El 13 de octubre de 2019, la víspera de que el Tribunal Supremo notificara la histórica sentencia del procés, Francisco Martínez tomó su teléfono móvil y redactó unas notas en las que mostraba su decepción con el PP por haberse desentendido de él, al tiempo que anticipaba su intención de aportar al juez que instruye el caso Kitchen todo el "material probatorio" que demostraría que él se limitó a cumplir "instrucciones" de sus superiores en caso de que lo citara. "Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia", zanjó.
Tres meses después de aquel domingo de otoño, el ex secretario de Estado de Seguridad engrosó la lista de imputados en esta pieza separada del caso Villarejo en la que se investiga si el Ministerio del Interior desplegó en 2013 una operación "parapolicial" para robar a Luis Bárcenas documentación comprometedora de altos cargos del PP y evitar así que llegara al magistrado que investigaba el caso Gürtel.
Bajo el título de Mensajes para trasladar, aquellas notas son suficientemente reveladoras y representan un elemento incriminatorio claro contra el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cuya imputación en la causa pidió el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción como posible autor de delitos de malversación, prevaricación y descubrimiento y revelación de secretos.
En esas líneas, Martínez consideraba que en ese momento se podría intentar evitar "a toda costa" su citación judicial y que el caso se quedara "un tiempo dormido", así como tratar de llegar al juez a través de personas con las que tenía una "estrecha relación" -en alusión a Juan Ignacio Zoido, magistrado también de profesión- y a los fiscales a través del abogado Jesús Santos.
Igualmente, el ex alto cargo del PP consideraba "importante" que el Gobierno de Pedro Sánchez no desclasificara más información. "Marlaska ha generado un gran daño mediante una desclasificación masiva de documentos para montar un 'escándalo político', probablemente para impresionar a su actual jefe y demostrar que tiene el pedigrí socialista que durante años negó", razona.
Como en otros mensajes cruzados con amigos, el ex número dos de Interior trataba de dejar claro en esas notas no sólo que la investigación se desarrolló por iniciativa de terceras personas sino que él recibió "instrucciones muy concretas" y tuvo "una presión diaria para obtener y transmitir la información". "A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesaba, pero escuché muchas veces de mi superior que era 'el asunto más importante que teníamos entre manos...' Y todo eso lo puedo demostrar", escribió.
Tan sólo unos días después, Martínez acudió a la notaría madrileña de Enrique Franch Quiralte para protocolizar el mensaje que a las 14.06 horas del 18 de octubre de 2013 -en pleno desarrollo de la Operación Kitchen- le envió Fernández Díaz a su teléfono oficial: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B [Bárcenas] a los abogados para poder obtener de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para preparar su defensa jurídica...".
Era la segunda vez en cuatro meses que el ex alto cargo acudía a un notario para que diera fe de los SMS que su antiguo jefe le remitió en su día en relación al dispositivo que la Audiencia Nacional investiga desde el 7 de noviembre de 2018. La primera vez había sido el 13 de junio de 2019, dos día después de que Fernández Díaz hubiera declarado a Vozpopuli: "No tengo ni tuve conocimiento. Salvo que se me demuestre lo contrario, me costaría creer que eso es cierto".
El ex 'número 2' de Interior redactó unas nota en las que decía que cumplió "instrucciones" y criticaba que nadie del PP le hubiera ayudado
Ese mismo día, envió un mensaje a un antiguo colaborador en el Ministerio tras leer estas declaraciones. "¿Tú crees que se puede tener tan poca vergüenza? Tendrá que ir corriendo a confesarse...". De profundas creencias religiosas, Fernández Díaz despertó su inquietud por el Opus Dei durante un viaje a Las Vegas (EEUU) en enero de 1991, según él relató en su libro.
Las alarmas se encendieron definitivamente para Martínez aquel mes de junio. El día 4, el comisario principal Enrique García Castaño El gordo -ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y uno de los mandos policiales participantes en el dispositivo que Villarejo bautizó como Kitchen- había declarado ante el juez que él personalmente hizo entrega al secretario de Estado de Seguridad del contenido del volcado de dos teléfonos móviles de Bárcenas que el chófer de éste le había entregado cuando ejercía como confidente a cambio de una asignación mensual de 2.000 euros.
