En los últimos años ha sido una constante. Lo fue en el último Gobierno de Mariano Rajoy y se ha intentado reconducir con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El cruce de recursos ante el Tribunal Constitucional ha sido reiterado y en una doble dirección. Tanto por parte del Ejecutivo central contra normas aprobadas por el Parlamento Vasco como de la Administración vasca contra leyes del Gobierno central por considerar que vulneraban el autogobierno vasco o competencias exclusivas del País Vasco. Ahora, socialistas y nacionalistas han acordado un mecanismo que intente frenar esa dinámica y evitar la “judicialización constitucional” en la que consideran que se habían instalado. Ese reproche constitucional de las normas que unos y otros aprueban había provocado “un riesgo” de reducir el peso del autogobierno en Euskadi a consecuencia de las interpretaciones que del marco competencial vasco venían haciendo los jueces.
El acuerdo que socialistas y ‘jeltzales’, que PSE y PNV han cerrado para el Ejecutivo que el pasado martes tomó posesión señala que en este tiempo el cruce de recursos entre las dos administraciones ante el Alto Tribunal ha provocado “fallos meramente interpretativos” sobre el alcance real del autogobierno reconocido al País Vasco en la propia Constitución. Una situación, denuncian, que ha ido “consolidando una doctrina de efectos menguantes” sobre el peso y alcance de las competencias propias de Euskadi.
Ahora, el Gobierno que lidera Urkullu y del que la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, es número tres, se ha fijado como prioridad la defensa del marco de autogobierno reconocido y denunciar cualquier ataque al mismo. Los dos socios de la coalición se comprometen a denunciar cualquier actuación del Gobierno central “que suponga una intromisión, vaciamiento, condicionamiento o recorte en las políticas públicas que el Parlamento o el Gobierno vasco hayan aprobado en el ejercicio de su ámbito competencial”, se apunta en el acuerdo de gobierno.
Precisamente uno de los primeros acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno vasco fue la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la llamada ‘Ley de Abusos Policiales’ presentado por el Gobierno del PP. El 23 de julio de 2018 se cerró el pacto para que ese recurso no prosperara. No fue el único, Sánchez también dejó el suspenso el recurso ante el Constitucional que los populares habían interpuesto contra el proyecto de ley de presupuestos vasco de 2018 que incluía incrementos salariales a los funcionarios que eran superiores a los autorizados. El Gobierno vasco ha visto en los últimos años cómo varias de sus leyes terminaban en el TC, como sucedió con la Ley Municipal vasca, que finalmente también se llegó a un acuerdo para retirarla, o la ley vasca contra el fracking que terminó en el Constitucional.
'Vulneraciones del Autogobierno'
La secuencia se ha repetido en demasiadas ocasiones pero lo ha hecho en ambas direcciones. En la que va del Gobierno a la administración vasca por considerar que se vulneran competencias del Estado y viceversa, de Euskadi contra normas estatales en forma de defensa de competencias propias reconocidas y que se consideran vulneradas.
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El acuerdo cerrado entre PNV y PSE establece que corresponderá al departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, que ocupa Olatz Garamendi en sustitución de su anterior titular, Josu Erkoreka, velar para que la producción legal propia del Gobierno no termine en el Constitucional y la que llega desde las Cortes españolas tampoco irrumpa como una intromisión del marco competencial vasco.
Así, este departamento actuará de oficio, o a instancia de la consejería afectada, mediante la elaboración de un informe sobre la legalidad constitucional y de respeto al Estatuto de Gernika de cada una de las iniciativas normativas que apruebe el Estado. En caso de que esos informes “detecten vulneraciones del Autogobierno” se pondrá en marcha un proceso de “soluciones preventivas que eviten la conflictividad judicial”. Se remitirá en su caso la correspondiente “carta de cooperación” y se impulsará una negociación en el seno de la comisión bilateral de cooperación para reconducir ese posible ataque al autogobierno detectado en aras a evitar llegar a la judicialización constitucional. Sólo en caso de que por esta vía no se lograra corregir la situación se remitiría al Consejo del Gobierno vasco la propuesta de interposición de un recurso ante el Constitucional.
En los casos en los que quien interponga el recurso sea la Administración del Estado contra normas y actos dictados en Euskadi, el Gobierno vasco también se plantea priorizar cauces de negociación previa para evitar tener que llegar a la denuncia ante el TC.
Encaje constitucional
Precisamente este mandato el Gobierno vasco y el Parlamento vasco abordarán un proceso complejo en su encaje constitucional y legal, como es la aprobación de un nuevo estatus vasco que supere el Estatuto de Gernika, cuyo desarrollo íntegro se espera poder culminar el próximo año. PNV y PSE acordaron un primer borrador de nuevo estatuto, en el que ambos partidos deslindan algunos puntos del acuerdo conjunto. Precisamente las diferencias sobre la constitucionalidad de algunos de los aspectos es lo que dibuja la falta de unanimidad en el articulado propuesto por el PNV y apoyado sólo parcialmente por los socialistas. Es en esta cuestión donde la dificultad del encaje constitucional puede convertirse en el principal foco de enfrentamiento.
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El Gobierno vasco tiene previsto llevar a cabo a lo largo de esta legislatura una prolífica actividad normativa y legal que incluye hasta 28 proyectos o proposiciones de ley. En algunos casos son normas que se antojan susceptibles de incurrir en terrenos sensibles en los que los ámbitos competenciales puedan suscitar diferencias de interpretación importantes. Es el caso de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, la Ley de Centros de Culto y Diversidad Religiosa o la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.
En los últimos años ha sido una constante. Lo fue en el último Gobierno de Mariano Rajoy y se ha intentado reconducir con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El cruce de recursos ante el Tribunal Constitucional ha sido reiterado y en una doble dirección. Tanto por parte del Ejecutivo central contra normas aprobadas por el Parlamento Vasco como de la Administración vasca contra leyes del Gobierno central por considerar que vulneraban el autogobierno vasco o competencias exclusivas del País Vasco. Ahora, socialistas y nacionalistas han acordado un mecanismo que intente frenar esa dinámica y evitar la “judicialización constitucional” en la que consideran que se habían instalado. Ese reproche constitucional de las normas que unos y otros aprueban había provocado “un riesgo” de reducir el peso del autogobierno en Euskadi a consecuencia de las interpretaciones que del marco competencial vasco venían haciendo los jueces.