El futuro judicial de Rajoy, en manos de Fernández Díaz

El futuro judicial de Mariano Rajoy en el caso Kitchen estará en manos de Fernández Díaz, al frente de Interior cuando se llevó a cabo la operación "parapolicial" para sustraer a Luis Bárcenas documentación comprometedora sobre el último presidente del Gobierno del PP, según los investigadores. El ministro será citado con toda seguridad por el juez y tendrá que aclarar si el jefe del Ejecutivo le dio la orden de poner en marcha dicho dispositivo o si al menos lo conocía.

Después de casi dos años de instrucción bajo secreto, las pruebas y los indicios recabados demuestran que Fernández Díaz dio instrucciones a su número dos en el Ministerio sobre este operativo. Es por ello que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que llame a declarar al ex ministro como imputado por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y descubrimiento y revelación de secretos.

El juez Manuel García-Castellón no resolverá previsiblemente esta petición hasta que oiga a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en el periodo investigado (2013-2015) y ya imputado en esta pieza separada del caso Villarejo. Martínez ha sido citado dos veces, pero las dos se ha acogido a su derecho a no declarar. De momento, es el único político investigado en esta causa, en la que figuran con dicha condición procesal el antiguo chófer del matrimonio Bárcenas-Iglesias (Sergio Ríos Esgueva) al que se captó como confidente o colaborador del operativo y seis funcionarios policiales: José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño El gordo, Eugenio Pino, Andrés Gómez Gordo, Marcelino Martín-Blas y José Ángel Fuentes Gago.

El testimonio de Francisco Martínez es clave para aclarar no sólo su implicación en los hechos que se investigan sino también para dirimir la eventual responsabilidad penal de otros cargos públicos de mayor jerarquía, empezando por Fernández Díaz y llegando al propio Rajoy.

Al constatar que en manifestaciones públicas el ministro se desentendía de dicha operación y que uno de los mandos policiales -García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)- declaró en sede judicial que le había entregado una copia de la información que Bárcenas guardaba en dos móviles proporcionados por el chófer, el ex alto cargo acudió dos veces a una notaría para protocolizar cuatro SMS que Fernández Díaz le envío a su teléfono oficial durante el desarrollo del dispositivo. Esos documentos le fueron intervenidos a Martínez cuando el pasado 13 de marzo agentes de la Unidad de Asuntos Internos se personaron en su casa con un mandamiento judicial y constan en las actuaciones judiciales.

Los mensajes de Fernández Díaz

El primer mensaje lo recibió a las 20.20 horas del 13 de julio de 2013: "Es importante". Nueve minutos entraba en su móvil un segundo SMS del mismo remitente: "Chófer B.: Sergio Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Fue durante ese mes cuando el conductor empezó a colaborar con la Policía y cuando la UCAO inició los seguimientos a la esposa del ex tesorero del PP (concretamente el día 25). Bárcenas había ingresado en prisión preventiva 16 días antes en plena investigación del caso Gürtel y ya había confesado la existencia de una 'caja B' en el partido.

El 2 de agosto, Martínez y Fernández Díaz volvieron a cruzar mensajes sobre el mismo asunto. "Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilio [nombre con que se conoce en el argot policial a los agentes del CNI]. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado", escribió el primero. "Yo lo tendré al acabar el Consejo [de Ministros], así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info...", le respondió el ministro.

Los mensajes que el 'número 2' de Interior llevó al notario arrastran a Fernández Díaz

La constatación de que la Policía accedió -sin conocimiento judicial- a información que guardaba Bárcenas la dejó por escrito Fernández Díaz a las 14.06 horas del 18 de octubre de 2013. A esa hora mandó un mensaje a su número dos en Interior con el siguiente texto: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica... Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación... Es lo que ha dicho, insisto, y es muy probable que ésa fuera la intención. Otra cosa es que con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... Veremos. Te informo".

La investigación ha puesto de manifiesto que el chófer facilitó al jefe de la UCAO dos móviles de Bárcenas, de cuyo contenido hicieron una copia dos agentes en una cafetería de la cadena Vips cercana a la sede del Ministerio del Interior durante una cita de García Castaño con el conductor. Según ha declarado en sede judicial este comisario principal ya jubilado, ese volcado se lo facilitó él personalmente al secretario de Estado de Seguridad en un ordenador que se compró con fondos reservados y que costó 1.905,82 euros.

"Instrucciones muy claras y explícitas"

Esta secuencia de mensajes acredita no sólo que el ministro conocía la Operación Kitchen frente a lo que mantenía públicamente, sino que fue él quien le dio "instrucciones muy claras y explícitas" a su número dos para que las ejecutara. Es la prueba que sustenta la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el juez llame al procedimiento a Fernández Díaz -ya fuera de la política tras negarse la actual dirección del PP a incluirlo en las listas al Parlamento europeo con motivo de las últimas elecciones, celebradas en 2019- en calidad de investigado.

El pasado 23 de enero, la víspera de su comparecencia judicial, Francisco Martínez trasladó a un amigo del ex ministro del Interior que por consejo de su abogado aportaría las actas notariales y le hizo ver las consecuencias que ello tendría. "Necesariamente llevará la citación de Jorge y probablemente de Rajoy", escribió en un whatsaap a Silverio Nieto -un sacerdote que antes había sido policía y que mantiene una estrecha amistad con Fernández Díaz- en la seguridad de que éste se lo haría llegar a su antiguo jefe. Así lo hizo.

Haber ido al notario no exime al ex secretario de Estado de Seguridad de su posible responsabilidad penal por los hechos que se analizan en esta causa, pero sí le permite ahora demostrar que la operación "parapolicial" -en palabras del Ministerio Público- no fue iniciativa suya. Si duda, ése será uno de los pilares de su defensa.