"Repugnante gesto de vanidad"
En las citadas notas, Martínez insinuaba que desde el PP se habían hecho filtraciones con las que -en su opinión- pretendía trasladarse a la opinión pública la idea de que el espionaje al ex tesorero popular era un asunto suyo y lamentaba que Fernández Díaz se hubiera dado un "baño de masas" para presentar el libro de memorias (titulado Cada día tiene su afán) -"un repugnante gesto de vanidad que le define muy bien", describió- mientras los medios de comunicación anticipaban ya su imputación en el procedimiento que dirigen el juez Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción.
Su malestar no sólo estribaba en que el que había sido su jefe, en declaraciones públicas, se estuviera desmarcando del dispositivo policial hoy investigado. Su reproche también alcanzaba al PP, al que afeaba que no le hubiera salido apoyado pese a la "lealtad y compromiso" que él había demostrado en su etapa en Interior.
Licenciado en Derecho (con premio extraordinario) y en Ciencias Económicas y Empresariales y letrado de las Cortes Generales (número uno de su promoción), Francisco Martínez aterrizó en el Ministerio en enero de 2012, cuando fue nombrado del director del gabinete del ministro. Un año después se convirtió en secretario de Estado de Seguridad, cargo que desempeñó hasta la llegada de Juan Ignacio Zoido al departamento en noviembre de 2016.
Fuera ya del Gobierno, Martínez se mantuvo como diputado hasta el 21 de mayo de 2019. La Operación Kitchen copaba titulares en los periódicos desde hacía varios meses y la actual dirección del partido -comandada por Pablo Casado tras el congreso en el que éste derrotó a Soraya Sáenz de Santamaría- lo descabalgó de las listas a las elecciones generales del 28 de abril. Ello conllevaba la pérdida del aforamiento.
Escuché muchas veces de mi superior que era "el asunto más importante que teníamos entre manos", escribió el ex alto cargo
El 24 de marzo de 2019, cuando tuvo conocimiento de su exclusión, el ex alto cargo escribió a Mariano Rajoy para pedirle que no lo "dejen tirado" y que se le buscara otra alternativa -como la Asamblea de Madrid- en premio por la "lealtad y compromiso" demostrados. A la Fiscalía no le consta que aquel mensaje tuviera respuesta.
Quizá ello explique que al día siguiente se dirigiera a Teodoro García Egea, secretario general del PP. "Me refería a que El Mundo ya anuncia, editorial incluido, que ni Jorge [Fernández Díaz] ni yo iremos en ninguna candidatura por el 'caso Kitchen'. Citan fuentes de Génova. Como te dije, puedo entenderlo, pero quedarme tirado y marcado como un corrupto por los míos me hace un daño irreparable. Hay opciones de las que podíamos haber hablado. Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Precisamente por eso me he metido en este lío. Por eso y por NADA más. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy. La misma que os tendría al presidente y a ti".
Meses después, cuando redactó aquellas notas que los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos intervinieron junto a otros documentos cundo se personaron en su domicilio el pasado 13 de marzo con una orden judicial, Francisco Martínez no se muestra ya tan dolido por su expulsión de la vida política como por el "enorme daño personal, familiar, reputacional y profesional" que la investigación judicial del caso Kitchen le había causado. Ello no sólo frustró alguna oportunidad laboral en el sector privado sino que también le había obligado a asumir unos gastos de abogados -cifrados entonces en 12.000 euros- pese a sus "casi inexistentes ahorros".
Sanz Roldán y "El Yeti"
El ex alto cargo responsabiliza al ex jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán -al que se refiere como 'FSR'- del "desastre" que supuso la detención de "El Yeti" -en velada alusión al comisario Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017- "con pleno conocimiento" de Soraya Sáenz de Santamaría -de la que dependían entonces los servicios secretos- y "bajo la pasividad total de Zoido, que no se enteraba de nada".
Con todo, Francisco Martínez aseguraba no tener cuentas pendiente con nadie "ni el menor interés en perjudicar a nadie", si bien consideraba llegado el momento de no permitir ningún perjuicio más para él o su familia "por esta historia" y de demostrar que nunca actuó "fuera de la ley" y que cumplió "instrucciones". También lanzó un recado: "Que nadie pretenda ahora que este problema es mío...".
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