El Congreso de los Diputados ha derogado este jueves el decreto ley de los remanentes municipales que había aprobado previamente el Gobierno, ya que ha recibido el rechazo de toda la oposición.

La votación ha deparado 156 "síes", 193 'noes' y ninguna abstención. Es el primer decreto ley del Gobierno de coalición que no avala el Congreso.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había asegurado este jueves que si el decreto ley que permite el acceso a los remanentes de los ayuntamientos y crea un fondo de 5.000 millones era derogado en el Congreso, los consistorios sufrirán "un grave contratiempo" en sus finanzas ante el que no habrá una "segunda oportunidad".

Montero ha defendido en el Congreso el contenido del decreto ley sobre la financiación de los ayuntamientos para que se recuperen de los efectos de la pandemia. La ministra se ha referido a esa posibilidad durante casi toda su intervención, y por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que reflexionen, permitan la convalidación del decreto y luego su tramitación como proyecto de ley.

Ese tipo de tramitación abre la puerta a introducir cambios en la redacción del texto, algo en lo que ha insistido la ministra. Ha reiterado, de hecho, que si es así, los dos aspectos del decreto más discutidos quedarán sin ejecutar a la espera de un acuerdo en el Congreso.

La ministra ha recalcado la intensidad de negociación que los grupos del PSOE y de Unidas Podemos han desarrollado durante los últimos días para obtener más respaldo.

Incluso ambos grupos, así como el Ministerio de Hacienda, plantearon ayer miércoles una oferta sobre el criterio de reparto del fondo de 5.000 millones, una de las cuestiones que la oposición rechazaba.

Según ha explicado, un 60 por ciento, hasta 3.000 millones, se repartiría por criterio de población, como pedían muchos grupos, y el resto se dedicaría a la movilización de los remanentes.

Tampoco esta oferta, ha continuado la ministra, concitó el "sí" de una mayoría.

Debido a ello, Montero ha pedido, especialmente al PP, que no usen los ayuntamientos como "ariete" contra el Gobierno.

Al contrario, ha pedido propuestas y otras opciones, pues hasta este jueves, según sus palabras, no ha recibido ninguna que respetara los límites constitucionales y la ley de estabilidad, según las cuales los ayuntamientos no pueden entrar en déficit.

Si el decreto es derogado, por tanto, y queda sin efecto, Montero ha remarcado que la oposición no cuente luego con el PSOE ni con Unidas Podemos para articular otro fondo.

Además, "la no convalidación es un grave contratiempo para los ayuntamientos con las reglas fiscales en vigencia porque no podrían usar los recursos adicionales" que el decreto permite, entre ellos, por ejemplo, un fondo para compensar las pérdidas en el transporte urbano por la pandemia, de hasta 400 millones de euros, ha explicado.