasificar determinada información a petición del Juzgado Central de Instrucción 6 para el esclarecimiento de los hechos, la Policía Nacional aportó un escrito de 274 páginas con diversa documentación relacionada con la Operación Kitchen. Dicho envío incluía correos electrónicos que revelaban que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, en agosto de 2015, había acordado la cesión de información secreta que se había obtenido con dicho operativo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) -encargada de la investigación del caso Gürtel- por ser "coincidente".

En el informe se detalla el número 11 de la madrileña calle Díaz Porlier como uno de los lugares frecuentados por Bárcenas y su esposa (Rosalía Iglesias) pero no el 32 de la misma vía, que era donde la mujer del ex tesorero del PP tenía un estudio de restauración y donde se sospechaba que podía ocultar los documentos comprometedores para el PP. Es el "zulo" al que los investigados se refieren en las conversaciones grabadas de forma subrepticia por el comisario Villarejo y que fue objeto de seguimientos por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) entre el 25 de julio y el 11 de octubre de 2013.

Anticorrupción considera que la existencia de ese inmueble y su "directa vinculación" con Luis Bárcenas y su esposa fue ocultada "deliberadamente" si no a los mandos de la UDEF "sí a los funcionarios directamente responsables" del grupo operativo al que el juez que instruía el caso Gürtel le encomendó la investigación policial.

Apoyo policial innecesario

En su escrito, la Fiscalía recuerda que, según el contenido de las grabaciones incautadas a Villarejo, "al menos una parte de la documentación que se buscaba se habría finalmente localizado" en el estudio estudio de General Díaz Porlier y que aquélla se encontraría en poder del comisario principal ya jubilado Enrique García Castaño El gordo, uno de los mandos que intervinieron en la Operación Kitchen en su calidad de jefe de la UCAO. García Castaño, que entró en el verano de 2013 sin autorización judicial en dicho inmueble haciéndose pasar por marchante de arte para no levantar sospechas, siempre ha negado que hubiera encontrado los papeles que se le atribuyen en dicho local.

Que la información obtenida con dicho dispositivo no se puso en conocimiento de la UDEF lo ratificó un inspector jefe que declaró como testigo en esta causa. El funcionario aseguró que la información que se grabó en el sistema de la Policía por parte de Andrés Gómez Gordo -responsable de Seguridad de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha y quien habría captado al chófer de Bárcenas como confidente- era un simple refrito de datos obtenidos durante la investigación del caso Gürtel.

La trama ocultó también el "zulo" en el que se creía que Bárcenas guardaba información sensible del PP

"El mismo inspector jefe de la UDEF que depuso como testigo afirmó, además, que en el mes de enero de 2013 su unidad policial comenzaba a analizar la documentación remitida en virtud de la Comisión Rogatoria ejecutada por las Autoridades Judiciales de Suiza, por lo que no había ningún interés objetivo en contar con un apoyo de inteligencia policial para potenciar la investigación del delito de blanqueo de capitales, versión que sistemáticamente vienen manteniendo todos los investigados a los que se les atribuye en este procedimiento la puesta en marcha y la ejecución de la llamada Operación Kitchen con objeto de justificar su licitud", exponen los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

Los policías investigados han negado en sede judicial que el dispositivo policial fuera ilegal y mantienen que el objetivo de dichas pesquisas era conocer en qué países tenía el antiguo tesorero del PP cuentas bancarias, cuánto dinero había podido reunir con las mordidas y quiénes eran sus testaferros. La Fiscalía, por contra, considera que la operación se concibió con el "premeditado fin" de sustraer material comprometedor al juez de la Audiencia Nacional que instruía los Papeles de Bárcenas, pieza separada del caso Gürtel.

Tampoco se grabó en el sistema policial un dato que le proporcionó García Castaño a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, en relación con el paradero del botín que ocultaba Bárcenas. En febrero de 2015, a través de un mensaje telefónico, el mando policial informaba al número dos de Interior de que había obtenido la información de que el ex tesorero del PP escondía el dinero en las Antillas Holandesas y en Cracovia (Polonia).

El 'pendrive' de 32 gigas, clave

"Pese a la enorme relevancia de esta información de cara a la información judicial de índole económica existente sobre Luis Bárcenas, estos datos nunca se incorporaron" a los resultados de la investigación secreta que la DAO ordenó compartir en agosto de 2015. Entonces el número dos de la Policía era Eugenio Pino, otro de los investigados en esta pieza separada del caso Villarejo.

Ese mensaje de 'El gordo' a Martínez figuraba en el pendrive de 32 gigas que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía intervino en el domicilio del ex secretario de Estado de Seguridad cuando realizaron la diligencia de entrada y registro el pasado mes de marzo. El ex alto cargo guardaba en dicho dispositivo el resultado del volcado del teléfono móvil oficial que utilizó durante su etapa en Interior, en el que figuran los mensajes que recibió del ministro Fernández Díaz con instrucciones precisas sobre el operativo Kitchen.

Ese lápiz de memoria, que ha sido un elemento determinante para que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado la imputación de Fernández Díaz y Cospedal, acredita también que el Ministerio del Interior pagó con fondos reservados al chófer de Bárcenas a cambio de colaborar con la Policía.