La cárcel no es un lugar amable. Nunca lo ha sido. Al peso de la falta de libertad, en ocasiones de la ausencia de un horizonte de vida en décadas, se suma el peso, no siempre, de la mala conciencia por los delitos cometidos y del desgaste de lustros en permanente huida. En el caso de los presos de ETA la secuencia que endurece aún más la condena es la que pesó durante décadas y asfixió aún más la ausencia de libertad. Esta condena la impuso la dirección de ETA: ningún preso debía acogerse a beneficios penitenciarios. A todo ello se suma la dispersión en prisiones alejadas de Euskadi que desde hace tres décadas se les aplica y que es, según denuncia estos días la izquierda abertzale, uno de los factores determinantes que incide en la salud física y mental de los reos.

Desoír a la dirección de ETA, reconocer el daño causado y desmarcarse de la violencia fue una vía abierta para aliviar las largas condenas, pero sólo unos pocos dieron el paso. La mayoría no lo hizo. Eso supuso hacer aún más dura su sentencia, y con ello las condiciones de vida en la cárcel. Hoy no es la dirección de ETA sino el colectivo de presos, el EPPK, quien marca los límites para intentar acogerse a beneficios; ni arrepentimiento ni delación.

En este contexto, que para muchos se prolonga durante décadas, la dura realidad de la cárcel deriva en enfermedades prematuras, en otros en dolencias de carácter mental y en algunos en episodios en los que ha sobrevolado el suicidio.

La muerte de un nuevo preso de la banda terrorista el pasado viernes en la cárcel de Martutene en San Sebastián ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la política penitenciaria y la vida en prisión de un colectivo que arrastra las condenas más abultadas de la población penitenciaria. Hoy EH Bildu preguntará en el Senado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto. Le reprochará la política carcelaria que aplica y que tilda de “vengativa” con los presos de ETA.

La banda ya desaparecida tiene aún a algo menos que 200 de sus exmilitantes entre rejas. Suma decenas de casos de presos enfermos, más de una treintena con más de 60 años y en muchos casos con aún muchos años aún por cumplir.

Legislación específica

La muerte de Igor González Sola, hallado muerto en su celda, es la quinta de un preso de ETA desde 2013. EH Bildu afirmó ayer que su muerte no es “ni casual ni natural” y como ya hiciera a las pocas horas de trascender el fallecimiento de este preso de 46 años, situó la causa en la “criminal y vengativa” política penitenciaria que se aplica a los etarras en prisión.

El colectivo de apoyo a los presos de la banda, Sare, cifra en 22 el número de reclusos de la disuelta organización que habrían fallecido cumpliendo su condena. Aún no han trascendido las causas reales de la muerte de González Sola, tan sólo que se encontraba enfermo, con alguna patología mental, y que había cumplido tres cuartas partes de su condena, por lo que en aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria podría haber estado en libertad.

En los últimos años el entorno de los presos ha reforzado su reivindicación de que se ponga fin a la política penitenciaria que se sigue aplicando a ETA. Lo ha hecho subrayando su incidencia en el desarraigo de los reos, en el impacto en las familias o en las insuficientes progresiones de grado que aún hoy, con la banda disuelta, se siguen concediendo -144 de los casi 200 presos de ETA están en primer grado-. EH Bildu había confiado en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, a quien apoyó, para que la situación cambiara. Dos años y tres meses después de su llegada a Moncloa ha acercado a 58 presos de ETA pero no ha modificado la política carcelaria aplicable a estos presos. El Ejecutivo no ha secundado ni a la izquierda abertzale ni al PNV, que en reiteradas ocasiones ha solicitado acercar a los presos a cárceles próximas a Euskadi.  

Sin libertad, controlados por la dirección y con condenas de décadas de cárcel, apenas una treintena de presos de ETA se atrevió a romper la disciplina interna y acogerse a la llamada ‘Vía Nanclares’ que a cambio de desmarcarse de la violencia y reconocer el daño causado aliviaba la privación de libertad acortando la condena y acercando al preso a una cárcel próxima a su lugar de origen.

Muertes prematuras

El de ETA es sin duda el colectivo de presos que más dolor ha infligido a la sociedad vasca y española, pero también el que con mayor dureza ha recibido el castigo de la cárcel. Con cumplimientos efectivos en muchos casos de hasta tres décadas, se suma desde 1989 la aplicación de la política de dispersión con la que el Gobierno de Felipe González diseñó la estrategia para romper el llamado ‘frente de cárceles’ con el que la banda controlaba a sus presos.

En la historia reciente de los últimos años la mayoría de las muertes se han producido de forma relativamente prematura y tras padecer una enfermedad mortal. Fue el caso de Belén González Peñalva, ex dirigente de ETA, quien participara en los contactos con el Gobierno de Zapatero –Argel, 1989- primero y de Aznar después –Suiza, 1999- murió en el hospital oncológico de San Sebastián el 16 de noviembre de 2017. El cáncer que sufría precipitó su salida de prisión y se autorizó en 2009 que cumpliera la condenada en su domicilio desde 2009. Falleció a los 59 años.

También la enfermedad provocó la muerte de Arkaitz Bellón, con apenas 36 años. Ocurrió el 5 de febrero de 2014. La autopsia que presentó la propia asociación de apoyo a familiares de presos, Etxerat, concluyó que un edema pulmonar fue la causa y que no existió “violencia externa”. Bellón fue encontrado muerto en su celda de la cárcel Puerto I de Cádiz, donde cumplía 13 años de condena por un delito de atentado, depósito de armas, coacciones y daños por violencia callejera.

Meses antes, el 15 de marzo de 2013 el caso se repitió. Un preso de apenas 41 años, Angel Figueroa fue encontrado muerto en su casa de Getxo, en Algorta (Vizcaya), donde cumplía condena gracias a un seguimiento telemático. Para ser excarcelado y continuar el cumplimiento de su condena en su domicilio tuvo que pedir perdón a las víctimas, requisito que inicialmente cumplió esgrimiento el “imperativo legal” que se le imponía y que finalmente retiró.

El precedente de Bolinaga

Unos días más tarde, quien fuera jefe de ETA, Xabier López Peña, alias ‘Thierry’ murió en un hospital de París a los 54 años. Los problemas cardiacos que acarreaba le habían llevado a solicitar su puesta en libertad por motivos de salud en reiteradas ocasiones.

La juventud es de nuevo uno de los factores que aparece en la muerte de otro preso de ETA, Kepa del Hoyo. Con 46 años, este recluso nacido en Almendralejo murió en la prisión de Badajoz mientras practicaba deporte el 31 de julio de 2017.

En la historia de ETA las muertes de sus militantes en prisión o tras abandonarlas por motivos de salud han sido numerosas. Sin duda el caso más polémico fue el de Josu Urrutikoetxea Bolinaga, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara y quien víctima de un cáncer logró su excarcelación en 2012. Bolinaga fue procesado de nuevo por el asesinato de un guardia civil mientras se encontraba cumpliendo condena en su domicilio. Falleció tres años y cuatro meses después de haber sido excarcelado, el 16 de enero de 2015.