La noticia de que la congelación salarial de los funcionarios está en los planes presupuestarios de Gobierno, al objeto de cuadrar las cuentas del año que viene, no ha aparecido en la negociación que el Gobierno mantiene consigo mismo para presentar un texto consensuado entre el sector socialista y morado, según fuentes de Podemos. Cabe recordar que María Jesús Montero negocia con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, el contenido del Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 antes de comenzar a buscar apoyos de otros Grupos Parlamentarios con los que sacarlos adelante.

Los morados prefieren pensar que la información, adelantada en su edición de ayer por El País, es un "globo sonda", porque "no hay nada de eso en las conversaciones presupuestarias", aseguran, aunque la propia Montero, en declaraciones ayer en el Congreso de los Diputados tras el fiasco de la votación del decreto del superávit de los ayuntamientos, dio carta de naturaleza a esta posibilidad. "El país se enfrenta a una situación muy complicada" y debe "estudiar todas las alternativas". "Los recursos son limitados y estamos trabajando, el Ministerio de Función Pública y Política Territorial está trabajando en ese entorno, viendo todas las posibilidades posibles", ha aseverado la ministra ante el llamativo silencio que ha mantenido Podemos a lo largo del día sobre esta cuestión.

Calvo desmiente a Calviño y Montero en un juego de confusiones

Poco antes, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño tampoco descartó una medida que arrumba la comprometida subida salarial a los más de dos millones y medios de funcionarios, tanto de la Administración General del Estado, como de las Comunidades autónomas y de los ayuntamientos, incluido el personal sanitario y educativo.

Precisamente, Calviño, en una entrevista en Antena3, agradecidó los servicios prestados en la lucha contra el coronavirus a todos los empleados públicos que han estado en primera línea, también a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al Ejército, pero continuación matizó que habían ganado "poder adquisitivo" gracias a que este año ha habido "inflación cero".

Paradójicamente el sector morado del Gobierno remite al desmentido que, en este sentido, hizo la vicepresidenta primera, con la que pocas veces están de acuerdo. Carmen Calvo contradijo, no a Podemos, sino a Calviño y Montero en lo que viene siendo una vuelta de tuerca a las relaciones internas en el Consejo de Ministros.

A pesar del frente común que suelen articular estos tres pesos pesados del Ejecutivo, la número dos de Moncloa ha aseverado que "no. No está eso en la mesa. En la mesa está ya una fase interna de avance de una propuesta de Presupuestos Generales del Estado para la que estamos pidiendo a todo el arco parlamentario que ayude, cada cual con lo que puede", ha dicho la ministra aunque, por ejemplo, el Gobierno socialista de Baleares ya ha tomado una medida en ese sentido.

Escrivá lo ignora y el Ministerio de Función Pública sigue sin descartarlo

Tampoco al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, le consta que se esté barajando esa medida. Mucho más esquivo ha estado el Ministerio al que le correspondería implementarla, esto es, al de Política Territorial y Función Pública, que han trasladado a Europa Press que hasta que no se apruebe el proyecto de ley de PGE "no hay nada" decidido al respecto, lo que tampoco es un desmentido.

Por su parte, Nacho Álvarez, en entrevista en La Cafetera, se ha limitado a comentar que «el Gobierno se está fajando» para intentar tener unas nuevas cuentas con las que apuntalar la legislatura e «intentando reconstruir y cuidar esa mayoría» de la moción de censura que facilite su aprobación.

La negociación entre Montero y Álvarez había transcurrido hasta ahora sin muchas dificultades y con bastante celeridad. De hecho, no se descartaba un acuerdo en breve que permitiera al departamento de Hacienda ir cumpliendo su calendario, ya que antes del 15 de octubre debe presentar a Bruselas el Plan Presupuestario para 2021.

Está por ver si esta información afecta la marcha de las negociaciones con Podemos, sobre todo habida cuenta de que ha puesto en pie de guerra a los funcionarios y a las principales organizaciones sindicales que les representan, como el CSIF, UGT y Comisiones. De hecho, fue el recorte en un 5 por ciento del sueldo de los funcionarios anunciado en mayo de 2010 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el que se llevó por delante al gobierno socialista.