La importante derrota parlamentaria que cosechó este jueves el Gobierno en el Congreso, tras ver como rechazaba su decreto para hacerse con el superávit de los ayuntamiento, ha caído en el Ejecutivo como un jarro de agua fría. Ahora son muchos los dedos que apuntan, por distintos motivos, a la responsabilidad del presidente de la FEMP; esto es, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, que pactó con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un texto que carecía de apoyos desde su origen y llegó, por tanto, sentenciado al Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

El tan controvertido alcalde vigués no tiene demasiado contentos a muchos de los suyos. Sectores tanto del Gobierno como del Grupo Socialista, que se han tenido que fajar en una negociación contrarreloj donde encontraron un muro de malestar generalizado, le acusan de no haber sido capaz "de suscitar más apoyos en la FEMP", para impedir que el texto saliera adelante solo con los votos socialistas y muchos de ellos con un entusiasmo perfectamente descriptible.

Caballero no consiguió siquiera el respaldo de Podemos en la FEMP

De hecho, ni siquiera obtuvo el respaldo del representante de Unidas Podemos en la Federación, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura. A lo más que llegó fue a abstenerse, lo que obligó a Caballero a usar su voto de calidad para romper el empate con los detractores del decreto ley derrotado ayer en el Congreso.

Y es que para el sector morado del Gobierno el texto era "muy flojito" a decir de algunos y "una chapuza" a decir de otros, que no dudan en culpar directamente "a Abel". Mientras, desde el Grupo Socialista consideran que "no ejerció el liderazgo" debido para atraerse alguna voluntad más. En Hacienda lamentan que Caballero trasladó "un optimismo infundado" respecto a las posibilidades del decreto aunque tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propia Montero eran todo sonrisas cuando se protocolizó en Moncloa la firma del acuerdo entre Hacienda y la FEMP. Puro cartón piedra.

Otra derivada del chasco parlamentario es la extrema debilidad en la que el gallego deja a la Federación Española de Municipios y Provincias. La votación del decreto rompió la tradicional unanimidad con la que ha venido tomando sus decisiones a lo largo de su historia. Partida en canal, no se trata de un enfrentamiento entre socialistas y populares sino entre el PSOE y los alcaldes del resto de los partidos.

En una situación totalmente inédita, adelantada por El Independiente, el motín anti-decreto unió a PP, Ciudadanos, Comunes, JxC, ERC y BNG, entre otras formaciones políticas. Ahí fueron de la mano el madrileño José Luis Martínez Almedia, la barcelonesa Ada Colau y el gaditano José María González. Queda por tanto la FEMP desautorizada como interlocutora con el Gobierno, que, por su parte, amenazó a los Grupos de la oposición con que si no había decreto no habría ayudas para paliar los demoledores efectos sanitarios, sociales y económicos del Covid, ni tampoco un nuevo texto.

Caballero, -cuyo principal empeño parece entrar en el libro Guiness de los récords por las bombillas de Navidad con que inunda Vigo- ha conseguido enfadar a todos, a propios y extraños. Los populares le acusan de un "exceso de protagonismo" que se tradujo en unas negociaciones casi clandestinas con Montero, de las que informaba en la FEMP con cuenta gotas. No hay que negarle que consiguió algunas concesiones, la más importante, que los 5.000 millones de euros de ayudas comprometidas a los ayuntamientos, ahora suspendidas, no salieran de los propios ahorros de los entes locales sino de los Presupuestos Generales.

Parece que Hacienda propuso después que de ese montante 3.000 millones se repartieran con criterios de población sin vincularlos a los superávits municipales, pero, ni por esas, ha conseguido más que el apoyo de sus socios, con los que también hubo de negociar su respaldo.