Esos cuatro mensajes protocolizados dejan al borde de la imputación al ex ministro del Interior y pueden ensombrecer el futuro para Rajoy, cuya citación se anuncia ya en la comisión de investigación que se constituirá en el Congreso de los Diputados a iniciativa de PSOE y Unidas Podemos. A la espera de que avance la investigación judicial y se determine si el ex presidente del Gobierno autorizó o al menos conoció dicho operativo, su responsabilidad política -al menos por culpa in vigilando- es innegable.

La Policía sostiene que Rajoy conocía el operativo puesto en marcha para sustraer material sensible al ex tesorero del PP

La existencia de dichos whatsapps también desmontan la tesis exculpatoria que el entorno de Rajoy está difundiendo tras conocerse los detalles de la investigación: él estaba completamente al margen y el único responsable es el secretario de Estado de Seguridad. "Él no conocía, él no sabía, Villarejo obró por su cuenta y Paco [Martínez] se equivocó al traspasar la raya y hacerse demasiado amigo de Villarejo", han declarado a La Razón fuentes próximas al ex presidente del Gobierno.

Los policías investigados defienden que el objetivo de la Operación Kitchen era tratar de conocer dónde tenía Bárcenas las cuentas bancarias, cuánto dinero habría acumulado con las mordidas y quiénes eran sus testaferros. La instrucción ha puesto en solfa esta versión, por cuanto no se compartió con los investigadores policiales del caso Gürtel ni la existencia del zulo -estudio que Rosalía Iglesias tenía alquilado en la madrileña calle General Díaz Porlier- en el que supuestamente el ex tesorero del PP guardaba la documentación comprometida ni la pista según la cual Bárcenas guardaba parte de su botín en las Antillas Holandesas y Cracocia (Polonia).

El "conocimiento del Asturiano"

En un informe aportado al titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que desgajó una pieza separada sobre Kitchen del sumario del caso de la caja B del PP, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sostiene que fue una operación "encaminada a la localización" de documentos y archivos de audio comprometedores para dirigentes del Partido Popular y "con conocimiento del Asturiano". Según detalla Anticorrupción en un escrito enviado al juez Manuel García-Castellón, el 'Asturiano' es "Mariano Rajoy Brey".

En una de las conversaciones grabadas subrepticiamente por Villarejo y analizadas por los investigadores, mantenida con García Castaño en los primeros meses de 2017 y que consta en las actuaciones, el antiguo agente encubierto comenta abiertamente que Kitchen fue "una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al Presidente". El policía hoy en prisión preventiva sugería a su interlocutor que amenazara con "el tema del cocinero" para que le buscaran una solución en el Cuerpo después de haber sido destituido como jefe de la UCAO -ya con Juan Ignacio Zoido como ministro- y relegado a coordinador las comisarías de la zona Sur de Madrid.

En esa charla, José Manuel Villarejo reconoce que tenía repartidas varias copias del material sensible que había acumulado durante sus más de 30 años de servicios en la Policía -alguna colocada en el extranjero- por si en el futuro tuviera que hacer uso de él. Entonces ya sospechaba que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le seguía los pasos. "Tengo mucha chicha, mucha chicha. Porque yo he hablado con enlaces, con 'El barbas' [en alusión velada a Rajoy], he hablado con... ¿Sabes?", asegura.

Villarejo fue quien captó a Sergio Ríos como confidente para el operativo Kitchen según declaró el chófer de los Bárcenas cuando declaró ante el juez García-Castellón en enero de 2019. Para ello contó con la ayuda de Andrés Gómez Gordo, un policía de confianza de María Dolores de Cospedal desde los tiempos de ésta en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El chófer captado como confidente facilitó dos móviles de Bárcenas cuyo contenido se entregó en Interior

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional tiene también que resolver si cita a De Cospedal y a su marido -Ignacio López del Hierro- como imputados, como ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción. En las conversaciones grabadas por Villarejo hay numerosas alusiones a la ex secretaria general del PP -enfrentada abiertamente en aquella época con Bárcenas y Javier Arenas- y a su esposo, al que algunos investigados se refieren con el apodo de 'Polla'.

El progreso de la instrucción ha reafirmado las pruebas sobre el uso de fondos reservados para financiar esta operación, uno de los elementos que comprometen a Francisco Martínez. Por delegación del titular del Ministerio del Interior, es el secretario de Estado de Seguridad el que gestiona estos recursos públicos utilizados para pagar a colaboradores policiales.

Los investigadores tienen pruebas documentales del pago al antiguo chófer de Bárcenas con cargo a los fondos reservados de 53.266,22 euros, 48.000 euros como gratificación -a razón de 2.000 euros al mes durante dos años- y 5.266,22 euros en gastos de comidas y transporte. A ello se suma la compra del ordenador en el que se volcó el contenido de los móviles del ex tesorero del PP y la pistola para Sergio Ríos.

"Utilización ilícita" de fondos reservados

En el escrito en el que ha pedido la imputación de Fernández Díaz, De Cospedal y López del Hierro, Anticorrupción sostiene que las "disfunciones e irregularidades" en la gestión y control de los fondos reservados por parte de Interior propiciaron su "utilización ilícita" en la financiación del dispositivo Kitchen y el "enriquecimiento personal" de mandos policiales.

Según el Ministerio Público, "no se ajustaba" a la normativa legal que regula el uso de este recursos -una instrucción interna aprobada el 12 de septiembre de 1995, durante la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior- la documentación que se remitía a la Secretaría de Estado de Seguridad, departamento que libraba el dinero "antes de comprobar" los documentos que enviaba la Dirección Adjunta Operativa (DAO).